Desde el bloque del Partido Demócrata Progresista en la Legislatura santafesina se ha presentado un pedido de informe solicitando al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático que comunique los procedimientos y controles que se están llevando adelante en materia de gestión integral de los residuos peligrosos que se generan en la provincia y son transportados para su tratamiento. Sabemos que estos mecanismos pretenden minimizar los riesgos relacionados con su manipulación y la reducción en la generación de los mismos.

En la agenda legislativa del diputado Gabriel Real los puntos relacionados con el medio ambiente son fundamentales y es por eso que este pedido de informe, aprobado en la sesión del jueves 7 de mayo, tiene el objetivo de conocer cuáles son las medidas y controles que se han establecido en la gestión integral de los residuos peligrosos que se generan en la provincia. De hecho, la ley 13.959, que es una nueva normativa, establece las disposiciones generales en materia de gestión integral de residuos peligrosos.

La ley enumera principios relacionados con la sustentabilidad y equidad para los ciudadanos y las generaciones futuras; la congruencia entre la adecuación de las normativas provinciales con las municipales o comunales; la prevención de las causas y las fuentes de los problemas ambientales; la precaución ante algún daño grave o irreversible evitando que la ausencia de información o certeza científica no se utilice como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos; el principio de responsabilidad que indica que el generador de residuos peligrosos es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición; el principio de subsidiariedad donde la Provincia tiene la obligación de colaborar en la preservación y protección del ambiente y el principio de solidaridad entre la Nación y las provincias.

“Se ha establecido el 5 de junio como Día del Medio Ambiente y esto es clave para seguir generando conciencia. El cuidado del medio ambiente debe ser política de Estado sostenida en acciones y controles concretos. Como indica la ley, la ausencia de información o certeza científica no puede ser excusa para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos. Las acciones deben estar enfocadas en impedir la degradación del medio ambiente y el control debe ser riguroso para que quienes estén generando residuos peligrosos sean responsables de los costos de la prevención y recomposición”, aseguró el legislador del PDP.