Susana Rueda
[email protected]


Nunca una entrevista queda totalmente cerrada. La realidad y la curiosidad periodística siempre dan para más. Pero con respecto a los temas y funcionarios de Seguridad las sorpresas pueden ser más intensas. La nota al secretario de Investigación Criminal y Fuerzas Especiales, Rolando Galfrascoli, estaba hecha, pero el viernes por la noche la justicia federal dispuso el allanamiento a la casa del (hasta entonces) jefe de Contrainteligencia de la PDI, Alejandro Druetta, por sospechas sobre confabulación con Actis Caporale -un narcotraficante ya detenido- para traficar droga en 2012, cuando la banda fue desbaratada en Rosario. Sale entonces otro llamado telefónico y una lacónica, pero rápida respuesta del secretario, de quien depende operativamente la PDI.

— ¿Cuál es su reacción y la posición de la Secretaría ante el allanamiento del domicilio de Druetta, por sospechas de confabulación con un narcotraficante?
— Sorpresa. Preocupación y la firme convicción de que bajo esa sospecha que llevó a la justicia federal a allanar su domicilio y las oficinas que él ocupa en la PDI no puede estar un solo segundo más en las áreas de Investigación. Va a ser puesto de inmediato bajo las órdenes del jefe de Policía de la Provincia mientras dure la investigación para que él resuelva lo que le parezca conveniente.

El doctor Galfrascoli es uno de los jóvenes funcionarios del Ministerio de Seguridad que lidera Maximiliano Pullaro. Es abogado y está a punto de terminar las maestrías en criminología e investigación social. Forma parte de la estructura de Seguridad desde abril de 2014, justamente cuando se creó la Policía de Investigaciones, para trabajar delitos complejos junto al Ministerio de la Acusación.

Justo antes del allanamiento a Druetta hablamos con él de la depuración de la fuerza, que quedó expuesta con las detenciones y sentencias de algunos policías en la emblemática causa de Los Monos y en el desbaratamiento el 4 de abril de la megabanda integrada por policías, civiles y gendarmes. Pero también del trabajo intenso de la Secretaría en la recolección de pruebas que terminó con una sentencia histórica en la causa Los Monos.

“El aporte fue multi-institucional a esta megacausa que termina con esta condena histórica en la provincia de Santa Fe. Acá vimos qué pasa cuando la justicia funciona, y se rompe con un modelo de impunidad que algunos intentan sostener a toda costa. Tuvo aportes varios, desde gestiones anteriores de gobierno, desde 2011, donde intervinieron fuerzas especiales de investigación, fuerzas dentro de la URI con equipos especiales, ha trabajado un área que ha sido una de las herramientas que desde el Frente Progresista quisimos imponer como una marca registrada que es delitos económicos. Aportó muchísimo a la interpretación económica de la criminalidad de esta organización y que prueba la asociación ilícita. Personal nuestro de las áreas civiles ha tenido la dura tarea de ir a testificar, a presentar informes y a firmarlos, y a ayudar a los jueces y fiscales para que tengan la fotografía económica que enmarca la criminalidad. Y que es la rueda de auxilio a través del cual las organizaciones criminales expanden su poder.

— ¿Como abogado e investigador, qué le parece la sentencia?
— Nosotros nos quedamos con el lado positivo. Yo tengo un gran respeto por fiscales y jueces que han trabajado porque es una causa gigante, que tiene un montón de vericuetos. El Estado, a través de sus servicios de justicia ha tenido que estudiar mucho y así como los fiscales llegaron a la conclusión de pedir lo que pidieron, hay que decir que el tribunal estudia los casos de otra manera y también profundamente. Hubo dos condenas muy grandes y fuertes, y que creo que es lo que tenemos que rescatar.

— ¿Qué va a pasar con los bienes incautados en la investigación a esta banda?
— Hay un área especial del gobierno del Ministerio de Justicia que trabaja junto con el Ministerio Público de la Acusación para poner a disposición los bienes que se incauten no solamente de esta organización criminal, sino las que otras que en el pasado, presente o futuro sufran la confiscación, para ponerlos al servicio de la comunidad. Esos bienes mal habidos tienen que estar al servicio de la comunidad para que el Estado a través de sus distintas reparticiones pueda compensar tanto daño con la utilización positiva, mediante los procesos racionales, transparentes y honestos de distribución. En este caso particular, estamos hablando de más de 10 millones de pesos de secuestro, pero si uno lo pone en el contexto general de todo lo que se confisca a nivel de causas federales y provinciales, estamos hablando en la provincia de cifras multimillonarias.

Organizaciones desarticuladas
— ¿El desbaratamiento y condena de la banda de Los Monos significa un recorte a la actividad del narcotráfico en Rosario o cambian los protagonistas?
— Lo que se estudia de las organizaciones criminales sobre todo en el tema armas, trata de personas y narcotráfico es que mientras tengamos el sistema legal internacional, y este sistema de persecución sea casi exclusivamente penal y punitivo, y no se desbarate el negocio económico, va a haber reconfiguración. Lo que el Estado tiene que hacer es, con más agilidad, desarticular la mayor cantidad de organizaciones criminales posibles de este tipo de negocio, que generan tanto volumen económico, para que sea más difícil la rearticulación. Pero decir que no va a haber rearticulación sería o mentir o por lo menos tener una mirada naif sobre el problema.

— La semana pasada se desarticuló una banda integrada por civiles, policías y gendarmes. Uno de los policías es hermano de un ex subjefe de la fuerza y ex titular de Drogas Peligrosas. ¿Cómo fue la investigación?
— Investigamos desde 2015. Y tuvo una etapa en que parecía que iba a naufragar. Es muy complejo seguir el hilo de organizaciones criminales que mutan, y que también tienen un gran desarrollo territorial y logístico para el negocio delictivo. Por la mutación y por la afectación que generan otras investigaciones paralelas en otros lugares que terminan generando desajustes, caídas de las bandas o de redes paralelas. Pero en el último tiempo, desde mediados del 2016 la retomamos con fuerza, se armó un equipo especial de investigación conjunto entre la Gendarmería nacional y la brigada operativa Santa Fe, la sección inteligencia de la policía antinarcóticos de la PDI, con la conducción muy firme y ágil del fiscal Walter Rodríguez. Y se llegó a desbaratar esta banda con la particularidad de que las órdenes de allanamiento iban con órdenes de detención para las personas independientemente o no del secuestro de estupefacientes. Esto es una rareza en el mundo jurídico federal. En este caso por la gran cantidad de pruebas se iba directamente a la detención.

— La participación de Luis Paz en esta banda parece haber quedado expuesta con claridad...
— Ese es un tema que va a tener que seguir trabajando la justicia. Nosotros somos muy cuidadosos. Sí decimos que para nosotros, de las ocho organizaciones criminales más importantes de Santa Fe, en el distrito capital, y dentro de las cinco más importantes de la provincia, esta es una de las que estaba en ese triste ranking y ha caído. Y en Santa Fe es la número 7 de las 8 que nos pusimos como objetivo entre la fiscalía federal y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Eso implica el reconocimiento del trabajo que se ha hecho a la importancia que tiene la organización en sí y obviamente las ramificaciones, los coletazos que puedan llegar a tener van a seguir estando en manos del fiscal federal Walter Rodríguez y nosotros vamos a seguir trabajando con él para poder llegar al fin.

— Falta entonces una banda importante que ustedes tienen en la mira...
— Esto se trabaja en conjunto con el ministerio de la Acusación y con la justicia federal. No podemos decir qué nos falta, pero sí lo que se hizo, gracias a que ha habido una reestructuración en Rosario de los fiscales federales. Tenemos muchísimas expectativas y estamos consensuando estrategias. Los compromisos estratégicos con la justicia federal tienen en este último tiempo más visibilidad en Santa Fe, quizás por la gran exposición pública que tuvo el caso de Los Monos. Eso ha generado que la mirada se corra hacia Santa Fe, donde había un territorio delictivo más oscuro y escondido. Y esto nos ha permitido este ranking de siete bandas desarticuladas, con ramificaciones también en la ciudad capital. Vamos a esperar que las causas avancen y se pueda mostrar a los medios y a la ciudadanía cómo se trabajó, cómo se abordó y los resultados que obtuvimos.

Santa Fe en la mira del narcotráfico

— De acuerdo a lo que la investigación puede detectar, ¿cuál es la razón por la que esta provincia sea una de las más usadas por el narcotráfico?
— Coincide con la mirada de otras provincias con condiciones similares desde el punto de vista sociodemográfico, económico y ubicación geográfica, dentro de la zona central del país, como Córdoba y Mendoza, y el norte de Buenos Aires. Y en este último tiempo también Entre Ríos. Las razones están vinculadas con poder adquisitivo, movilidad económica y situación estratégica de ubicación de las rutas que atraviesan el territorio. Nosotros además tenemos el Litoral fluvial, el río donde comienza la hidrovía con el principal puerto comercial granario del país que es Rosario. Estas cuestiones tienen sus consecuencias en la economía delictiva, porque es más fácil que el material ilícito entre y salga del país. Además hace tiempo que los principales centros urbanos son lugares de consumo y esto tiene que ver con la capacidad adquisitiva. Es atractivo no sólo para que la droga fluya sino para que se quede y sea comercializada. Estas cuestiones estructurales no determinan, pero condicionan la situación de Santa Fe.

— La sentencia de Los Monos marca un hito. Sin embargo, Rosario y Santa Fe siguen siendo escenarios de crímenes violentos. ¿La lucha territorial continúa?
— Hay una situación que en Rosario es clara. Se presenta un escenario de fractura de las grandes organizaciones del crimen. Han sido golpeados por acciones del Estado, y otras veces por causas endógenas: han padecido enfrentamientos hacia adentro del mundo criminal entre bandas y hubo partición de viejas alianzas criminales que provocan ajustes dentro de las organizaciones. Y estos ajustes se dirimen con mucha violencia. Estos escenarios de crisis tienen consecuencia en el territorio. Porque el territorio que una organización criminal abandona es territorio de disputa. Y eso se hace por medios violentos. Eso explica por qué cada vez que hay una desestructuración de una banda por la acción de una fuerza policial siempre hay un rebote en el territorio. El desafío que hoy tiene la provincia de Santa Fe donde se trabaja conjuntamente a fuerzas federales y se toman decisiones estratégicas en instancias interinstitucionales es poder ir anticipando esas situaciones que se producen por las crisis. Esto es lo que se está haciendo en esta etapa superadora de esta intervención penal punitiva estratégica que nos estamos dando en la provincia cuyos resultados, como todo lo que tiene que ver con cuestiones complejas de delitos y de crimen se van a ver y analizar en series más extensas de tiempo. Así como hace un tiempo no se podía pensar que se iban a desestructurar casi todas las bandas criminales de Santa Fe, y hoy lo podemos decir y demostrar con los datos públicos, también vamos a poder demostrar que pudimos anticipar los movimientos de crisis y evitar el derramamiento de sangre y la continuidad de la violencia.

Relación con fuerzas nacionales

— ¿Estos procedimientos y buenos resultados son consecuencia de la mejor relación de fuerzas entre Provincia y Nación?
— Más allá de las claras diferencias ideológicas del gobierno provincial y nacional, hay que reconocer una mejor relación. Tal vez no estamos aún en los niveles óptimos, va a ir mejorando con el tiempo, pero claramente estamos en un mejor momento que hace 2 años. Hay una mirada distinta, de no entorpecer, de no competir, no pisarse y trabajar en conjunto, sin perder las potencialidades de cada uno, las responsabilidades y las miradas estratégicas de los ministerios de Seguridad. Pero hay una relación de complementariedad, de apoyo. Eso se expresa en la prevención con operativos conjuntos, con los comandos unificados para trabajar en territorios atravesados por la violencia, y también en algo más difícil de concebir en forma complementaria: la investigación y la inteligencia criminal. Esto se viene dando, de a poco, con cuidado, pero con un horizonte común.

Corrupción en la fuerza

— Las bandas desarticuladas muestran una activa y necesaria participación de elementos de fuerzas de seguridad, policía y gendarmería también. ¿Cómo están las fuerzas hoy con respecto a los niveles de corrupción?
— Nosotros hacemos un profundo hincapié en la capacitación, en la jerarquización, en la toma de conciencia y el reconocimiento del valor del propio policía, en la autoestima, en mostrar los trabajos y cómo se ha convertido la policía de investigación en una policía de elite. Y no descansamos en mostrar que no hay lugar para los que tuerzan el camino y mancillen el uniforme. Y que por el contrario, los que trabajen tienen reconocimiento hacia adentro y hacia afuera. Pero no hay que relajarse. Es una batalla que se da todos los días, de control, de estar cerca, de poder consustanciarse con la estructura de la policía para que cada vez sea menor el margen de filtración de personas que generen daño a la sociedad y a la institución. Por eso decimos que la autodepuración de fuerzas, como la que ha permitido el trabajo del fiscal Walter Rodríguez con el desbaratamiento de una banda mixta, se ha trabajado con la propia policía de Santa Fe, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.

“Lo que el Estado tiene que hacer es, con más agilidad, desarticular la mayor cantidad de organizaciones criminales posibles de este tipo de negocio, que generan tanto volumen económico, para que sea más difícil la rearticulación. Pero decir que no va a haber rearticulación sería o mentir o por lo menos tener una mirada naif sobre el problema”.