Lunes 24.02.2020 | 14:43 hs


26-02-2018 / Omar Príncipe

“La política económica marcha a contramano de los que necesitamos”

El titular de la Federación Agraria Argentina indicó que las políticas diferenciadas no aparecen y que la reforma impositiva los perjudica. Desde el sector reclaman un papel más activo del Estado en el sostenimiento de las economías regionales y una ley de emergencia que los ampare, entre otros puntos.


Susana Rueda
redaccion@miradorprovincial.com


En medio de la mayor sequía de los últimos 70 años, y luego de un año de inundaciones feroces en la porción de territorio más productiva del país, los pequeños y medianos productores luchan por mantenerse a flote.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) asegura que las políticas económicas del gobierno de Macri van a contramano de lo que ellos están planteando desde hace años, y que solicitaron en diálogos sucesivos con los ministros de agricultura. Las políticas diferenciadas no aparecen, y la reforma impositiva los perjudica. Reclaman un papel más activo del Estado en el sostenimiento de las economías regionales, una ley de emergencia que los ampare y un seguro de riesgo que les impida desaparecer, como sucedió con 500 tambos en la cuenca lechera más importante del país en el 2017.

“Estamos ante la sequía más grave en muchas décadas, y lo peor es que no sabemos cuándo va a ser el final. Los pronósticos no hablan por lo pronto de lluvias que vengan a cortar esta sequía. Y la bolsa de cereales ya habla de una pérdida de 5 millones de toneladas de soja, habla de 2,5 millones de toneladas de maíz, y si lo ponés en cifras en dólares se estima una pérdida de más de 3 mil millones de dólares. Ojalá se equivoquen los pronósticos y venga una lluvia abundante y general, porque gran parte de la provincia de Buenos Aires está afectada por la sequía, el sur y el norte de la provincia de Santa Fe, parte de la provincia de Córdoba, que en definitiva es el núcleo productivo del país. En lo que respecta a soja y maíz. Estamos muy preocupados”, sentenció.

— ¿Cuánta lluvia hace falta para evitar semejante pérdida?
— Cincuenta milímetros cortarían la sequía. La soja “de segunda” todavía estaría a tiempo de una nueva etapa de floración, y recuperaría parte de su producción. Es preocupante, los pequeños y medianos productores venimos ya de una situación difícil y complicada. El año pasado estábamos en inundaciones. Se habla mucho de cambio climático, de cómo influye el monocultivo, el tema de el uso del suelo. Pero más allá de eso estas situaciones climáticas dejan al descubierto que necesitamos herramientas políticas, necesitamos una ley de emergencia nacional que nos asista en estos momentos. El año pasado decíamos que el fondo nacional de emergencia era insuficiente, porque era de 500 millones de pesos. Ahora sigue siendo de 500 millones, imagínense cuánto más insuficiente es ahora con una pérdida de 3 mil millones de dólares. El rol del Estado tiene que ser estar preparado para este tipo de situaciones. El año pasado decíamos que había que avanzar en un seguro de multiriesgo para darle un poco de seguridad a los productores agropecuarios frente a estas situaciones. Es muy difícil sostener la rentabilidad y sobrevivir cuando no hay un estado que otorgue una red de contención para aquellos productores que se endeudan para producir. El financiamiento no es propio; para aquellos que no tenemos escala la rentabilidad es casi nula y ahí es donde entramos en un tema complejo. Los números de nuestro movimiento cooperativo nos indican que terminamos el 2017 con un endeudamiento del 20 por ciento más de lo que habíamos terminado en el 2016.

— ¿Eso impacta también en las economías regionales?
— Se nota esto en el interior del país, y se va agregando a distintos factores. Esto del endeudamiento va acompañado de tasas de interés que son muy buenas para aquellos que pueden poner dinero en las Lebac, pero no hay ningún productor que pueda pagar el 27 o 28 por ciento de interés para financiar su propia producción. Además ¿quién nos presta el dinero a nosotros? Muchos no somos sujetos de crédito. No podemos pasar por un banco porque no nos da la cartera, entonces nos financia el movimiento cooperativo, que a su vez se tiene que endeudar pagando esas mismas tasas altas para poder sostener y financiar a los productores. Se va haciendo una cadena que va comprometiendo al productor, al movimiento cooperativo y a todos. Las cooperativas son muchas veces las que generan mano de obra en los pueblos del interior y esto genera menos capital de giro y menos inversiones en sus propias localidades.

— En estos dos años de Cambiemos, ¿en el centro sur de la provincia cambió algo la proporción de los cultivos? ¿Avanzaron mucho trigo y maíz a partir de la desgravación impositiva?
— Sí, hay un cambio favorable. La quita de retenciones a esos cultivos hizo que se diversificara el productor, y que se produzca menos soja y más trigo y maíz. Esto no sólo en la provincia de Santa Fe, sino también a nivel nacional. Por eso la soja descendió 2 millones de hectáreas: se sembraban 21 millones en 2015 y estamos ahora en 19 millones de hectáreas de soja sembradas.

— ¿Cómo impacta el aumento del gasoil y del precio del transporte de granos?
— El tema del costo de vida se siente en todos lados. Al productor le ha aumentado la energía y hay datos que son muy significantes: para un productor de cerdo, para un tambero, ya que estamos en la cuenca lechera más importante de la Argentina, la energía aumentó un 67 por ciento en el 2017, los insumos, para alimentar a los cerdos o a las vacas aumentaron un 35 por ciento, pero el precio del capón de cerdo aumentó sólo un 14 por ciento. Esta es una de las situaciones que ha generado que muchos criaderos de cerdo y muchos tambos hayan desaparecido en 2017. Podemos hablar de 500 tambos menos con respecto al año anterior. Esto favorece a la concentración, y nosotros lo venimos denunciando en la Federación Agraria. Por eso necesitamos y pedimos un tratamiento diferente para pequeños y medianos productores. Pero creemos que el modelo político y económico va a contramano de lo que venimos pidiendo por ejemplo en cuestiones tributarias. Lo que se trató y aprobó en diciembre, es lo contrario de lo que veníamos planteando. El pacto fiscal compromete a todos los gobernadores a aumentar el impuesto inmobiliario rural y llevarlo casi a valores del mercado. Esto hará que los productores deban pagar más impuestos en los próximos años. También la reforma sobre ganancias favorece a los grandes productores, que pueden redistribuir sus ingresos y sus utilidades. La ley les rebaja del 35 al 30 por ciento a partir de 2018, mientras que el 95 por ciento de los productores agropecuarios, los que estamos bajo una figura unipersonal, vamos a seguir pagando el 35 por ciento del impuesto a las ganancias. Acá desaparece la progresividad que uno plantea siempre dentro de los impuestos, y hace que los más ricos paguen menos impuestos, y los más vulnerables paguemos más. Le ratificamos a algunos productores agropecuarios desprevenidos que creen que en el 2018 van a pagar menos impuestos que no es así, que van a pagar más impuestos este año.

Movilización
Con respecto a la movilización del miércoles pasado, Príncipe cree que hay muchos fundamentos para movilizarse porque el ajuste siempre va para los más vulnerables.

“No se les pone techo a los que quieren comprar un bono, pero sí a las paritarias. Nosotros, los pequeños y medianos agricultores, necesitamos un consumo muy fuerte, porque el 80 por ciento de los alimentos que producimos van al consumo interno. Entonces a veces ponerle techo al sueldo de los trabajadores también significa ponerle un techo a la producción de alimentos y a los precios de la producción de alimentos en la Argentina. Ese es otro debate que todavía nos deben, un problema estructural que todavía tenemos en la Argentina, que los formadores de precios siguen sin pagar lo que corresponde a los productores. La fruta se la siguen pagando dos pesos, pero los consumidores seguimos pagando la fruta a 60 pesos en las góndolas. La distorsión de precios atraviesa todos los gobiernos”.

“No se les pone techo a los que quieren comprar un bono, pero sí a las paritarias”.

“Se va haciendo una cadena que va comprometiendo al productor, al movimiento cooperativo, y a todos”.

“El modelo político y económico va a contramano de lo que venimos pidiendo por ejemplo en cuestiones tributarias”.
Omar Príncipe
Presidente de FAA





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