Jueves 05.12.2019 | 17:29 hs


12-11-2019 / El Estado nacional dispone discrecionalmente los recursos

El país carece de una ley federal de saneamiento

Todo está en manos de las provincias, incluso su falta de coordinación y de políticas definidas. La federación de entes reguladores propone crear condiciones para impulsar el debate.


Luis Rodrigo
redaccion@miradorprovincial.com


“En solo tres países de Latinoamérica hay una naturaleza federal en la prestación de los servicios públicos de agua potable y cloacas: Méjico, Brasil y la Argentina. Y somos los únicos que no tenemos una ley federal para el sector”, resume
Oscar Pintos, el vicepresidente del Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Pintos preside el consejo directivo de la Asociación Federal de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento, la entidad que ha advertido que el país carece de esa legislación, que ha redactado un borrador de proyecto y que, sobre todo, busca interlocutores para promover ese debate.

El experto en saneamiento y regulación recuerda que el país debe su infraestructura en agua y cloacas a la existencia de Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912 y cuya disolución se completó en los ’90.

Entre las políticas del Estado nacional para dotar de servicios a las ciudades argentinas más importantes y las privatizaciones del gobierno peronista de Carlos Menem, hubo un progresivo desmembramiento, por vía de la provincialización que dejó el poder concedente en manos de las provincias, “algunas de las cuales, como Entre Ríos, directamente transfirieron esa potestad y la infraestructura a los municipios”.

Pintos explica que la reforma de la Constitución en 1994 cristalizó la posición mayoritaria, casi unánime, en favor de dotar a las provincias tanto de la posesión de los bienes involucrados en los servicios como de los recursos naturales necesarios: el agua, en este caso.

“El fenómeno de la fragmentación de Obras Sanitarias de la Nación en direcciones provinciales creó distintos escenarios y particularidades en cada provincia”, explica. Y sigue: “así fue hasta los ’90 cuando las direcciones se transformaron en empresas y muchas se concesionaron”.

En rigor, “desde que terminó OSN no hay políticas públicas nacionales”, advierte. Y tras la reforma constitucional, ahora con más fundamentos legales, “cada provincia lleva adelante sus políticas, sin coordinación nacional, incluso sin coordinar con las provincias vecinas”.

24 realidades
Pintos comenta que “el Consejo Hídrico Federal (Cohife) procura resolver problemas de cuencas interprovinciales. Hay una mediación que procura resolver los conflictos”, como el que hoy mantienen (en la Corte) La Pampa y Mendoza por el Atuel.

Para el director del Enress lo que ocurrió con los ríos debería suceder con los servicios públicos vinculados al agua: “antes de que se dictara una legislación nacional sobre los recursos hídricos o de que la Constitución declarase su potestad provincial, hubo una serie de acuerdos entre las provincias de distintas cuencas, no todas vecinas, que crearon los principios rectores de una norma nacional”.

El mismo modelo debería repetirse con el agua potable y las cloacas. “Sin normativa nacional, sin acuerdos entre provincias, hay 24 distritos separados y cada uno hace lo suyo”.

¿Y la Nación?
“Si bien las provincias son las dueñas de los servicios y de los recursos hídricos, la realidad económica indica que el poder presupuestario, la capacidad de contar con recursos reside en la Nación. Y es también ahí donde reside la potestad soberana de autorizar endeudamientos con el exterior: en la Casa Rosada”, advierte Pintos.

“De provincia a provincia son situaciones muy diferentes: unas sufren un bajo desarrollo de sus servicios sanitarios, con atrasos de más de medio siglo. Y la Nación maneja discrecionalmente recursos sólo en algunos distritos”.

Además de la ciudad y el Gran Buenos Aires, que por décadas han contado con recursos nacionales volcados solo en beneficio de porteños y bonaerenses, otras provincias afines al gobierno nacional de turno lograron obras. La comparación entre la inversión nacional en el Chaco (en tiempos de Jorge Capitanich como jefe de Gabinete durante el kirchnerismo) con lo ocurrido en Santa Fe fue parte de ese escenario de discrecionalidades. Apenas uno del plan de doce acueductos que necesita Santa Fe fue hecho por el gobierno nacional durante la gestión anterior. La actual no aportó ninguno. “Todo el plan de acueductos ha contado sólo con recursos provinciales”, comentó.

Políticas de Estado vs. chequera extorsiva
Aferas es el principal impulsor de un anteproyecto de ley federal de saneamiento “que permite sentar a la Nación con su facultad presupuestaria y de autorizar endeudamiento externo para créditos para infraestructura con las provincias, que son dueñas de los servicios y los recursos hídricos”, explica el ingeniero Oscar Pintos, presidente de esa entidad que agrupa a los reguladores de todo el país e integrante del Directorio del Enress.

La ley que plantea “propone establecer principios rectores que no dice qué tiene que hacer cada provincia, sino fijar los principios que se acuerden entre las provincias. Y que sea suficientemente amplio para que cada Estado provincial se pueda mover”.

Es importante que en ese consejo federal de agua y saneamiento “se pueda acordar lo que en las empresas se llama una estrategia de win-win (gana-gana). Es una sinergia que busca que todos ganen al ceder algo”.

“Necesitamos que cada integrante resigne algo. La Nación debe resignar sus facultades discrecionales para asignar recursos y las provincias la facultad de decidir total y absolutamente qué hacer con sus recursos hídricos y sus servicios”, resume.

“Queremos -señala- que se puedan crear puntos de acuerdo, consensos, para que luego puedan ser ratificados por el Congreso, bajo la forma de una ley. Así nació el Cohife, de un conjunto de actas que se crearon de 2001 a 2007, que luego facilitaron la discusión en el Congreso. Por eso lo queremos replicar para agua y saneamiento”.

Sin estadística

“La Argentina no tiene un sistema nacional de información de agua potable y saneamiento, salvo la que pueda provenir de los censos nacionales. No hay un lugar que reúna esa información, para definir políticas en un futuro”, afirma Pintos.

Subraya que Aferas, la federación de entes reguladores de las distintas provincias, “trata de suplir eso con publicaciones periódicas”, que “sirve como fuente de información básica a universidades, a investigadores, a bancos que prestan dinero para obras de infraestructura”.

“Juntamos datos de todas las provincias en las que tenemos representación, que son 15. Es el único sistema de información regularizada y actualizada que existe en la Argentina”.

Justamente, el último libro de información que editó Aferas “tiene un prefacio del representante del Banco Mundial en la Argentina que destaca cuál es el valor de tener información”, es decir, de uno de las principales fuentes de financiación de carácter internacional.

“Todo se hace sobre la base de acuerdos, de una muy buena voluntad de las provincias, porque no hay ninguna legislación que las obligue a compartir esa información”, destaca.




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