El 6 de enero, el síndico fiscalizador por la oposición en la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Giampaolo, presentó ante la presidencia de la obra social y lo reiteró un mes después ante el Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia un pedido de informes para determinar fehacientemente la situación en la que se encontraría el síndico fiscalizador del Gobierno, Juan Carlos Paludi. Ambos fueron designados por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las prescripciones que determina la Ley Nº 11.202 que creó la OSER, derogando la que creo el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).
El pedido de informes del síndico fiscalizador de la oposición –designado de una terna que se le presentó al Poder Ejecutivo el bloque de senadores peronistas– solicitó que se precisaran cuatro puntos: las presuntas incompatibilidades respecto a su condición de jubilado y síndico, como así también la que sobrevendría del ejercicio de la docencia en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la sindicatura, cobrando dos haberes en ambos casos; y la que pide precisiones respecto a dos puntos consignados en la Ley de la OSER acerca de la condición de contador público y la matriculación en el colegio de Contadores Públicos de la provincia acreditando el ejercicio ininterrumpido de la profesión en Entre Ríos durante una década.
El único punto que se respondió, pero no en forma oficial fue –mediante la difusión de fotos escaneadas de los títulos de contador y de Licenciado en Administración, que no era parte del pedido de informes– el de su condición de contador público.
La situación generaría un conflicto con uno de los ejes más destacados de la actual gestión. Se trata de la transparencia, a lo que se suman presuntos incumplimientos legales por la inobservancia de la Ley Nº 7.060 que concede 20 días hábiles para contestar los pedidos de informes oficiales y el silencio del Tribunal de Cuentas.
Otra consecuencia que se derivaría de la inobservancia de responder los pedidos de informes consiste en que el funcionario tiene acceso al manejo de información sensible de la OSER cuando podría no estar habilitado para el cargo. A aquellas posibles situaciones que se pidió se aclaren, se suma que surgirían cobros indebidos en el caso de que la incompatibilidad que se pide evacuar, sea real.
SIN RESPUESTAS
Giampaolo precisó que el pedido de informes que solicitó en los primeros días de 2026 tiene el aval de las tareas de fiscalización que se le asignaron según lo ordenado en el artículo 25° inciso c) de la Ley 11.202.
En lo que compete al Tribunal de Cuentas se supo que el pedido del 6 de enero fue presentado a aquel organismo –ante la falta de respuesta oficial– un mes después. El 6 de febrero, Giampaolo informó que el expediente N° 338258-000 por medio del cual se solicitó información a la presidencia de la OSER “vinculada al estado laboral del síndico fiscalizador por el oficialismo Juan Carlos Paludi” no había recibido la correspondiente respuesta.
Así, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 25º inciso f) de la Ley 11.202 que determina que es deber del síndico fiscalizador “dar intervención a los organismos de contralor competentes en caso de detectar irregularidades”, presentó el pedido de informes que aún no fue evacuado en ninguno de los puntos a precisar que se solicitaron, generando un presunto incumplimiento de varias normativas provinciales y a la Constitución entrerriana.
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