31-07-2020 / No habrá fideicomiso

La Provincia se retiró de las negociaciones por Vicentin

Fracasó el acuerdo que había entre las partes para avanzar en la figura de un fideicomiso. Los directivos no están dispuestos a dejar sus funciones, que para el gobierno era una condición principal. Desde la empresa desmintieron que hubo un allanamiento a la sede.


Mirador Provincial
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El gobierno de Santa Fe le puso "punto final" a la estrategia de promocionar un fideicomiso en el marco del concurso de acreedores de la empresa Vicentín. En la audiencia de conciliación convocada por el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, los propietarios de la firma dejaron en claro que no están dispuestos a dejar sus funciones directivas al frente de la agroexportadora, que era una condición no negociable en la propuesta de la Casa Gris.

Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la Provincia, dijo al salir de la reunión que el encuentro "se dio en un marco de cordialidad" y agradeció especialmente al juez por haber habilitado la posibilidad. "Lamentablemente no hemos podido acordar por cuanto las dos condiciones que pretendían el gobierno nacional como la provincia de Santa Fe" no fueron alcanzadas.

El funcionario santafesino recordó que una de esas ondiciones "era que los directores actuales se apartaran inmediatamente de su gestión, de sus cargos, y han decidido no hacerlo". Explicó además que "en relación a las acciones que pedíamos sean transferidas en administración al fideicomiso, tampoco se ha logrado ese cometido".

Consultado si la "alternativa Perotti" -que contaba con explícito respaldo de Alberto Fernández- quedaba así descartada, Somaglia fue diplomático al señalar que por las negativas empresarias "hemos decidido dejar aquí la negociación, ponerle un punto" y "decir ésta es la línea de tolerancia.

"El juez como conductor o rector del proceso, en cualquier otro momento, podría convocarnos. Pero en este marco de negociación institucional es un capítulo cerrado", expuso el secretario de Justicia.

Por su parte Alberto Macua, vicepresidente del directorio de Vicentin, relató que la reunión recorrió un "diálogo muy franco" y sostuvo que "seguimos trabajando en alguna alternativa viable". Sin que se lo preguntaran, el empresario pidió: "por favor: desmientan, no hubo allanamiento a las oficinas de la empresa".

Sobre el tema del fideicomiso, señaló: "tenemos diferencias que habrá que trabajar. Fue un diálogo muy abierto y el juez volvió a ofrecernos el recinto para continuar con el diálogo. Veremos cómo evoluciona".

Respecto de la posibilidad de que haya un nuevo encuentro, Macua indicó que "puede haber una tercera reunión. Dependerá de la vocación de las partes".

Si bien no se ofrecieron detalles sobre las razones del fracaso, se descuenta que los motivos de fondo persisten. La "herramienta legal y financiera" exigía de parte del gobierno que los empresarios dieran un paso al costado en la administración, cosa que nunca estuvieron dispuestos a conceder, y que a su vez la provincia contraprestara con un financiamiento que en palabras del propio gobernador Perotti, Santa Fe no está en condiciones de aportar.

Desmienten allanamiento a la sede de Vicentin

El vicepresidente del Directorio de Vicentin, Alberto Macua, desmintió ayer que la empresa hubiese sido allanada, como consignaron medios desde Buenos Aires. La especie daba cuenta que la justicia federal realizaba un procedimiento en la sede central de la empresa Vicentin, en Reconquista, "en busca de información contable de la firma en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos". "Nadie allanó Vicentin, desmiéntanlo", dijo Macua.

La medida había sido dispuesta por el juez federal porteño Julián Ercolini a instancias del fiscal que tiene delegada la causa, Gerardo Pollicita, y tiene por objetivo acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, según informaron fuentes judiciales. La medida fue dispuesta en el marco de la investigación que se originó a partir de una denuncia basada en un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.

En el informe presentado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a grandes empresas.

En esta causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina -entre ellos su ex presidente Javier González Fraga- incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.

Se los acusa de haber otorgado -irregularmente- millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA -al menos durante el año 2019-, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba.

La investigación también abarca la presunta participación criminal de los empresarios de esas compañías, quienes del otro lado y en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.







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