Eugenia Delorenzi
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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró de forma unánime que el decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet es válido y de ese modo habilitó las fumigaciones aéreas y terrestres a distancias menores a las que había dispuesto en su momento la propia Justicia con el amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y otras organizaciones para proteger de las fumigaciones a docentes y alumnos de escuelas rurales.

De este modo, la distancia para fumigar en cercanía de escuelas rurales es de 100 y 500 metros según la metodología de aplicación. También, el mismo fallo judicial dispuso que se tome como parámetro para establecer dicha distancia, el límite del cordón vegetal alrededor de las escuelas; cordón que actualmente no existe. Para esta corrección, el Poder Ejecutivo cuenta con 20 días. Además, el STJ exhortó al Poder Legislativo a que regule el vacío que hay sobre agrotóxicos para el 2020.

Hubo dos reacciones de quienes intervienen en esta disputa. Por un lado, desde el Estado se consideró la medida como un “final” a una discusión. Para quienes cuidan el ambiente y a docentes y gurises, significa una nueva pelea.

En una entrevista con Mirador Entre Ríos, el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, y la abogada del Foro Ecologista de Paraná, Aldana Sasia, dejaron expuestas sus convicciones y luchas.

La voz del Estado

En primer lugar, el fiscal de Estado de Entre Ríos dio su opinión sobre el fallo: “Le pone punto final a una serie de procesos que lleva ya dos años”.

“Todo esto empezó con el amparo del Foro Ecologista frente a lo que era una laguna legal respecto a lo que es la aplicación de plaguicidas en cercanías de las escuelas rurales. A partir de ahí empezó toda una odisea de procesos judiciales en donde perdimos varios de ellos, hasta que coordinamos un equipo de trabajo con la Secretaría de Salud, de Ambiente, con el INTA, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), médicos de distintas jurisdicciones, organizaciones y pudimos redactar el decreto nº 2239, que es un reglamento que establece un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas. Para mí, el más avanzado que hay en el país. Y ese sistema finalmente fue convalidado en cuanto a su legalidad por el Superior Tribunal de Justicia, entiendo yo que poniendo certidumbre a una situación que no daba para más porque el productor, el aplicador y el dueño del inmueble estaban en una situación final, de que no sabían a qué norma atenerse para hacer su trabajo”, analizó el fiscal.

Consultado por la fundamentación en la reducción de las distancias, el fiscal expresó: “Nosotros respecto de las distancias, el criterio que tomamos, fue primero el de observar todas las experiencias que en materia de buenas prácticas agropecuarias se habían hecho en el país, con el contralor del INTA respecto a aplicaciones. Entonces se habían tomado las medidas, es decir la distancia que recorre la gota en la atmósfera, y la medida máxima en condiciones atmosféricas o de aplicación adecuadas era de 25 metros para aplicaciones terrestres y de 45 metros para aplicaciones aéreas. Entonces nosotros decidimos poner distancias de 100 metros y de 500 metros respectivamente, de manera tal que está muy resguardada la distancia propiciada por el INTA por ejemplo, y por la UNER, a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias”.

“Ahora, nosotros habíamos tomado esas distancias desde el casco del establecimiento rural y el Superior Tribunal de Justicia nos mandó a hacer una modificación para que no contemos esa distancia desde el casco, sino desde el límite exterior de la propiedad. Es decir, si la escuela tiene, por ejemplo dos hectáreas, no se tome desde el centro, sino desde el límite de las dos hectáreas, donde que hay que instalar una barrera vegetal. En eso estamos de acuerdo, sabemos que no se hace de la noche a la mañana, pero el CGE y la Secretaría de Producción trabajarán en eso”, añadió.

La otra mirada puesta en la lucha

Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, hizo hincapié en la lucha que aún sigue en pie y hoy se reafirma: “Nosotros sabemos que representamos no solamente a organizaciones o colectivos, sino que hay damnificados, damnificados con nombre y apellido, gente que tienen grados de contaminación en su cuerpo y están haciendo tratamientos, hay niños que tienen daños genéticos, hay un sinnúmero de situaciones que están evidenciadas y demostradas que a consecuencia de situaciones que estuvieron expuestos al riesgo. Hoy tienen daños en la salud, ya sea en docentes o niños, porque tenemos la responsabilidad y porque hemos asumido el compromiso desde el momento en que presentamos el amparo después de una intoxicación de alrededor de 700 chicos en el departamento Colón, específicamente en el barrio El Perucho de San José y continuamos con el compromiso que asumimos porque estamos convencidos del reclamo que estamos haciendo, porque tenemos la vasta documentación científica, técnica, contamos con todas las herramientas para hacerlo”.

En lo que respecta a la respuesta hacia la postura del Estado dijo: “El Estado entiende que con esta nueva regulación ahora focaliza o pone un eje central en la prevención. Pues bien, este decreto no hace más que resumir la Ley de Fitosanitarios que data de la época del Proceso, que tiene más de 30 años y que ordena una serie de pautas u objetivos que debían cumplirse al momento de una fumigación o aplicación tuviera la mayor posibilidad de efectuarse sin causar perjuicios a terceros que se puedan ver involucrados. O sea, no hace más que resumir una ley que hace 30 años debió aplicarse y que habla de la exigencia de contar con recetas, de contar con un ingeniero agrónomo, del registro que deben tener las máquinas antes que puedan salir a aplicar, y todas situaciones que jamás se cumplieron”.

“El propio Estado reconoce en el expediente desde sus inicios y desde la primera presentación que para su órgano de control, que es la Secretaría de Producción, es imposible controlar porque solo cuentan con dos camionetas y dos ingenieros agrónomos, entonces al momento de una denuncia no podían acercarse porque era imposible materialmente. Ese control nunca existió, ni va a existir porque es inviable. Más con este decreto que es irresponsable”, sostuvo.

Refutando los fundamentos

Profundizando en el tema, la abogada explicó: “Y más allá de todas estas insuficiencias que tiene el decreto, con fundamentos de antaño, las bases para crear este nuevo decreto no son más que meras recomendaciones que no tienen sustento científico, porque se basó en las recomendaciones de buenas prácticas agrícolas, que justamente se refieren a las buenas prácticas agrícolas pero no para prevenir daños a terceros, sino para mejorar la aplicación del producto y que mayor cantidad de veneno vaya a la planta y no se esparza por el aire. Entonces está focalizado en el objetivo único de que el veneno llegue a la planta de la mejor manera. Y ya se demostró por vastos estudios realizados por expertos que nosotros aportamos que estas buenas prácticas son inviables porque por la volatilidad de la gota y por el efecto de evaporización que aparece después”.

“Justamente al Estado se les ocurrió ofrecernos como prueba una aplicación de a ver hasta dónde llega la gota y querían hacerlo con agua, a lo que nosotros le pedimos que fuera con el plaguicida a utilizar, porque no es lo mismo una molécula de agua que una de un agroquímica. Entonces estas buenas prácticas es evaluarlo con agua y no tiene validez porque en primer lugar es con agua y en segundo no se analiza el efecto posterior desde la aplicación. Y después fundamentaron la reducción de las distancias con un estudio del Conicet que refiere solo al uso del glifosato cuando en Entre Ríos se usan 103 agroquímicos diferentes y es del 2009. Y por un lado es antiguo, teniendo en cuenta que en 2015 se declaró que el glifosato es potencialmente cancerígeno al contacto con los seres humanos y en segundo lugar por su limitación que se toma en cuenta un solo químico cuando al momento de la aplicación siempre se utilizan dos o más agroquímicos mezclados”, criticó Sasia.

La falta de barrera forestal

La abogada del Foro Ecologista profundizó su oposición al decreto que dio el visto bueno a las fumigaciones a pocos cientos de metros de escuelas rurales.

—¿Qué opinión tienen sobre la barrera forestal que pide la Justicia que se respete?

—Si sirviera una cortina de amortiguamiento, esa barrera forestal que tendrían que tener las escuelas, tampoco existen actualmente. Por más que lo quieran empezar a aplicar no van a existir de acá a por lo menos 10 años, sino que sólo serán unos palitos aislados que no van a proteger a nadie. Y lo que son esas barreras forestales tampoco protegen a estos chicos que poseen ya alteraciones genéticas que no deben exponerse a las contaminaciones, porque de aquí a que existan estas barreras esos niños ya no estarán en las escuelas.

—¿Hay gente que sufre las consecuencias?

—Presentamos estudios con rigor científico. En el departamento Uruguay, en las escuelas rurales se evidenciaron las consecuencias de la contaminación en el agua, en el suelo, en el aire, también presentamos pruebas de 80 niños que padecen alteraciones genéticas de las escuelas rurales del departamento Uruguay. Y luego presentamos un comité de expertos compuesto por sietes profesionales de los cuales se pudieron expedir cinco, y dentro de los que se encuentra la genetista que gracias a su informe y sus investigaciones se puso como prueba contundente para en Pergamino procesar y condenar a tres productores, mientras tanto todo eso el Superior Tribunal de Justicia no lo tiene en cuenta, porque solo tiene en cuenta lo del Estado.

—¿Ahora irán por el Recurso Extraordinario?

—Y no sólo vamos a presentar un Recurso Extraordinario, vamos a acompañar nuestro reclamo con la presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque creemos que es una violación al derecho a la Justicia de parte de todas las personas que son damnificadas y todas las que seguirán siendo víctimas de este modelo productivo.