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21-01-2020 / Coparticipación federal

Los años "K" fueron los peores para las provincias

Salvo por la crisis de 2001 y sus consecuencias, desde 1993 hasta hoy los años de las administraciones de Néstor y Cristina mantuvieron deprimidas las transferencias automáticas de recursos a los gobernadores. Santa Fe no fue la excepción.


Ignacio Hintermeister
redaccion@miradorprovincial.com


Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal sobre coparticipación federal a provincias, revela que en Santa Fe -a excepción del año de la crisis en 2002- la administración nacional kirchnerista (2003 a 2015) le remitió los menores montos de transferencias automáticas como porcentaje de la recaudación total de impuestos nacionales, sin seguridad social ni comercio exterior.

La cifra osciló entre 3,1 y 3,5 % de esa proporción. En 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restituirle a Santa Fe el 15 % de la coparticipación que ilegalmente recortaron los gobiernos de Néstor y Cristina, el reparto trepó a 4 % y se mantiene en 4,1 % desde 2018.

Según repasa el Iaraf en el trabajo que firman Nadín Argañaraz y Ariel Barraud, las provincias fueron perdiendo "participación primaria" en los '90. Fueron los pactos fiscales de Menem-Cavallo para financiar el déficit de la Anses; fue entonces que se recortó el 15 % de la coparticipación a todas las provincias mediante "leyes convenio". Desde 2006 Santa Fe dejó de consentir ese recorte porque la seguridad social tenía superávit (se nacionalizaron las AFJP); pero Néstor y Cristina continuaron efectuando recortes unilateralmente al dinero de los santafesinos.

Córdoba, que también hizo el reclamo como Santa Fe, también se benefició con una sentencia de la Corte nacional. La demanda a la que fueron juntos Hermes Binner, Jorge Obeid y Carlos Reutemann tuvo su fallo a favor en noviembre de 2015, pero en la gestión Macri -si bien se restituyeron las cuotas mensuales- la deuda acumulada no se pagó. La administración Lifschitz calculó que -actualizada- es de unos $ 90 mil millones.

La Nación desestimó ese cálculo y ahora es otra vez la Corte la que tiene -en el manejo de sus tiempos discrecionales- el gatillo legal para decidir cuánto Alberto Fernández le pagará a Omar Perotti. La Casa Gris se escuda en esa indefinición, y mientras tanto le pide "adelantos" al gobierno nacional (su deudo) por $ 8 mil millones.

Menemato y después
El deterioro de las cuentas provinciales en general, frente al gobierno central, se produjo en los '90 junto a las transferencias de los sistemas de salud y educación durante el menemato. A eso se sumaron "la asignación específica de impuestos y la sucesiva inclusión de impuestos no coparticipables o con un elevado porcentaje no coparticipable (el caso del impuesto al cheque en 2001)".

Así, lo que era tradicionalmente mitad-mitad para Nación y provincias, pasó a ser 60-40 en detrimento de los distritos subnacionales. Hasta que llegaron los fallos como los de Santa Fe y el pacto fiscal del macrismo con los gobernadores. Eso más la restitución del "Fondo de Reparación Histórica" para Buenos Aires y un decretazo de Mauricio Macri que elevó del 1,4 % al 3,75 % (luego bajó a 3,50 %) la coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la excusa del traspaso de la Policía Federal.

De esta manera, durante la presidencia de Mauricio Macri, "la participación del consolidado provincias + CABA" en la coparticipación fue "la más alta de los últimos 27 años". Iaraf estima que "esta participación volverá a subir (o lo que es lo mismo, la participación del Tesoro Nacional volverá a bajar), en tanto que es el último año de restitución gradual de la precoparticipación". (devolución del 15 % a todas las provincias).

Récord "federal"
Detalla Iaraf que "La participación máxima de provincias en la coparticipación primaria fue de un 48,6% en 1993. Tocó un piso del 35,7% en el año 2002. Entre el año 2015 y el año 2019 la participación de las provincias + CABA en la masa de recursos recaudados a nivel nacionales (sin los recursos de Seguridad Social y del Comercio Exterior) aumentó nada más y nada menos que 9,1 puntos porcentuales, pasando del 40,5% al 49,6%".

Dos "ganadoras"
Iaraf resume que en los últimos 4 años "se pudo apreciar un claro aumento en la participación de las provincias en los recursos recaudados por impuestos nacionales, que tuvo como contrapartida, como no podía ser de otra manera, una resignación de participación del nivel nacional (Tesoro nacional y Anses)".

Explica el informe que "tres elementos clave contribuyeron a esta modificación: la restitución a provincias de la precoparticipación del 15% de la masa coparticipable bruta, el aumento del coeficiente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la reposición a la Provincia de Buenos Aires del Fondo del Conurbano Bonaerense bajo las condiciones del consenso fiscal de 2017.

"Si sólo se hubiera producido la devolución de la precoparticipación, el aumento de la participación de provincias en 2020 cuando se complete la misma no hubiera producido modificaciones en el reparto interprovincial. La suba del coeficiente de CABA y el Consenso Fiscal llevaron a que la mayor participación de las provincias se distribuyera asimétricamente a favor de CABA y la Provincia de Buenos Aires, respectivamente".

En porciones

El reparto de recursos entre el nivel nacional y las provincias se denomina distribución primaria, mientras que el reparto de los fondos que les toca a las provincias entre las propias jurisdicciones se denomina distribución secundaria. En ambos casos, considerados individualmente, se trata de "juegos de suma cero", es decir que en el reparto primario todo lo que ganen de participación las provincias lo resignará el nivel federal (y viceversa), y en el caso de la distribución secundaria, el aumento de la participación de una jurisdicción sólo podrá ocurrir si cae la porción que se lleva el resto.

En deuda

El sistema de coparticipación de impuestos actualmente vigente, está fundado en una ley (23.548 del año 1988) y sus modificatorias y complementarias, “las cuales -advierte Iaraf- están permanentemente sujetas a debate en tanto que no se apoyan en bases objetivas para establecer el reparto de recursos, a la vez que por mandato constitucional en la Reforma de 1994 debieran haber sido reemplazados en 1996 por un nuevo arreglo institucional”.




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