Sábado 17.08.2019 | 13:53 hs


31-07-2019 / Observatorio político

Una nueva institucionalidad para otro tipo de ciudad

La problemática del transporte público de pasajeros renueva la vigencia de un asunto cuyas manifestaciones pujan por volverse visibles desde hace años: hay que imaginar y acordar una institucionalidad superadora de la actual, cuyas consecuencias sufren los desprotegidos ciudadanos.

Mirador Entre Ríos
redaccion-er@miradorprovincial.com

Cuando Paraná era pueblerina, en tanto conformación urbana además del macrocentro existía San Agustín, reino que se erigía más allá del arroyo Antoñico, junto a desarrollos prometedores pero circunscriptos en torno a las grandes avenidas de penetración. Las referencias al servicio de colectivos de ese mundo más parsimonioso están repletas de anécdotas en la que los choferes eran pequeños héroes y, también, de accidentes poco frecuentes que protagonizaban esos vehículos de gran porte.

Eran tiempos en que la escala facilitaba desandar distancias caminándolas; en la que en el habla cotidiana, cada línea era un color, más que un número; y en la que la competencia del ómnibus era el taxi, que nunca fue barato.

Pero desde que la ciudad se fue convirtiendo en este hormiguero y, junto con la estructura de propiedad de las empresas prestadoras del servicio, fue transformándose la cultura paranaense, algo se deshilachó en el vínculo. En un entorno de empobrecimiento general, los años noventa nos llenaron de remises, la moto se convirtió en un vehículo de transporte preciado y acceder a un auto parecía una inversión menos quimérica que adquirir una casa o hacerla. Más tarde se incorporó el tren para pasajeros, una infraestructura costosa que la ciudad exhibe como un adorno, desintegrado al resto de los subsistemas, acotado a ciertos recorridos.

Mientras, se amontonan en los diversos ‘libros de quejas’ públicos los registros de falencias que sufren los residentes en todos los barrios y del centro, en cuanto a las frecuencias unas veces, en cuanto al estado de las unidades en otras, en cuanto al costo casi siempre.

Con los años, un parche sucedió a otro y se fue ingresando en un remolino del que nadie sabe cómo salir. El municipio promovió nuevos recorridos en base a borradores que, en el imaginario popular, tienen como autor a un ex funcionario municipal de extracción radical, profesionalmente vinculado a las empresas prestadoras del servicio, con lo que su carácter público está al menos puesto bajo sospecha.

En paralelo, subsiste cartelería, garitas y señalización horizontal de distintas etapas, mezcladas con indicaciones anómalas, difíciles de advertir a simple vista en las actuales paradas, sobre todo en el micro y macrocentro; el carril exclusivo ha sido analizado sólo desde la perspectiva de un tránsito más ágil para las unidades; y hasta los semáforos en calles que han cambiado de dirección le dan la espalda a la senda peatonal, lo que debe ser único a nivel mundial: los que deben cruzar la calle por esas intersecciones lo hacen cuando los autos se detienen y se apuran cuando aceleran para arrancar.

Todo se ha hecho tan caprichosamente, de manera tan poco profesional, sin planificación ni consulta que en el microcentro abundan las ochavas rotas por las ruedas traseras de los ómnibus que deben subirse a la vereda cuando deben doblar.

Encuadre político

El municipio, primera y más próxima expresión de gobierno de los vecinos, no sólo tiene una muy poco efectiva política de comunicación ciudadana, sino que el intendente ejerce la autoridad de manera personalista, casi monárquica, avalada por un gabinete de aplauso fácil. Para colmo, la alianza Cambiemos se fracturó y la relación entre el intendente Sergio Varisco y la viceintendenta que él mismo eligió y propuso al electorado, Josefina Etienot, evolucionó de un modo tan maduro que se declararon la mutua guerra, situación que ha terminado de contaminar los distintos espacios comunales.

Uno de ellos, el Sistema Integral del Transporte Urbano. Se trata de una plataforma sobre la cual confluyen, hipotéticamente, las “partes” involucradas, aunque curiosamente los vecinos no tienen intervención directa. Los ciudadanos de a pie sufren los problemas del transporte urbano pero no están institucionalmente calificados para manifestarse y, en su lugar, lo hace un serie de sujetos políticos que, muy probablemente, haga años que no saben lo que es “hacer seña” a un colectivo para trasladarse de un lugar a otro.

Si nos atenemos a su denominación, la SITU pareciera encerrar la quintaescencia del planeamiento estratégico para abordar una problemática clave como lo es la movilidad dentro de la ciudad y el área metropolitana. Pero se ha agotado en una discusión poco productiva sobre la actual concesión de colectivos o, mejor dicho, sobre el cuadro tarifario: un fueguito al que los empresarios le arriman leña y los usuarios, vasitos con agua.

Hay un condimento especial, en ese cóctel donde no hay lugar para pensar la ciudad. Es que, en el forcejeo cortesano, se ha hecho eyectar el componente de análisis técnico (aunque sólo hiciera aportes de tipo económico) y ahora todo ha quedado librado a la arbitrariedad del Intendente, que tampoco hace gala de gozar del don elemental de una mirada integral.

Ahora los prestatarios se quejan de las decisiones de Varisco, muestran planillas, explican la lógica aritmética de ecuaciones que, por definición, deben ser polinómicas, pero no dicen demasiado respecto de qué representa esa forma específica de cálculo en el marco de nociones más complejas como la de la calidad del servicio prestado. Sin duda alguna, esas determinaciones que critican fueron tomadas con los mismos fundamentos que cuando las empresas se favorecieron y nadie pareció quejarse entonces, salvo los usuarios.

Sumar actores

Al escenario se incorpora la Provincia por dos niveles. Por un lado, el servicio estaba subsidiado por la Nación. Pero el Gobierno de Mauricio Macri se ha desentendido de esa forma de presencia del Estado federal y ha empujado a los gobiernos de la provincia y municipal a que se hagan cargo de la subvención. De manera que, dicho en criollo, la Casa de Gobierno orienta una partida presupuestaria para financiar un sistema en el que no tiene ninguna intervención como gestora, ni para controlar ni para modificar.

El otro nivel por el que la Provincia es parte del asunto se refleja en la diferencia existente entre el papeleo y la realidad. Trataremos de explicarnos. Es que el frío alcance de la jurisdicción provincial alcanzaría al transporte interurbano, pero esas líneas –gerenciadas por los mismos empresarios– vinculan conglomerados muy próximos a Paraná (como Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull o La Picada) y, en los hechos, son usadas por los residentes capitalinos para trasladarse incluso dentro de la misma ciudad. Pero, según la normativa, el Municipio de Paraná debe resolver qué hacer con el servicio urbano y la provincia, con el suburbano.
Así, por distintas vías, la dinámica de lo real impone los límites de una institucionalidad que no está pensada para afrontar y resolver conflictos de manera armoniosa, sino para ‘hacer mover’ un expediente. Dicho de otra manera: cuando los intereses en pugna –que siempre los hay– no se manifiestan en la superficie de la discursividad política, la red de institutos y protocolos gubernamentales parece suficiente.

De esa manera, conviene pensar si la escala urbana y el momento actual de la cultura cívica no amerita la constitución de otros espacios –institucionales también, pero inscriptos en lógicas menos arcaicas– que abarquen las distintas dimensiones de los problemas.

Coyunturas

Tal vez llegó el momento de incorporar la audiencia pública como un punto de encuentro reglado, periódico, participativo, plural, de las distintas perspectivas, ante un servicio que ofrece múltiples desafíos: recorridos, frecuencia en distintos horarios y días, cuadro tarifario, estado de las unidades, comunicación con el usuario, delimitación de las responsabilidades de los empresarios y del Estado municipal y un largo etcétera, con el telón de fondo de criterios ordenadores en cuanto a la expansión y densificación poblacional.

Para eso, en el caso puntual de Paraná, debe resolver lo más ágilmente posible a qué modelo de ciudad aspira, tarea en la que la Intendencia tienen un papel clave, pero como propiciador de un ámbito multisectorial en el que se acuerden ideas generales, nodales, inscriptas en la perspectiva dinámica del área metropolitana. Y, definida aunque sea provisoriamente esa matriz identitaria, ser parte de otro ámbito, que integre a la Provincia y eventualmente a la Nación, a las intendencias vecinas y sus entidades intermedias.

Quién sabe, para afrontar esta emergencia puede que Paraná esté aplicando una metodología que le permita dar un salto verdadero de calidad, en otros órdenes.

Se verá, a poco de andar, que otras problemáticas impostergables (la gestión de los residuos urbanos e industriales, el tratamiento de arroyos que contaminan cuencas y al propio río Paraná, la provisión de agua potable, por mencionar sólo unos pocos) pueden ser intervenidas de un modo similar.

En fin, se trata de gobernar, una tarea que como se ve es muy diferente a asfaltar, parquizar y pintar, aunque necesariamente las incluya.


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