Guillermina Ferraris
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A partir del jueves pasado, Entre Ríos se unió a la ola verde de provincias que presentaron proyectos de regulación para el uso terapéutico de la planta de cannabis. La buena noticia es que la ley presentada plantea unos cuantos puntos de avanzada en materia de derechos humanos para los usuarios y también la protección de las economías regionales y populares en materia de producción.

Su principal objeto es regular una realidad concreta que ya está ocurriendo: busca garantizar el acceso seguro a la salud a través de la planta y sus derivados. Propone las vías de autocultivo, el cultivo para terceros y también el cultivo comunitario o agrupado, es decir a través de asociaciones civiles o fundaciones. Además, habilita un registro de farmacias autorizadas a comercializar formulaciones magistrales realizadas a base de cannabis.

Consenso amplio

En ese sentido y en virtud de un ajustado diagnóstico de la problemática, la diputada Silvia Moreno opinó que “en mi recorrido conocí a las integrantes de Mamá cultiva, quienes relataban las dificultades que tenían para garantizar el tratamiento a sus hijos e hijas. Sus historias y la escucha constante a otras familias que demandaban esta terapia también hicieron que me vincule a médicos de la localidad y la zona, que reforzaban la necesidad de trabajar en este proyecto de ley”.

Sobre el proceso previo al diseño de la ley, la legisladora contó que se mantuvo “en diálogo constante con la diputada nacional Carolina Gaillard, quien desde hace años milita y se posiciona respecto a la importancia de esta ley en el ámbito legislativo” y que “con integrantes de la Asociación Pensamiento Penal y de la Agrupación Paranaense de Agricultorxs Cannábicxs, presentamos la propuesta a los diputados del Frente CREER”.

Principios fundamentales

Este ambicioso proyecto plantea dos principios muy vanguardistas que vienen a prevenir cualquier atropello contra la integridad de los usuarios. Sobre estos puntos, el abogado penalista Andrés Bacigalupo, coordinador de APP Drogas, explicó que “el principio de accesibilidad es el corolario de la protesta social, que provino de las ausencias y falencias de la ley nacional de Cannabis Medicinal anterior, la 27.350, con la nunca reglamentada autorización para autocultivar, o el registro a nivel nacional”.

Y continuó. “La falta de protección estatal en la calidad de los componentes del aceite y la falta de acceso de las personas al cannabis como producto o fito preparado (pero no proveniente del mercado clandestino) y también la imposibilidad de autocultivo conforman la respuesta a ese grito inicial de independencia que pidió la población de pacientes cannabicos con respecto a lo que el Estado no estaba garantizando”.

Por otro lado, profundizó en que “el principio de interpretación busca que en todas las interpretaciones que se hagan en el funcionamiento de la ley, siempre se termine privilegiándose el acceso al cannabis como así también todos los decretos reglamentarios o anexos que le hagan a la ley deben siempre ser interpretados de modo favorable al acceso”.

“Estamos convencidos de que trabajamos en la creación de una ley provincial de vanguardia, que pueda ayudar a miles de personas que son usuarios de cannabis para mejorar su salud y calidad de vida” reafirmó Moreno, al retomar el uso de la palabra.

Tiempos de cambio

Analizando cómo cambiará el escenario para las organizaciones sociales vinculadas a la materia si se aprobase esta ley como fue presentada, Tabaré Echeverría, integrante de la Agrupación Paranaense de Agricultorxs Cannabicxs, explicó que “la realidad actual es que las organizaciones sociales se encuentran bajo el manto de la clandestinidad y la ilegalidad. Para dar nuestro ejemplo: nos pasa que tenemos miedo de poder dar una mano a aquellas personas que necesitan un acceso a la salud urgente, porque no saben a quién acudir. Lo cierto es que tenemos que estar dudando de si contestar o no un mensaje, facilitar un contacto para conseguir un aceite o no, por el riesgo de la criminalización que esto conlleva y porque nuestra agrupación ya ha sido investigada, incluso ya se han pinchado nuestras redes sociales, algo que nos parece una clara vulneración a los derechos de los cultivadores y los usuaries de marihuana”.

Sobre la forma de amparar a las y los cultivadores, prevista en la ley, Bacigalupo explicó que “principalmente les garantiza un ámbito de protección y resguardo del cultivo, tanto de terceras personas como del propio Estado que lo prohíbe mediante el secuestro de las sustancias que considere ilegales”.

En la misma línea, Echeverría insistió con que “cambia el escenario completamente para las organizaciones porque empiezan a ser reconocidas desde el lugar de importancia que tienen con respecto a la información que han recopilado y estudiado. Pueden insertarse en el esquema de esta ley a través del cultivo comunitario”. También adelantó que “desde APAC esperamos poder insertarnos como una organización en tanto Asociación Civil que pueda proveer a sus asociados de materia vegetal, extractos, aceites y otras preparaciones en base a cannabis, tal cual lo prevé la ley, sin comercialización, para poder facilitar a esas personas un fitopreparado seguro, con información sobre cómo fue cultivado y preparado y sin precios que obstaculizan el acceso a la salud”.

De todos modos, quienes deseen consumir fitopreparados a través de las farmacias, deberán contar siempre con la recomendación médica para acceder. El uso medicinal o terapéutico de esta planta está vinculado a un seguimiento médico que acompañará ese proceso. La consulta con el profesional se vuelve ineludible para ir controlando efectos, dosis, costos/beneficios, etc. y a partir de eso ir readaptando su recomendación médica en la receta.

Formación y capacitación

Sobre la propuesta integral de formación transversal a todos los funcionarios estatales del poder judicial, Bacigalupo dejó en claro que “precisamente se busca trasladar la perspectiva de derechos humanos y políticas sanitarias, que vendrían a ser el espíritu de esta ley, también a las fuerzas de seguridad para que entiendan la nueva permisión que tienen las personas que se encuentran en el Registro que plantea la ley. Esto deja de ser una conducta reprimida como delito por la ley de drogas, ya que cuenta con la autorización”.

Singularidades

Sobre este punto, el integrante de APAC destacó que “si bien con información confiable y segura lo puede llevar adelante cualquiera, es un tipo de cultivo que tiene sus complejidades y por los propios ribetes de la prohibición, se vuelve dificultoso llegar hasta el final de una cosecha exitosa. Esto es así porque, por la prohibición es dificultoso por ejemplo comprar semillas feminizadas, por lo que muchas veces las semillas a las que accedemos son semillas regulares que tienen un 50% de posibilidad de salir machos o hermafroditas, que no sirven para los fitopreparados”.

Por otro lado, profundizó en que “para los cultivadores primerizos o novatos puede ser dificultoso el cultivo y la muerte de las plantas, ser algo común y convertirse en un obstáculo para el acceso a la salud, así como también la innumerable cantidad de plagas, cambios de clima, derivados del cambio climático, posibles insectos, posibles hongos que son muy probables dado el clima de Entre Ríos y su humedad o calor en la época de cultivo en exterior. El tema de los 3 domicilios permite tener un back up, es decir que, si llega a ocurrir algo con el cultivo que tenías en uno de los domicilios, puedas contar con el resto”.

Otro de las consecuencias de la prohibición pone a los cultivadores en el riesgo de ser robados por los famosos “cogolleros”, en la jerga cannábica son quienes esperan hasta el último momento de maduración de las flores para robarlas. “Por ello y por muchas cuestiones más que hacen a complejidad del cultivo, entendemos que no debe haber un límite de plantas y se deben garantizar las mayores facilidades para que las personas que deciden acceder de manera soberana al cannabis puedan hacerlo con todas las facilidades y sin tener que interrumpir una terapéutica cannabica por quedarse sin materia vegetal”, concluyó.

Los testeos

Consultado sobre el articulado referido a la garantía de los testeos cromatográficos, Tabaré explicó que “es muy importante el derecho a la información porque es algo vedado con respecto al cannabis, no sólo porque ha sido un tema censurado sino porque la misma Ley de Drogas ha previsto penas para quienes brindan información sobre la supuesta fabricación de estupefacientes, que en este caso serían los aceites y fitopreparados”.

“Las personas necesitan, quieren y tienen que poder contar con información segura que les dé certezas sobre las composiciones y cannabinoides de los fitopreparados, así como la presencia de terpenos. Creemos que es importantísimo que esto sea un derecho que se les garantice a los usuarios pero jamás una obligación. A quienes cultivan verduras en sus casas no va ni el Inta ni Bromatología a comprobar cómo se las cultiva y tampoco tiene que suceder esto con quienes producen fitopreparados, básicamente lo entendemos como una intromisión y un obstáculo para acceder al derecho a la salud”.

Con esta iniciativa también se busca que los y las usuarias puedan contar con información con la que normalmente no se cuenta, debido a la complejidad o las dificultades que acarrea el mercado negro actual del cannabis y donde hay mucha gente vendiendo productos adulterados.