Ignacio Pellizzón
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El informe expresa que "si bien los precios solicitados para el alquiler de una vivienda son variables, dependiendo de la cantidad de ambientes, ubicación, categoría o servicios que ofrece la misma, podemos afirmar, a raíz del presente informe, que en todos los casos el valor promedio solicitado para alquilar se ha incrementado notablemente" y prosigue: "Para el último año, notamos que los aumentos se dieron, en mayor medida sobre el primer semestre del año, alcanzando cerca del 20 por ciento para los primeros seis meses, con una leve desaceleración en los últimos 180 días del pasado año".

Tal lo expresado, un departamento de un dormitorio se cerró -según el informe- en diciembre de 2017 en 6.593 pesos. Específicamente en el centro el promedio fue de 6.931, en el macrocentro de 6.553 y en los barrios llegó a los 5.893. Por lo tanto, el aumento, comparado con los valores para cerrar un contrato por las mismas comodidades en 2016 fue del 33,29%.

Por su parte, el caso de los departamentos de dos dormitorios, el valor promedio relevado fue de 8.230 pesos. En el centro alcanzó a 8.420, en el macrocentro a 8.035 y en los barrios a 7.546. En ese segmento la suba interanual detectada fue del 31,3%, comparado con los números de fines de 2016.

Una leve desaceleración
Desde la ONG expresaron que "se notó que los aumentos se dieron, en mayor medida sobre el primer semestre del año, alcanzando cerca del 20 por ciento para los primeros seis meses, con una leve desaceleración en los últimos 180 días, mientras que en el caso de los ajustes anuales de los contratos, la gran mayoría de los contratos se cerró con indexaciones del 30 por ciento para el segundo año, pese a la inflación en baja. En un porcentaje menor de casos se pactó un ajuste del 25 por ciento".

De cara a este año, Concejalía Popular no es muy optimista. "El panorama no es muy alentador ya que la Nación pretende fijar un tope en las paritarias del 15 por ciento cuando la inflación, según las consultoras será cercana al 20 por ciento, con lo cual es probable que vuelvan a perder los inquilinos', señalaron y agregaron: "Rosario sigue teniendo valores de alquiler de los más caros del país, detrás de la ciudad de Buenos Aires y en la misma línea de Mendoza, La Plata y Córdoba".

Finalmente, apuntaron que "el boom de créditos hipotecarios registrado en la ciudad al igual que en gran parte del país, arrojan que los valores de los alquileres no se vieron beneficiados a la baja, sino que en el caso de las propiedades a la venta tuvieron un aumento en el valor de hasta un 40 por ciento por el incremento de la demanda a raíz de los préstamos UVA".

En conclusión, Concejalía Popular propone que, teniendo en cuenta que el pago de los alquileres es un servicio de primera necesidad para quienes no tienen la posibilidad económica de acceder a una vivienda propia, los mismos no pueden estar regidos por la ley de la oferta y demanda, la cual es impuesta arbitrariamente por los grandes capitales inmobiliarios del país, sino que el Estado debe intervenir para restablecer el equilibrio económico.

Ley de alquileres

La nueva ley nacional de alquileres cuenta con media sanción del Senado de la Nación y los puntos más importantes son:
- En principio, los contratos de alquiler para vivienda pasarían a tener un plazo mínimo de tres años.
- En segundo lugar, el régimen de actualización de precios, cuando el contrato las incluya, se adecuaría a un promedio entre en índice de precios y el de salarios.
- En tercer lugar, los inquilinos no pagarían las expensas extraordinarias ni los impuestos que gravan la propiedad.
- En cuarto lugar, la devolución del depósito se haría con un monto actualizado al finalizar el contrato (que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler), sea proporcional a lo estipulado.
- En quinto lugar, la ley permitiría bajar sensiblemente los gastos de comisión u honorarios inmobiliarios que hoy afrontan los inquilinos.
- En último lugar, "subrayamos que estamos en un contexto que hace aún más necesario la aprobación de la presente ley. En síntesis, creemos que éste es un gran paso para los más de seis millones de inquilinos (estudiantes, profesionales y asalariados) en todo el país. Y que, al mismo tiempo, sirve como un piso de discusión para seguir proponiendo políticas públicas que apunten a generen condiciones más justas para alquilar una vivienda digna para vivir".