Guillermina Ferraris
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El domingo 7 ocurrió un suceso inédito y a la vez, errático, que volvió a poner sobre la mesa uno de los debates de siempre dentro de los movimientos feministas. Desde que los heterogéneos feminismos existen como tales, se da una controversia que parece ser eterna. Están quienes consideran que puede existir el trabajo sexual voluntario y que esta decisión debe respetarse y a la vez acompañarse. Por otro lado, quienes creen que toda mujer que realiza trabajo sexual en realidad está en situación de prostitución porque es una víctima del sistema patriarcal que las lleva a "trabajar con su cuerpo" (como si en el resto de las labores no se necesitara el cuerpo para trabajar) sin posibilidades de elegir.

Aparte están las trabajadoras sexuales que lograron sumarle otra arista a la discusión al hablar de “derechos” y que deciden hacer de la prostitución su forma de vida, su trabajo, su profesión y su militancia.

“Compartimos una excelente noticia para lxs Trabajadorxs Sexuales de Argentina en nuestra lucha por el reconocimiento de Derechos Laborales. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación creó el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular ReNaTEP que reconoce los trabajos a partir de saberes y oficios. Nuestra labor está incluida. Al inscribirnos podemos acceder a aportes jubilatorios, obra social, bancarización, comercialización y facturación formalizada”, se publicó el domingo en las redes sociales del sindicato de trabajadorxs sexuales AMMAR.

Sin embargo, a causa de la presión social que ejerció el sector abolicionista estatal, el reconocimiento del trabajo sexual encuadrado dentro de la economía popular, por parte del Estado, sólo duró unas seis horas. En diálogo con la Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, Georgina Orellano, profundizamos acerca del accionar estatal y sobre el debate por la compatibilidad del abolicionismo y la regulación del trabajo sexual en un mismo país. Según adelantó, a la brevedad habrá una mesa de trabajo para debatir la implementación del registro.

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) es el sindicato de trabajadores sexuales de Argentina. Se encarga de defender sus derechos y velar por los intereses de trabajadores sexuales. Está afiliada a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Entre sus reivindicaciones se encuentra la despenalización del aborto. Sus críticos le reprochan que sea proveedora de un discurso ideológico favorable a la trata de personas y el proxenetismo.

–¿Qué significa que figure el trabajo sexual en ese registro y cómo fue que se motorizó la iniciativa, más allá de lo que pasó después?

–La realidad es que por parte del sector de trabajadores de la economía popular ya se venía desde hace tiempo exigiendo, tanto al gobierno anterior como al actual, la creación de un registro.

Cuando nos comentaron la iniciativa, nos consultaron si queríamos estar dentro del registro, desde AMMAR dijimos que era importante poder figurar con el trabajo que nosotras realizamos, que está encuadrado dentro de la economía popular, que es impredecible, es un trabajo totalmente precario e informal, y es la manera en que el Estado justamente comienza a conocer las condiciones en las que nos encontramos. Pueden surgir datos importantes como cuántas somos, cuáles son nuestros ingresos, cuál es nuestra situación habitacional.

Lo fundamental es dar a conocer la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la informalidad y diseñar políticas estatales que puedan paliar la situación de precariedad.

–Una necesidad…

–Mirá, a pesar de que el registro duró cuatro o cinco horas, durante ese lapso temporal, alrededor de 800 trabajadoras sexuales lograron inscribirse, cifra que muestra una clara urgencia. Luego se dio de baja el registro completo, no sólo la categoría de trabajo sexual. No hubo explicaciones. El domingo por la tarde, el director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera, publicó en su cuenta de Twitter: “Con el Ministro Daniel Arroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado”. Y esa fue toda la información “oficial” al respecto.

Razones y prejuicios

–Lo que se vio mucho en la campaña abolicionista que se dio en redes sociales es a algunas referentes de este sector reivindicándolo. ¿Qué significa que desde el año 1936 Argentina se haya declarado explícitamente abolicionista?

–Con respecto a la declaración abolicionista es necesario contextualizar en el marco de cómo se dio esa adhesión de nuestro país. Fue en 1936, y estuvo dirigida a “proteger la salud pública”, así como la libertad y dignidad de las personas. Tenía un espíritu higienista, la ley pretendía la organización de la profilaxis de las enfermedades venéreas y su tratamiento sanitario en todo el país. Así, en relación con el control de las enfermedades de transmisión sexual pero también con un discurso que subrayaba la necesidad de dignificación humana y erradicación de la “esclavitud sexual”, la ley penalizó el establecimiento de locales donde se ejerza o incite la prostitución así como a quienes los regenteen. Con todo esto quiero decir que ser abolicionista no significa perseguir a las trabajadoras sexuales, significa perseguir el proxenetismo y abolir la prostitución y el delito de explotación sexual.

–Tal vez no sea aplicable a la circunstancia de ustedes…

–Nuestra situación es distinta, acá hay trabajo sexual voluntario. Nosotras hemos logrado construir una personería jurídica que defiende los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. Fue a través de un decreto firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en el año 2010, que se establece un marco laboral elemental. Es un paso adelante, aunque todavía falte mucho por hacer en materia de dignificación del trabajo.

Lo cierto es que no está regularizada, es decir, no existe ‘un patrón’ al cual reclamar derechos como salario, obra social, recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo. Por eso, estar en el ReNaTep nos habilitaría a percibir el salario social complementario, a acceder a programas de capacitación contra la violencia de género, encarar la terminalidad educativa, tener vacaciones, acceder a créditos, y otros derechos laborales, sociales y económicos.

Creo que nuestro planteo no es incompatible con la declaración abolicionista: de nuestra parte se trata de sumar derechos para paliar una realidad que vivimos. Acá estamos hablando de trabajo sexual voluntario, que lamentablemente se realiza en el marco de la ilegalidad y en la falta de acceso a derechos laborales.

La salud

–Y más allá de que no esté prohibido, no se garantiza la integridad o la seguridad de quienes deciden ejercer el trabajo sexual…

–Lo que pasa es que la mayoría de los gobiernos, se manejan con la lógica represiva. En Paraná, por ejemplo, que prohibió los cabarets y whiskerías. El problema es que no puede quedar sólo en eso, ahí falta una respuesta, desde el lugar estatal. En vez de violentar, discriminar y seguir excluyendo a las trabajadoras sexuales, hay que garantizar las condiciones dignas para ese trabajo. Yo me pregunto qué han hecho, cuáles fueron las consecuencias de los procedimientos llevados a cabo en esos cabarets, dónde están esas compañeras. Ahí se cierra el cabaret, todos quieren desmantelar redes de trata pero después nadie puede dar cuenta de qué pasó con esas mujeres, que son compañeras que trabajaron.

–¿Qué pasó con esta demanda del registro? ¿En qué quedó?

–Después de toda la campaña abolicionista estatal que se motorizó por las redes sociales el fin de semana, el registro quedó en stand by. Debido a la presión social ejercida, se dio de baja todo el registro, que incluía a todas las demás categorías, como los vendedores ambulantes, diarieros, cuidacoches, se ha quitado la posibilidad de que el Estado conozca la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

Lo que vendrá

Desde Desarrollo Social se llevará adelante una mesa de trabajo para debatir la categoría. Participarán los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Trabajo, Seguridad y Mujeres, Géneros y Diversidades; y las organizaciones sociales.

Mientras tanto, desde el sindicato de trabajadorxs sexuales enviaron el lunes una carta pública al ministro Daniel Arroyo que, en menos de 24 horas, fue acompañada por 4 mil firmas. “Sabemos que no es fácil enfrentar la presión de grupos que están en contra del reconocimiento de derechos para nuestro sector pero también sabemos que eliminar la categoría es eliminar la posibilidad de que un grupo de trabajadoras excluidas accedamos a derechos laborales. Muchas compañeras alcanzaron a registrarse. Solicitamos también que se reconozca a las trabajadoras sexuales ya registradas como trabajadoras de la economía popular, y se les garantice igualdad en el trato y acceso a todas las políticas públicas diseñadas por este Ministerio para los demás trabajadores de la economía popular”, reza el comunicado.

Sensaciones ambivalentes

Cuando se le pregunto a Orellano cómo continúa la situación respecto a la baja del formulario, la dirigente expresó que “la respuesta oficial del Ministerio de Desarrollo Social es que frente a todo el debate y las distintas opiniones que se generaron con respecto a las categorías que se incluyeron en ese registro del ReNaTEP van a habilitar una mesa de diálogo compuesta por cinco Ministerios y Organizaciones Sociales para poder generar un consenso”. En otras palabras, “el Registro queda en stand by hasta que se habilite esta mesa de diálogo y se comience a trabajar en la inclusión o no de ciertas categorías”.

“La gran mayoría de la que lograron anotarse guardó la respuesta del Registro; muchas sacaron capturas de pantalla porque para ellas era muy emocionante y sorprendente encontrarse con la categoría trabajadora, trabajador sexual”, indicó al añadir que “entonces estamos recolectando todo eso y analizando qué otra acción e iniciativa podemos llevar adelante desde el área legal de la organización”.

–¿Qué acciones?

–Es todo tan reciente y está todo tan tensionado que decir exactamente qué vamos a hacer es muy difícil. Porque actualmente se generó un canal de diálogo con el Estado. Y nosotras apelamos a seguir teniéndolo y a que esto se resuelva de la mejor manera posible. Dialogando con todos los sectores pero con nosotras sentadas en esa mesa.

Para nosotras es impensado que se abra un canal de diálogo con el Estado en donde se dispute la categoría de trabajo sexual. El peor escenario era quedarnos con el tweet y lo que ocurrió en las redes sociales.