Mirador Entre Ríos
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“Desde los 19 años estoy viviendo en Paraná, pero yo soy de El Pingo”, aclara Marisa Paira, presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Por aquel entonces el mundo lucía diferente ante sus ojos: estudió magisterio; incursionó por distintas carreras con las búsquedas filosóficas como motor de inquietudes, hasta que llegó a la Facultad de Trabajo Social, de la UNER, de donde es graduada y docente. Su primer trabajo fue como educadora, en una casa que el por entonces Consejo del Menor tenía en calle Cervantes para “chicos de la calle”. Cuando mira en retrospectiva advierte que problemáticas como las de la familia, pero también las de violencia, maltrato y abuso siempre han estado en su radar sensible. Con la experiencia de haber sido durante años coordinadora de los equipos técnicos de la Defensoría General de la provincia, hace ya un tiempo recaló con el Copnaf con un desafío por delante.

La sede central del organismo funciona en la esquina de Cervantes y Corrientes, en un edificio que es patrimonio urbano de la ciudad, que supo ser un hotel para viajantes hasta que cerró por 1971 y que hoy alberga a medio centenar de oficinas.

En la planta alta del extremo noroeste, con la agenda abierta en la parte en que estuvo tomando apuntes, dispuesta a la conversación, Paira recorrerá la realidad de un área en plena transformación.

–¿Qué es el Copnaf?

–Es el organismo rector de las políticas de protección de la niñez y la adolescencia. Esas políticas se construyen según pilares: la territorialidad, la interinstitucionalidad y la integralidad.

–¿Podemos repasarlos?

–Para afrontar semejante problemática se necesita del compromiso de numerosas áreas del Estado: educación, salud, seguridad, planeamiento, sin duda alguna; pero también del Poder Judicial. Estamos atravesados y enmarcados en normas referidas a la protección de los derechos de niños y adolescentes. De manera que el principio de la intersectorialidad es fundamental.

El de territorialidad se plasma en el proceso de descentralización y procura la inmediatez en la garantía del derecho. La política pública no sólo debe tender a garantizar el goce de los derechos en cualquier punto de la provincia sino que la respuesta para ponerlo a salvaguarda debe ser lo más inmediata posible, aspecto que es central cuando el derecho de un niño se vulnera.
El trabajo de descentralizar fue fuerte y logramos instalar coordinaciones departamentales del Copnaf en las 17 ciudades cabeceras, con sistemas de guardia articulados que permiten que estén operativos aún fuera del horario de atención de la administración pública, incluyendo los fines de semana. El otro asunto es la integración con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil. Si pudiéramos mirar sobre un mapa veríamos de qué manera se complementa lo oficial y las responsabilidades descentralizadas, con las que mantenemos una gestión asociada. El Copnaf tiene 82 áreas de niñez, con más de 200 profesionales, conformadas con municipios y juntas de gobierno, algunas de las cuales son itinerantes: dentro del sistema de protección de la niñez están encargadas del primer nivel de atención y trabajan en directa relación con la cabecera departamental de referencia. Los programas promocionales y las actividades específicas también se amplifican a través de una trama.

–Territorialidad e intersectorialidad, están. Queda la integralidad…

–Es un reflejo de lo que ocurre con los derechos humanos, donde no se puede hablar de uno en desmedro del otro, sino que todos se sostienen y a la vez crean las condiciones de posibilidad de los demás. Por eso decimos que las políticas de niñez deben atravesar la totalidad de la agenda pública: es una perspectiva, una forma de ver y de posicionarse ante la realidad a transformar. El gobernador Gustavo Bordet en 2017 firmó un convenio con Unicef por el que ubica entre las políticas de Estado a “Crianza sin violencia”, un programa que busca incentivar el cuidado y prevenir el maltrato en la primera infancia y adolescencia, que hasta ese momento era parte de las acciones del Copnaf. Y de esa manera involucra a todas las áreas de gobierno. Si inculcamos y le pedimos a un adolescente que cuide a los otros en comunidad y no ejerza hechos de violencia, debemos aprender a mirar qué hacemos por él para que sepa que, pese a todo, este espacio geográfico que compartimos puede ser un lugar en el mundo para él o ella, que su vida tiene valor para la familia, la comunidad y el Estado. El registro del valor de la vida del otro, que puede aparecer amenazado en la adolescencia o juventud, empieza a cimentarse desde un contexto en el que se propicie el fortalecimiento de vínculos familiares respetuosos y de, parte del sector público, a través de un seguimiento a lo largo de las etapas de la vida, desde la salud, la educación, el deporte, la capacitación en oficios o el emprendedorismo.

Continente y contenido

–La modificación del nombre del área a lo largo de los años, ¿da cuenta de cambios de perspectivas a la hora de abordar la problemática?

–La transformación más importante se da de la noción de patronato, en que se consideraba que los niños y adolescentes -pasivos- eran especies de árboles nuevos que necesitaban un tutor para crecer, a la actual en la que son tratados como sujetos de derecho, que participa activamente en su propio proceso de desarrollo. Si los organismos minoriles del antiguo proceso estuvieron atentos al control, el disciplinamiento y el castigo, el sistema de protección integral se sustenta en la promoción de derechos.

Las denominaciones aportan elementos identitarios no sólo para los niños y adolescentes involucrados, sino también para quienes tratan a diario con ellos, lo que nos ha permitido abordar las nuevas funciones e incumbencias de los trabajadores y profesionales afectados al Copnaf, en un sinnúmero de instancias de capacitación. ¿Qué cambios efectivamente hubo de los antiguos hogares a las actuales residencias socioeducativas, de los celadores de antaño a los promotores de hoy? Es bueno para pensarlo y evaluar hasta dónde el nombre da cuenta de nuevos procesos, de las competencias y los roles.

–Insiste en eso, como si fuera una preocupación…

–Es que muchas veces no está en la práctica lo que en el orden del discurso parece vigoroso y destacable. Los cambios en niñez han sido muy fuertes y, entonces, estos asuntos se han convertido en todo un desafío: adecuar a la Convención de los Derechos del Niño lo que pensamos, proponemos, hacemos y evaluamos.

–¿Quién vulnera los derechos de los niños y adolescentes, la sociedad, la economía, la cultura?

–Hay que pensar soluciones para un fenómeno que es multicausal. No podemos negar que hay una cultura que mientras por un lado promueve identidades a través de la posibilidad de poseer determinados bienes materiales, por el otro coarta la posibilidad incluso de una supervivencia digna. A las infancias, más allá de esto, hay que pensarlas dentro de los grupos familiares pero sin que el Estado se sienta ajeno, muy por el contrario. Esta crianza y cuidado que promovemos requiere de ciertos mínimos que deben ser garantizados por políticas que acompañen el proceso de crianza: alimentan el cuerpo igual, pero no es lo mismo si se juntan con un plato de comida en un comedor que si se lo sirven los padres en su casa. Un niño no elige donde estar; somos los adultos -cuyas infancias muchas veces han estado atravesadas por situaciones de abandono y violencia- los que ponemos en acto ese derecho: de manera que es clave crear las condiciones que promuevan un abordaje integral.

–Las nociones de lo real y lo conveniente son también históricas…

–Es verdad. Categorías y estrategias que eran adecuadas hace cinco o diez años probablemente hoy ya no lo sean. Entonces, los diagnósticos actuales no pueden estar ausentes de algunas certezas: hoy por hoy, hay situaciones de extrema vulnerabilidad social, con un desgranamiento escolar importante entre el nivel primario y el secundario y el agregado del consumo de drogas que, muchas veces, comienza en la niñez. El programa “Jóvenes protagonistas” se enfoca en adolescentes de entre 13 y 18 años que están inscriptos en este diagnóstico y a los que hay que salir a buscar. Esta acción se complementa con otras, diseñadas para aquellos que siguen escolarizados o que asisten a los centros de día.

Articulados

–En general es reconocido el sistema de adopciones en Entre Ríos. ¿Tiene la misma opinión?

–Tenemos un buen sistema, a través del Registro Único de Adoptantes, que tiene en su cabeza al Ministerio Público de la Defensa. A diferencia de otras provincias con el Registro trabajamos de manera articulada, aunque intervengamos en distintas etapas.

–¿Tiene números actualizados?

–Según el corte producido en diciembre de 2018, hay 511 niños y adolescentes, de 0 a 18 años, en las 34 residencias socioeducativas. De ellos, 203 cuentan con declaración de adoptabilidad o con trámites en marcha. Cuando eso se produce, comienza el trabajo conjunto entre Copnaf y RUAER: aportamos a ese trabajo en equipo la trayectoria del niño, su vida familiar y su historia; y el Registro, a su vez, conoce las de los adoptantes. Los profesionales de ambos organismos, el niño o adolescente con declaración de adaptabilidad y los adoptantes seleccionados inician intonces un proceso de vinculación.

La idea es minimizar los riesgos de devolución, que son muy costosos emocionalmente para los niños y adolescentes involucrados.

Hay una situación especial: tenemos identificados además a unos 50 adolescentes, que tienen entre 15 y 18 años de edad. Como se sabe, el 80% de las familias se inscriben para la franja etaria de 0 a 3 años; prefieren niños más chicos, pensando que las dificultades serán menores: hay que entender que, en todos los casos, se trata de personas y de casos únicos; y la edad, eventualmente, plantea problemas específicos pero no insalvables ni más complejos.

De todos modos, dado que la situación está planteada, el Copnaf creó en 2018 el programa “Andando”, de fortalecimiento de la autonomía, en consonancia con la ley nacional 27.364, que tiene por objeto el acompañamiento a jóvenes sin cuidados parentales.

–¿En qué consiste?

–En un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo y el Copnaf, se procura acompañar el proceso de emancipación de los adolescentes para que cuando cumplan los 18 años y se vayan de la residencia, lo hagan con el acompañamiento de un tutor y una beca que representa el 80% de un salario mínimo vital y móvil y que la cobrarán hasta los 21 años, en la medida que los informes de seguimiento sean satisfactorios. Es lo que suelen hacer muchas familias con sus hijos, hasta que pueda valerse por sí mismo.

Fue un desafío avanzar en este programa. Desde hace tiempo veníamos discutiendo con el RUAER cómo implementarlo, más allá de los esfuerzos por conseguirles familia. Para institucionalizarlo, estamos proponiendo a la Legislatura una adhesión a la ley nacional, con propuestas adaptadas a las particularidades de la provincia.

Realidades

–Coincidentemente es la franja etaria a la que pertenecen los casos de adolescentes que tienen conflictos con la ley…

–La idea es acompañarlos en ese tramo de la vida y hacerlo desde antes, incluso. De hecho, a la autonomía se la empieza a trabajar desde los 13 años: el dinero, el cuerpo, la inserción social para que busque su lugar en el mundo.

Por un convenio específico, el año pasado UNICEF evaluó nuestras residencias y en base a determinados estándares de cuidado en espacios institucionales nos obligó a pensar en lo que hacíamos y en cómo lo hacíamos.

Además, tal como lo prevé la ley 9861, de Protección integral de los derechos del niño, el adolescente y la familia, se convocó a un consejo asesor, multisectorial, con la idea de explorar las formas de aportar del modo más eficaz a la autonomía de los adolescentes. En esa comisión estaban representadas universidades, diferentes áreas de gobierno, organismos descentralizados, cámaras empresarias y ONGs: nos preguntábamos qué aportes se pueden hacer para evitar que el adolescente sea capturado por el sistema penal.

Así surgieron regímenes de pasantías en Sidecreer y ATER y becas universitarias. De hecho, ya hay una persona que está estudiando Agronomía.

–¿Habrá nuevas convocatorias a consejos asesores?

–El segundo estará referido a adolescencia y adicciones, una problemática de fuerte presencia que debe ser pensada desde una mirada integral.

Nuevo protocolo de abuso

“La problemática del abuso atraviesa la de las infancias y la adolescencia y muchas veces deja secuelas que se manifiestan en la deserción escolar, en el consumo de sustancias tóxicas, en los procesos penales y en la falta de cuidado de los otros”, subraya Paira, al insistir en que estas situaciones “aparecen claramente cuando estudiamos las trayectorias de vida”.

Para la funcionaria ha sido clave “trabajar de manera interinstitucional, en los 17 departamentos, para la visibilización del Protocolo de abuso sexual infantojuvenil, mediante capacitaciones”. Desde 2018 se empezó a redactar una nueva versión del protocolo, que sería oficializado en marzo. “La ley incorporará un observatorio para el seguimiento del protocolo y será el primero que funcionará en el país”, enuncia.