Mirador Provincial
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La presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, María Angélica Gastaldi, abordó su discurso de apertura del año judicial tomando nota del “descontento” de la ciudadanía y también de la “desconfianza” hacia los tribunales, y exhortó a identificar las causas profundas de esta situación y llevar adelante una firme coordinación entre los tres poderes del Estado para dar respuestas a la altura de las expectativas.

Gastaldi consideró que esa desconfianza se potencia por el incremento en la delictuosidad y las sospechas que se generan sobre el accionar de muchos magistrados, tanto por presunto encubrimiento de determinados personajes, como también por las acusaciones sobre persecución política. Pero “ello no nos autoriza a desentendernos de un efectivo malestar ciudadano”. “Malestar porque la gente cree que hay grandes favorecidos, porque ante la falta de identificaciones de los autores de los delitos, la gente cree que hay impunidad y falta de persecución”, continuó. Y en tal sentido, advirtió que “no es verdad que haya armonía en las relaciones sociales y que esa armonía esté lograda por un sentimiento colectivo de compartir un mundo y valores comunes. Porque lo que prima es el conflicto. Siempre habrá conflictos, y nos corresponde a todos evitar que manifiesten en violencia”.

“Por eso, más allá de que pueda haber ‘nefastos personajes judiciales’ o ‘defecciones deslegitimantes’”, son estas inequidades las que operan como trasfondo del malestar y la desconfianza. Y recae sobre los jueces la carga de intervenir ante las “promesas incumplidas” en la sociedad, ante las aspiraciones frustradas en la dinámica política de la democracia.

“El desplazamiento es evidente, porque toda la conflictividad está recalando en los tribunales y a través de acciones individuales en la ciudadanía”, concluyó.

Litigiosidad y avances
Precisó que “estamos frente a un ingreso sostenido de 482.000 causas; donde un 50% refiere a procesos civiles, comerciales, laborales, familia -en general-; y las restantes refieren a la conflictividad penal”.

En orden a ello, marcó mejoras en el desenvolvimiento de la Justicia provincial por una mayor inversión presupuestaria en la cobertura de cargos -esta vez, la habitual queja por las vacantes se vio relevada por un reconocimiento-; en infraestructura edilicia y tecnológica (con más de 800 millones de pesos), y en modificaciones organizacionales (digitalización y despapelización) y reformas legislativas. Subrayó al respecto los avances en materia de oralidad civil, en los trámites sucesorios en las oficinas respectivas; así como el esfuerzo pendiente para afrontar el cúmulo de casi 40 mil causas por año en el fuero laboral.

“La conflictividad social también se manifiesta en complejos requerimientos a los juzgados de familia. El incremento de demandas ha llevado a que tengamos más de 25.000 causas anuales”, exhibió Gastaldi. Y apuntó como respuesta la creación de las secretarías de Vulnerabilidad y de Violencia Doméstica y de Género.

Las causas de fondo
Con todo, cifró el mayor esfuerzo en la reforma procesal penal, pero asumió que, más allá de los significativos avances, “los conflictos penales permanecen estables”.

“Si uno ve esos números, nos damos cuenta de que el delito responde a causas más profundas y no depende de lo mucho que pueda hacerse desde nuestros tribunales. Porque pasa por un problema del orden social y de la internalización de la normatividad”, sostuvo.

“La realidad de los datos empíricos del sistema penal hace que debamos darnos cuenta que en algo tiene que ver el orden social. Esto no quiere decir que esté sugiriendo una relación directa entre pobreza y delito. Pero sí, como dicen muchos autores, hay una relación que tiene que ver con la forma en que las desigualdades impactan en los grupos sociales desencadenando comportamientos violentos”, expuso.

“Los índices delictivos nos muestran que son precisamente los varones jóvenes, de precaria condición social, carentes de soportes de contención, carentes de educación, afectados por dependencia a sustancias, los principales candidatos del sistema penal. Por eso, lo que no hay es inserción en un orden social”, añadió.

Gastaldi consignó que “por eso, para prevenir por una parte todo esto, se exige que los conflictos violentos sean castigados con pronta respuesta. Pero se exige de los poderes públicos que seamos capaces de advertir toda esta vulnerabilidad y conflictividad de extensos contingentes de personas. Y operar de tal modo para disminuir las violencias y las respuestas violentas”.

“Para nosotros hoy, en los poderes judiciales el interrogante que tenemos es hasta cuándo podrán los poderes judiciales seguir haciéndose cargo y dando respuestas para toda esta masiva conflictividad que anida en el orden social. Por eso, sabiendo que no podemos cambiar todo en un instante y mágicamente, y en ese camino -como ya lo señalaran agudos politólogos- la necesidad de una restructuración de la coordinación de todos los poderes, se impone como un deber de responsabilidad”, completó.