Sábado 25.01.2020 | 09:02 hs


14-01-2020 / Pablo Farías, diputado del Frente Progresista

"Estamos dispuestos a discutir tema por tema"

El socialista insiste en objetar aspectos del mensaje del Poder Ejecutivo sobre emergencias. "Tuvimos gestos de gobernabilidad que deberían ser tenidos en cuenta", señaló.


Mario Cáffaro
redaccion@miradorprovincial.com


Pablo Farías fue ministro de Gobierno de Miguel Lifschitz y hoy, diputado socialista, es uno de los líderes de la bancada mayoritaria del Frente Progresista en la Cámara de Diputados. Fue esa bancada la que votó el rechazo al mensaje del Poder Ejecutivo sobre ley de emergencia, pero validó la salida transitoria del Consenso Fiscal y una reforma tributaria.

- El 2019 terminó con un enfrentamiento entre el gobierno y ustedes. ¿Hay perspectivas de diálogo con el gobierno más allá de que facilitaron la sanción de la reforma tributaria, pero le negaron la emergencia?
- Hemos hecho un esfuerzo importante para tener gestos concretos con el gobierno provincial. Lo primero fue el Consenso Fiscal que ni bien entró a Legislatura nos pusimos a trabajarlo. Nunca estas cosas son fáciles porque estamos hablando de modificaciones tributarias, de ir para atrás con el criterio que tenía el anterior Consenso Fiscal, más allá del fracaso económico del gobierno de Macri. La idea de ese Consenso era el cambio de la matriz tributaria, tratando de reducir impuestos que impactan en la producción y el comercio. En esa tendencia veníamos trabajando, con dificultades, aún no estando de acuerdo con la mayoría de las políticas del gobierno de Macri. Producir ese cambio exige un análisis profundo. El gobierno no convocó a la Comisión de Análisis Tributario que desde 2016 veníamos trabajando con entidades intermedias y las dos cámaras para discutir las modificaciones tributarias. Accedimos con la convicción de que era la forma de ayudar y colaborar con el gobierno provincial era trabajar el Consenso Fiscal, pedimos la presencia de (Walter) Agosto. Cuando empezamos a analizar este tema se produjo el envío de los mensajes sobre ley tributaria y emergencias.

Sobre la ley tributaria, cuando le ofrecimos al entonces equipo de transición del electo gobernador Omar Perotti hacer el presupuesto también implicaba la ley tributaria para el 2020. Sabíamos y ellos también, que la iban a necesitar. El tiempo y las posibilidades de trabajo que se perdieron en la transición impactaron para que llegáramos tan escasos de tiempo a fin de año. Los proyectos ingresaron el 23 de diciembre, muy tarde al Senado, y el 26 ya estábamos trabajándolos y esperando que vengan los ministros. Empezamos a trabajar el texto de la ley tributaria antes que lo aprobara el Senado. Lo discutimos en forma conjunta con senadores, asesores y el Ejecutivo para que el texto que votara el Senado pudiera ser votado sin modificaciones por Diputados y no perdiéramos tiempo.

Hicimos gestos claros y concretos que no fueron tomados en cuenta por el gobierno que puso a la ley de emergencias como un todo o nada.

La ley de emergencias tiene problemas de distinta índole. No era un problema de discutir el articulado, al contrario, la analizamos, la discutimos punto por punto. El rechazo tiene que ver con el espíritu mismo de la ley. Declarar emergencias sin discutir sobre cuál es la situación real. La emergencia tiene consecuencias jurídicas muy importantes. Lo que se pretende es dejar de lado la aplicación de leyes fundamentales de la provincia como la de administración financiera, de contrataciones públicas, reglas básicas del manejo administrativo del Estado. No son cuestiones menores, tienen un impacto fuertísimo en términos de seguridad jurídica, de transparencia de actos de gobierno y de la debida garantía de competencia en las contrataciones del Estado. Para que se justifique tiene que haber situaciones excepcionales, de muchísima urgencia. En la academia, en la Facultad de Derecho cuando se habla de emergencias y los docentes tratan de ejemplificar los casos se habla de catástrofe, el terremoto, etc. Establecer por dos años como pedía el gobierno, y que el Senado bajó a 18 meses, un régimen de excepción de tales características necesitaba una discusión previa, mano a mano, de cuál es la situación de emergencia que justifica esas normas. No lo había y hubo mucha presión para que saliera y hubo una reacción negativa del Poder Ejecutivo ante las reservas y reparos que teníamos con la ley de emergencia.

- ¿Este choque fuerte se supera dialogando?
- Sí, por supuesto.

- ¿Están dispuestos si el gobierno insiste en la temática?
- Sí, por supuesto. Lo más sano es trabajar los temas separadamente, temas que estaban en esta suerte de ley ómnibus deben estar separados. Por ejemplo, se viene hablando sobre las dificultades para atender los compromisos contraídos en la contratación de obras públicas. Sobre eso, en su momento y a pedido de los hoy funcionarios, incluimos en el presupuesto cuatro artículos que son herramientas extraordinarias y excepcionales que sirven para la emergencia. Para las contrataciones están las posibilidades que da el artículo 54 del Presupuesto para que el Estado pueda consolidar las deudas; más herramientas financieras como la posibilidad de emitir cheques de pago diferido, letras, acuerdos de programación de pagos. Son herramientas suficientes para resolver la mayoría de las situaciones de pago. Ni hablar si obtiene un anticipo de coparticipación de la Nación.

- ¿En seguridad el problema existe?
- Sí, pero al mismo tiempo que nos solicitan la emergencia el ministro (Marcelo) Saín declara públicamente que están haciendo un análisis de diagnóstico del ministerio, que recién en febrero van a contar con la información suficiente para saber qué medidas tomar. Terminen el diagnóstico, evalúen la situación y luego conversemos. Estamos disponibles para trabajar y brindarles las herramientas que necesiten. Se puede estar de acuerdo con la declaración de emergencia en seguridad porque el tema nos golpea día a día y es grave. Pero las consecuencias de esta declaración, las normas de excepción, tenemos que discutirlas porque tenemos que saber para qué las necesita. Por ejemplo, tener la atribución de poder modificar la estructura policial o introducir modificaciones por decreto es peligroso si no está debidamente acotado o explicado. Tenemos objeciones a la posibilidad de otorgar sumas no remunerativas por encima de sueldos a personal policial y civil. En los doce años del gobierno del Frente Progresista llegamos a un blanqueo total de salarios y nos parece, al menos, un retroceso y no entendemos para qué lo necesita. Tiene que haber una explicación completa y cuando lo tenga en febrero, analizar las herramientas que necesita y para qué. Una habilitación genérica sin saber el uso y el objetivo es peligroso y nos puede conducir a un retroceso. El uso de sumas no remunerativas ha generado la industria del juicio en el estado santafesino. Afecta a las cajas previsionales directamente. Hubo juicios millonarios que han llevado años en resolverlos y obligaron a pagar millones de pesos a estudios especializados en la temática. Hay que tener sumo cuidado cuando se habilita esto.

Otra atribución que pedía era poder disponer personal de la administración pública y afectarlos a tareas de seguridad. Eso lo puede hacer el gobernador hoy por decreto, con la conformidad del agente. No necesita una ley. Muchas de las atribuciones que pedían en la ley de emergencia ya las tienen.

- ¿Están dispuestos a discutir tema por tema?
- Tema por tema y analizar las herramientas que se necesitan y como acceder a ellas.

- ¿Hubo diálogo después del 30 de diciembre?
- Hubo algunos contactos informales, no secretos, pero hay que hacerlo en una mesa, orgánica, transparente, convocados en las oficinas de los ministerios por los funcionarios que el gobernador designe e iremos legisladores de ambas cámaras. Se debe establecer un mecanismo de diálogo más fluido con Legislatura y especialmente con Diputados para poder avanzar en proyectos específicos, sobre todo los que alteran leyes fundamentales del estado santafesino.

- Lo dicen desde la bancada mayoritaria... darle gobernabilidad.
- Tenemos disponibilidad. Estamos dispuestos al diálogo, dispuestos a entender razones y a colaborar en la medida que estemos de acuerdo con las medidas legislativas. También necesitamos gestos concretos de no agresión. Si al mismo tiempo se largan sospechas infundadas de que militantes nuestros agreden la casa del gobernador (Omar) Perotti sin ningún dato; escuchamos que se plantea a nuestra gestión por no poder establecer un cronograma de pagos a los trabajadores del Estado cuando en situaciones similares nosotros hemos pagado y ellos también pueden hacerlo y casi por un capricho no quieren acceder a un adelanto bancario. Esto hace al clima y a la predisposición. Necesitamos ver del oficialismo una mayor predisposición al diálogo y una no agresión permanente porque eso complica la voluntad de quienes tenemos que juntarnos a entender las razones del gobierno.

Agenda

Hasta abril, la agenda legislativa la marca el Poder Ejecutivo por encontrarse la Legislatura en extraordinarias. Para mayo, Farías dice que el Frente Progresista todavía no acordó la agenda, pero por el perfil del bloque y la tarea que cumplieron varios de ellos en el gobierno de Miguel Lifschitz pone el acento en temas educativos, obra pública, ciencia y tecnología y la problemática social.

Siempre la reforma presente

- Cuando fueron gobierno empujaron con énfasis la reforma constitucional. ¿Lo harán ahora con la mayoría en Diputados o esperan que lo impulse el actual Poder Ejecutivo?

- Me parece que es parte del diálogo entre poderes. Cuando lo planteamos desde el gobierno con (Miguel) Lifschitz, lo hicimos convocando permanentemente a los partidos políticos, a los bloques, a la sociedad civil, a entidades intermedias, catedráticos, a todos los interesados o involucrados en el proceso. Me parece que hay que recorrer un camino similar que a lo mejor no necesite tener las mismas características porque hay cosas hechas. Hay que recorrer el camino del diálogo y la concertación porque la Constitución no puede ser fruto de una mayoría circunstancial que se logre en las cámaras legislativas, tiene que ser fruto de gran consenso, con una fuerte representación política y con fuerte apoyatura social.




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