Mario Cáffaro
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Una resolución del Ministerio de Gestión Pública determinó los nuevos procedimientos a seguir en el Poder Ejecutivo para tramitar todas las actuaciones administrativas relativas al dictado de decretos que lleven la firma de Omar Perotti. “Es un cambio sustancial en el manejo de la administración” dijo Rubén Michlig a Mirador Provincial ante la publicación de la resolución que lleva el número 1. “Una de las características de la gestión anterior fue generar estructuras políticas paralelas. Con esta resolución volvimos a los esquemas históricos donde los expedientes tienen un circuito por los canales formales de la estructura permanente del Estado. Se volvió al funcionamiento de la etapa de (Jorge) Obeid. El embudo son las direcciones de control técnico, la asesoría jurídica. Con esos informes favorables los expedientes pasan a la Secretaría Legal y Técnica” acotó el ministro.

El nuevo ministerio de Gestión Pública tiene entre sus competencias “entender en el trámite administrativo y revisión del despacho que cursen al gobernador, los ministros y los secretarios de Estado, así como en el registro, protocolización, formación de índice y custodia de todo decreto que se suscriba”.

Michlig explicó que “se procura uniformar y sistematizar debidamente los procedimientos, estableciendo criterios normativos sobre el diligenciamiento de las actuaciones según sea su estado y contenido como, así también, agilizar la tramitación en beneficio de la celeridad y prontitud de su resolución”.

De esta manera, se resalta que la Secretaría Legal y Técnica -que está dentro de Gestión Pública- tiene como función asistir al ministro en la revisión de todo el despacho así como entender en el registro, protocolización, formación de índice y custodia de todo decreto que se suscriba.

Los caminos de los expedientes

En la resolución se determina que la Dirección General de Despacho y Decretos será el organismo responsable de la clasificación, tramitación y control de los aspectos formales del despacho que se eleva a la firma del gobernador, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General de Control Técnico Administrativo.

Cumplidos una serie de pasos determinados, dicha dirección remitirá las actuaciones administrativas a la Secretaría Legal y Técnica para su consideración y firma por el gobernador, o a las direcciones de Control Técnico-Administrativo y de Asuntos Jurídicos, cuando corresponda su intervención.

Se determina el pase directo a la Secretaría Legal y Técnica para la consideración y, en su caso, firma del gobernador, de las actuaciones administrativas por las cuales se tramiten decretos referidos a la promulgación o de veto de leyes; convocatoria a sesiones extraordinarias de Legislatura así como la convocatoria a elecciones. También la designación de autoridades superior, personal de gabinete, magistrados y funcionarios que requieran del previo acuerdo legislativo; reconducción del presupuesto; intervención de organismos descentralizados, entes autárquicos y de organismos públicos no estatales, así como designación de los interventores y de los representantes estatales; declaraciones de emergencia o desastre; asuetos y recesos administrativos, declaraciones de interés provincial y auspicio de eventos, acontecimientos o actividades de cualquier índole, así como imposición de nombre a establecimientos educativos cuando correspondiere.

También el pase directo de trámites de fijación de políticas salariales para los agentes y funcionarios de la Administración Pública Provincial, homologación de acuerdos paritarios y otorgamiento de licencias, justificaciones y franquicias en los casos en que corresponda su otorgamiento al Poder Ejecutivo. Además las autorizaciones a Fiscalía de Estado para producir allanamientos, transacciones y desistimientos en los juicios y procedimientos judiciales a su cargo y para efectuar depósitos judiciales.

En cambio otros 16 tipos de trámites deberán tener dictamen previo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, entre ellos la reglamentación de leyes, aceptación de donaciones de bienes muebles e inmuebles así como rescisión o revocación de contratos públicos.

Por última la resolución deroga otras tres dictadas por el ex ministerio de Gobierno y Reforma del Estado y por la secretaría de Tecnologías para la Gestión.

Receso y decreto

Del ministerio de Gestión Pública surgieron tres decretos que produjeron ruido políticos como son los que dispuso asueto administrativo para enero así como la revisión de los nombramientos. La opinión del ministro Michlig.

- ¿Este receso de enero genera un ahorro importante para el Estado?
- No, no está pensado en términos de ahorro. La idea era ponerlo en línea con el receso legislativo y las ferias judicial y del tribunal de cuentas y tener desde febrero todo el recurso humano.

- En el inicio de la gestión hubo dos decretos de revisión de designaciones que provocaron malestar.
- El de revisar las adscripciones ya se realizó; la gran mayoría volvió a sus lugares de trabajo, quedó un pequeño grupo que no lo hizo y si no lo hace, serán pasibles de sanciones legales. Son menos de 300 agentes los involucrados y entendemos que la adscripción es para cumplir una función.

El otro fue de revisión de decretos de nombramientos. Me remito al inicio de la transición donde pedimos un comportamiento fiscal en el marco de la ley de responsabilidad fiscal, particularmente el artículo 15 bis que dice que no se puede aumentar el gasto corriente en los dos últimos trimestres de gestión. Lo advertimos durante toda la transición y hubo actos violatorios de ese artículo. También hubo actos violatorios a la continuidad de contratos sin prestación efectiva. Fue necesaria la revisión, no es una caza de brujas. Hubo algunas subrogancias que se corresponden con personal político que cesó en el último tiempo.... Se revisa esto y en todo el proceso está el derecho de defensa de cada agente.