Guillermina Ferraris
[email protected]

Entre quienes marcharon el 9M junto al movimiento transfeminista local estaba Lara Linari, especialista en Derecho de Familia y en temáticas de género. Su mirada aporte elementos para comprender el trasfondo político y jurídico que hay detrás de la inacción del Estado ante el caso de Fátima y de la conferencia de prensa brindada por las autoridades judiciales. Además, se pronunció a favor de que en los dispositivos estatales se trabaje de manera interdisciplinaria e integral.

–¿Pensas que se podría haber evitado el femicidio de Fátima?

–Creo que la problemática de la violencia contra las mujeres, en cuya cúspide está el femicidio, evidentemente se puede evitar pero necesitamos que el Estado a partir de los tres poderes proponga otro marco de acción y de modo urgente. Más allá de los mecanismos existentes, hay muchísimas fallas que son del sistema, pero a la vez hay indiferencia de los operadores al abordar esta temática y acá vemos los resultados. En el caso de Fátima creo que no hubo articulación entre el Juzgado de Familia, la Fiscalía y La Casa de la Mujer, donde Fátima se alojaba; aparecen como compartimientos estancos y desincronizados y eso luce claramente no sólo para quienes trabajamos en la temática, sino para la comunidad que se llena de preguntas y no obtiene ninguna respuesta. La pobreza hace que toda situación de violencia sea doblemente compleja.

El Estado ausente también se evidencia en la inexistencia de subsidios para que una mujer que está en una situación de completa vulnerabilidad psicológica, porque está entrampada en el círculo de la violencia, pueda lograr cierto empoderamiento y cortar esa relación. Es el caso de Fátima y de muchas mujeres que por necesidad y no encontrar otras respuestas terminan por retomar el contacto con sus agresores, porque de otra manera no pueden sostener a sus hijes.

–Pareciera que se abordan los casos de manera aislada…

–No se aborda la problemática de modo integral, sino que judicialmente se limita la intervención a algunas acciones que sin seguimiento son ineficaces. El cumplimiento de cierto protocolo como ordenar el botón antipánico o el alojamiento en la Casa de la Mujer, no eximen de responsabilidad a los operadores si no hay un seguimiento del caso para contener a la mujer víctima de violencia respecto de todos los efectos de la misma, como un seguimiento de tipo socio judicial del cumplimiento de medidas impuestas al agresor.

Fátima había denunciado en muchísimas ocasiones, la última denuncia no era un hecho aislado, se fue dando una escalada de violencia que termina con el femicidio, y el desprendimiento de responsabilidades indica que no fue instrumentado ningún plan de acción preventivo y articulado real. Esto da cuenta de la poca importancia que para el Poder Judicial tienen los casos de violencia de género. Considero que es sumamente necesaria la creación de juzgados con especialidad en la temática y con operadores especialistas para el abordaje de políticas preventivas en casos de violencia de género.

Cabos sueltos

El relato construido desde la gestión estatal, tanto municipal como provincial, en coordinación con el Poder Judicial de Entre Ríos, tiene varias fisuras que quedaron expuestas durante las distintas instancias de difusión del caso. Un análisis político del relato evidenciado durante la conferencia de prensa que brindaron el procurador General, Jorge García, la procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, y el fiscal de Género, Leandro Dato, permite comprender el trasfondo de desidia y la forma aislada en la que se trabajó la prevención de la violencia de género ejercida por parte de Jorge Martínez.

–¿Qué lectura política hacés de la conferencia de prensa brindada por las autoridades judiciales que deberían haber evitado el femicidio ?

–Coincido plenamente con Rita Segato cuando expresa que hay problemas con la forma en que los jueces y fiscales perciben la violencia contra las mujeres en general. Un feminicidio no surge de la nada, surge de una sociedad violenta, cuyas relaciones de género son violentas y dentro de ese hábito violento de la sociedad, en la punta de esa pirámide aparece el feminicidio. Nos encontramos en un orden jerárquico, desigual, donde la mujer es siempre encaminada a una posición de subordinación y sobre ella cae una sospecha moral permanente. Algo que durante la conferencia de prensa pareció desconocerse pero realmente es gravísimo porque convierte al Estado en un Estado femicida. La evidente falta de perspectiva de género, desde el hacer y desde el discurso de la fiscalía nos indica que no estarían al tanto de que es obligación capacitarse en género conforme a la Ley Micaela.

Hay una frase que emitió el procurador García en particular, aludiendo a que “las leyes no pueden evitar la maldad”. En realidad desde el sistema penal sí hay cuestiones preventivas que se pueden trabajar, porque sino no tendríamos todo lo referido a las medidas de restricción. Creo que un alojamiento en la Casa de la Mujer con un seguimiento y contención profesional efectiva en el plano judicial, podría haber determinado que esto no suceda. No es tomar determinadas acciones, sino tomarlas en el momento oportuno y con un seguimiento adecuado y políticas públicas que acompañen, por supuesto.

Idiología

–¿Y estructuralmente, qué le pareció la posición de García?

–El Fiscal García evidenció su falta de formación en género cuando dijo que “por cada perverso o psicópata que somete a una víctima, igual que en los casos de abuso sexual, hay víctimas que están predispuestas a estas situaciones” responsabilizando y revictimizando nuevamente a Fátima por su femicidio, como ella misma fuera la culpable. Volviendo a Segato, queda demostrado que no existe un entendimiento real por parte de la autoridad máxima fiscal de lo que es esta problemática.
Respecto de lo que afirmó la Fiscalía, creo que hubo muchas incongruencias. Por ejemplo lo manifestado por Cristina Ingleson, SubSecretaria del Área de la Mujer y diversidad, y responsable a cargo de la Casa de la Mujer, cuando informa que el mismo domingo que Fátima no volvió a la residencia, ella dio conocimiento a la Fiscalía. Durante la conferencia de prensa la Fiscalía afirma que elles se enteraron el martes a las 8 de la mañana. ¿Qué pasó desde el domingo hasta el martes?

Otra observación importante es que durante la conferencia se habla de que los hechos que se le imputan a Martínez estaban marcados por violencia sexual, física y psicológica. No mencionan la violencia económica, de la que hablábamos anteriormente. Recordemos que al presunto femicida le encuentran una tarjeta de débito a nombre de ella. Es importante que se visibilice este factor porque la víctima es doblemente estigmatizada: por mujer y pobre. Es un factor clave que no mencionaron desde Fiscalía.

–¿Qué ocurre con medidas como el botón antipánico?

–Acá tenemos otro claro ejemplo de la doble opresión. Vamos a suponer que la persona que dicta la medida trabaja en el Poder judicial y cobra un muy buen sueldo, quizás es impensable para esa persona no tener datos en el celular. Pero tenemos que poder ver que el botón sirve, está bien que esté, pero no te asegura nada si no lo podes usar. Tenés que proveerle a la víctima de ciertos medios para que el botón sea efectivo, por ejemplo cargarle crédito en el celular que utilizará para activarlo. Forma parte de la cuestión social y económica porque cuando las mujeres víctimas de violencia además son pobres no cuentan con ciertas herramientas de base y esto es un doble flagelo.

De todas formas sirve para algunos casos concretos, pero si voluntariamente la mujer va al domicilio del agresor por una necesidad económica, evidentemente no va a activar el botón, ahí hablo de la desprotección económica de mujeres con hijos y la falta de respuestas estatales.
Quizás también haga falta un mayor control de las medidas que se dictan. El 14 de febrero Fátima denunció que Martínez estaba merodeando la casa de la mujer y no se tomó una medida respecto a eso…

Matriz

–¿Se repiten estas situaciones?

–En varios casos que he tenido, cuando se denuncia el incumplimiento de una orden de restricción, desde la Fiscalía exigen testigos como para corroborar que realmente sea así. Si bien hay garantías para aquel denunciado por violencia de género, el seguimiento no va en contra de la merma de sus derechos fundamentales, el seguimiento del caso es ver si realmente esa persona está trabajando sobre los hechos de violencia que cometió, si está asistiendo a la terapia que se ordena judicialmente, informes socioambientales. Hay muy poco control de eso. Formalmente podemos ordenar muchas cosas, pero realmente no hay continuidad ni un seguimiento de los casos.

–¿Qué te pareció el tratamiento mediático?

–Coincido con Segato en que la mayoría de los medios generan una espectacularización morbosa que lo único que hace es perpetuar la violencia. No hay un trabajo de sensibilización y concientización en absoluto, por el contrario se consolidan las estructuras de poder. No se evidencia en los medios una reflexión que permita entender de dónde surge esa violencia, cuáles son las bases de esa violencia que termina en un femicidio. El trasfondo social de la desigualdad de género poco se trata en los medios. Incluso ocurrió en este caso también, que se demonizó al movimiento feminista por hacer una vigilia en Tribunales para pedir justicia por Fátima y se acusó a las personas que participaron de la medida de haber roto los vidrios del frente del edificio. Por suerte ahora salió a la luz un video en el que se observa claramente que fueron tres varones, que no estaban siendo parte de la Asamblea Vigilia Justicia por Fátima.

La bronca sigue organizada

Luego del histórico 9M, amigas, compañeras, activistas transfeministas, conocidos y vecinos de Fátima Florencia Acevedo insistieron en reunirse este miércoles a partir de las 19 en los Tribunales de Paraná, para despedir a la joven víctima de feminicidio y profundizar el pedido de renuncia del funcionariado responsable en todos los niveles y poderes del Estado.

Prendieron velas en las escalinatas del Palacio de Justicia y volvieron a empapelar la puerta de entrada con el rostro de Fátima, el pedido de justicia y con los rostros de los funcionarios responsables de la desidia estatal que falló a la hora de dar protección a la joven de 25 años.

Al finalizar la intervención, y a pesar del descenso notable de temperatura, las activistas realizaron de manera espontánea una asamblea en la que se propusieron distintas estrategias para continuar con las exigencias al Estado.