El ingeniero Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante el kirchnerismo, fue trasladado y finalmente ingresó este jueves al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El movimiento se produjo desde los Tribunales Federales de Comodoro Py para dar cumplimiento a la pena de cuatro años de prisión que le fue impuesta por su responsabilidad en la Tragedia de Once.
Este ingreso se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la sentencia dictada en su momento por el Tribunal Oral Federal N° 4.
El exfuncionario se había presentado en el edificio judicial de Retiro a primera hora de la mañana, pocas horas después de que el máximo tribunal del país, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazara los últimos planteos presentados tanto por la defensa de De Vido como por el Ministerio Público Fiscal.
La resolución de la Corte se fundamentó en el Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que faculta al tribunal a desestimar recursos considerados «inadmisibles», sellando de esta manera la firmeza de la condena y ordenando su inmediato traslado para el cumplimiento de la pena de prisión e inhabilitación especial perpetua.
Los fundamentos de la condena a Julio De Vido por administración fraudulenta
La condena contra Julio De Vido fue dictada inicialmente en 2018 por el Tribunal Oral Federal N° 4, que lo encontró partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal estableció que, en su rol de ministro, De Vido no cumplió con el deber de controlar adecuadamente el destino de los cuantiosos fondos y subsidios asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), empresa responsable de la operación del servicio de la Línea Sarmiento.
Cabe destacar que, si bien el exministro fue absuelto del delito de estrago culposo, que era la acusación directamente vinculada con la muerte de 51 personas y más de 700 heridos en el siniestro ocurrido el 22 de febrero de 2012, la justicia lo responsabilizó penalmente por el manejo irregular de los recursos públicos. Informes oficiales, tanto previos como posteriores al accidente, ya alertaban sobre el grave deterioro y las deficiencias del sistema ferroviario que operaba bajo su órbita de control y supervisión.
El extenso y complejo recorrido judicial de más de una década
El proceso judicial que derivó en la condena definitiva de Julio De Vido se extendió por más de diez años, marcando un largo camino de instancias y apelaciones. Tras la sentencia del tribunal oral, la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena impuesta, lo que llevó a la defensa del exministro a interponer recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la máxima instancia judicial del país.
En el año 2024, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad penal del exfuncionario en la causa, pero instruyó la revisión de la pena, la cual fue finalmente establecida en cuatro años de prisión. El último recurso presentado por la defensa de De Vido buscaba declarar prescripta la causa, un planteo que, al igual que otros presentados por la fiscalía en diferentes instancias, fue desestimado por la Corte. Con esta resolución final, no quedaron más instancias de apelación abiertas, cerrando definitivamente el expediente y dando inicio formal al cumplimiento de la condena.
La relevancia institucional del cierre de la causa Tragedia de Once
La Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, representó uno de los episodios más dolorosos y emblemáticos en la historia reciente del sistema ferroviario argentino, al exponer graves falencias estructurales y de control por parte del Estado. A más de trece años de aquel trágico suceso, la resolución judicial definitiva sobre uno de los principales responsables políticos de la gestión de entonces constituye un hito significativo.
Este desenlace marca un capítulo fundamental en el prolongado camino hacia la rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos y establece un precedente importante en la justicia argentina en lo que respecta a la responsabilidad de quienes ejercen el poder.
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