02-07-2020 / No se nombra a Vicentin pero la medida está "en línea" con la posición oficial

El gobierno provincial intervino por decreto el Puerto de Reconquista

Con fecha del lunes -aunque sus detalles se conocieron ayer- el gobernador Perotti decretó la intervención del Ente Administrador Puerto Reconquista (Eapre), por el plazo de 180 días, y designó como interventor al Dr. Martín Sebastián Deltín. El documento no nombra a Vicentin, que tiene instalaciones en el lugar, pero formula una serie de críticas y ordena una auditoría.


Mirador Provincial
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Mediante el decreto 574, con fecha del lunes 29 de junio, el gobernador de la provincia, Omar Perotti dispuso la intervención por 180 días del Puerto de Reconquista, designó como interventor al representante del Poder Ejecutivo en el Ente Administrador (Eapre), Martín Sebastián Deltín. El funcionario ya había sido designado por Perotti en enero como el representante del Ejecutivo.

También, encomendó a la Sindicatura General de la Provincia a efectuar una auditoría integral del ente con facultades de ampliar los alcances de la intervención "en la medida que su proceder así lo justifique". Y le reclama al interventor designado que una vez concluida su tarea, "deberá elevar al Poder Ejecutivo conjuntamente con el informe de la Sindicatura General, un informe circunstanciado de las medidas adoptadas y a adoptar para dar cumplimiento a los fines perseguidos con el presente decreto".

Denuncias
En los considerandos, y partir de un informe del propio Deltín -ahora interventor-, se denuncian una serie de irregularidades y destaca, por ejemplo, que "la Terminal A, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde al año 2004". Y precisa que el sitio no efectúa un embarque desde esa fecha, no registra movimiento portuario alguno, no realiza depósito de cereales y afines, ni acciones tendientes al uso comercial, por sí o por terceros, configurándose así un apartamiento del destino comercial del puerto".

Hay una velada crítica a las autoridades anteriores por no controlar, pues -dice el decreto de la intervención- "esta situación, no solo representa un claro incumplimiento a concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual, sino que además conlleva responsabilidades de las autoridades del Eapre en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor".

Tras describir la utilización actual del resto de las instalaciones para usos particulares, se destaca que el Puerto "claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando solo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley en su art. 1: 'funciones de administrar y explotar los respectivos puertos, manteniendo el destino comercial' al momento de la creación del ente portuario y en su art. 8: 'queda vedado a los entes el otorgamiento de autorizaciones, permisos o concesiones que constituyan monopolios a favor de permisionarios o concesionarios".

Nombramientos vencidos, presuntas irregularidades en actas, falta de balances, son otros aspectos denunciados.

Embarque no registrado

El decreto también denuncia "el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador Cynthia, matrícula 01478, realizado el día 26 de Mayo de 2020".

Ríos del Norte

En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA, empresa con sedes en Avellaneda y Reconquista respectivamente.

Peligran dos proyectos de biogás de Vicentin

La empresa Vicentin tiene dos proyectos para generar energía eléctrica con biogás, a partir de los residuos orgánicos que produce la ganadería intensiva en un feed lot de la firma, cuyos plazos contractuales han vencido.

El sitio Econojournal indica en un informe que la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) ha quedado en condiciones contractuales de dar por caída las concesiones que le había otorgado a la aceitera, para el desarrollo de las centrales térmicas a biogás denominadas El Rey y Don Nicanor.

Está previsto que cada una de ellas aporte un megavatio con la quema de gases a partir el estiércol que se desecha en los feed lot llamado Los Corrales del Nicanor, así como de restos de todo tipo del frigorífico Friar, uno de los cuatro más grandes exportadores de ese rubro del país.

Cada central iba a necesitar de una inversión de 5,5 millones de dólares, en un esquema en el que resultaba clave el apoyo del programa Renovar del Estado Nacional, que fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Las centrales habían logrado un contrato con Cammesa que iba a pagar 169 dólares por cada hora de ese aporte de potencia (2 MW). Según Econojournal el precio promedio ponderado para proyectos de biogás de ese programa es de 159,9 dólares por cada megavatio inyectado al sistema, lo que muestra que se trataba de inversiones con sustento económico.

Sin embargo, como las inversiones previstas para 2017 y 2018 no se llevaron a cabo hoy Cammesa -que depende del Poder Ejecutivo Nacional- está en condiciones de darlos por caídos por ese incumplimiento.

El informe contiene incluso la cláusula de multa (1.388 dólares) por cada día de retraso en alcanzar la producción.

La Aceitera comparte otros proyectos en el sector de la generación de energía con la firma Juan F.Secco, que funciona en Avellaneda y quema la llamada vinaza de maíz, un subproducto de la industria aceitera que se aprovecha para alimentar una usina que produce 6 megavatios. Las empresas participantes invirtieron 8,8 millones de dólares y la entrega de energía al mercado mayorista fue habilitada en abril de 2019. Ese esquema de negocios contó también con el apoyo del programa Renovar y un precio incluso menor que los dos proyectos que no avanzaron: 160 dólares por megavatio.




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