Ignacio Pellizzón
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El sistema de transporte de Rosario está colapsando. Desde que comenzó la cuarentena, el 20 de marzo, los usuarios de colectivos poco a poco fueron optando por no utilizar más el servicio y trasladarse por medios alternativos. Esto provocó que los ingresos por corte de tickets se desplomaran, que los subsidios no alcancen y que los paros se prolonguen hasta más de 70 días acumulados en lo que va del año.

El conflicto con el transporte se convirtió en un asunto de agenda para el Concejo. Por eso, este jueves se aprobó una iniciativa del edil Eduardo Toniolli, que obliga al Ejecutivo municipal a realizar un informe anual de todos los indicadores del transporte urbano de pasajeros.

Entre algunos de los puntos que deberá exponer el Palacio de los Leones en su informe anual son, por ejemplo, la cantidad total de viajes mensuales de cada línea (discriminados en viajes pagos, trasbordos gratuitos, y viajes franquiciados); los kilómetros reales mensuales realizados por línea; la cantidad de contravenciones registradas por cada empresa (incluyendo incumplimientos de frecuencias, falta de unidades, limpieza, faltas de tránsito y otras); consumo de combustible mensual (y de energía eléctrica en el caso de los trolebuses), entre otros.

"Contar con esta información es entonces un aporte al control legislativo, pero sobre todo al control social de un servicio público fundamental, y su publicidad permitiría -por ejemplo- mostrar los incumplimientos y el deterioro del servicio prestado por una empresa que ahora aprieta con vehemencia al Estado", comentó a Mirador el concejal Toniolli.

Al tratarse de un servicio vital para la ciudad, la concejala Renata Ghilotti, integrante del Ente de la Movilidad, propone que se declare la "emergencia en el Transporte". La edila entiende que puede ser una oportunidad para repensar un nuevo plan integral de movilidad en Rosario.

"Hay una crisis muy profunda en el sistema de transporte, y hay que atenderla como una cuestión de emergencia", señaló, y agregó: "Entiendo que el pliego que hoy nos está rigiendo, ya en su momento era de muy difícil aplicación, y en este contexto todavía más. Sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros que se han bajado, producto de la pandemia. Por eso, seguramente, esto va a desembocar en un cambio de hábitos en la manera de trasladarse en la ciudad".

Las cifras
Los datos son inobjetables. Una encuesta realizada por la consultora Inmediata -a la que accedió Mirador Provincial- durante julio y agosto, junto con los números del último estudio de costos del transporte urbano de pasajeros publicado por el Ente de la Movilidad de Rosario, dan cuenta de la aguda crisis que vive el sistema.

De la encuesta se desprende que el 41% de los consultados tenía al colectivo como principal medio de movilidad antes de la pandemia, por encima del automóvil particular (32%), la moto (7%), el taxi (6%) o la movilidad a pie (7%).

A su vez, las medidas sanitarias adoptadas a partir de fines de marzo, con los consiguientes cambios operados en la actividad laboral y educativa, sumado a los días en los que hubo paro de transporte, invirtieron la ecuación: el 41% por ciento de los encuestados señaló la movilidad a pie como la que más utilizó durante la pandemia, el 28% el automóvil particular, el 5% el taxi, y solo el 4% tuvo al colectivo como el medio de transporte al que más recurrió.

"La situación económica está complicada para el sector. Dependemos de los subsidios para poder sostener el sistema", porque con la caída de usuarios y la falta de recaudación municipal, "se complejiza todo", explicó a Mirador la secretaria de Movilidad de Rosario, Eva Jokanovich.

Amenaza con irse
Por la crisis la empresa de colectivos El Cacique amenazó con dejar de prestar el servicio en Rosario el 31 de octubre y dar por extinguido el contrato de concesión si la Municipalidad no contempla algunas alternativas que le permitan sanear su golpeada realidad económica, severamente afectada por las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus.

Entre otras sugerencias y para poder aliviar sus cuentas, propuso que el municipio le asigne un fondo extraordinario que permita compensar el déficit y que se le pague por kilómetro recorrido y no por pasajero transportado. La empresa administra hoy 10 líneas urbanas: 112, 115, 122, 126,127, 131, 132, 138, 139 y 140.

El informe de once páginas que la compañía le entregó al municipio señala que "desde el punto de vista jurídico, podría asegurarse que el sector está en emergencia desde el momento del inicio de la concesión", y recuerda que el pliego licitatorio "no pudo implementarse desde el arranque", ya que se fue ajustando a distintas actas acuerdo que se fueron ajustando a distintas condiciones temporales.

"Durante el transcurso de 2019, y ante la imposibilidad de lograr el equilibrio prometido, el estado de situación crítica fue puesta en conocimiento y de manifiesto, no sólo al poder concedente sino también al Ente de la Movilidad y el Concejo Deliberante, a partir de distintas presentaciones instrumentales, de las que no hemos tenido ni respuesta ni resolución formal al día de la fecha", condenan en el documento.

Y agregan: "Con la llegada de la pandemia se impuso legal y socialmente el aislamiento social obligatorio decretado por el Ejecutivo Nacional con la consecuente desmotivación en la utilización del transporte público por riesgo de contagio, que se tradujo directamente en una sustancial reducción de carga de pasajeros y, por ende, de los servicios y de la recaudación".

El Cacique da cuenta -en el informe- de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 120 millones de pesos, de 14 millones con las obras sociales y el sindicato, descubiertos bancarios y de alquiler del predio que ocupa.

Y advierte que la empresa "garantiza la prestación de los servicios hasta el 31 de octubre, no siendo factible la continuidad desde esa fecha bajo estas circunstancias y sin las gestiones necesarias para ajustar el servicio para que se garantice no sólo el mismo, sino también la ecuación económica financiera".

Una de las propuestas que El Cacique expone como alternativa para sostener el contrato es que todas las modificaciones que se hagan al servicio, se realicen "sin ningún tipo de distorsión del equilibrio económico financiero de la concesión". Es decir que solicita que se le dé "participación directa" en las evaluaciones que se hagan para asignar "compensaciones" u "aportes extraordinarios".

Además, pide que se le asigne un fondo extraordinario "mediante una partida presupuestaria directa asignada al Fondo de Transporte, que no esté sujeta a ninguna variabilidad estacional, y de monto suficiente que permita compensar los déficits expuestos" y que se reformule el sistema de contraprestación cambiándolo por "pago por kilómetro recorrido" y no por pasajero transportado.

La UTA y el dilema de los fondos

Son más de 70 días de paros acumulados en lo que va del año en Rosario. La última huelga duró 16 días consecutivos. Es que los sueldos de los trabajadores dependen exclusivamente de los subsidios que la Nación envía. El servicio volvió a funcionar hace una semana gracias a que llegaron 105 millones de pesos que sirven para cancelar el 50% del sueldo de julio que se debía, el 50% faltante del aguinaldo y el 40% del mes de agosto.

Si bien es un aliciente, aún no se completó la asignación total de recursos. El gobierno nacional debía a la Provincia tres cuotas de 226 millones de pesos -la mayoría de las cuales son para Rosario- y había prometido pagar dos de esas tres cuotas, pero sólo abonó una. Alcanzó para levantar el paro, pero no para paliar la situación.

Es importante señalar que, en enero, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 14/20 que permitió los primeros convenios entre el Estado nacional y las provincias para que reciban el Fondo de Compensación y su actualización, lo que le permitió a Santa Fe casi triplicar las partidas que se recibían con anterioridad a diciembre del año pasado.

El 16 de junio se difundió la resolución 140, mediante la cual la Nación suscribe convenios con las distintas jurisdicciones del interior del país para continuar asistiendo al transporte. Luego de un debate en el Congreso, se ampliaron partidas presupuestarias, en las que se incluyó un refuerzo para lo que resta del año en materia de subsidios al transporte del interior del país, Por ley 27.561 se creó el Fondo Covid de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país por 10.500 millones de pesos ser transferida a las provincias y municipios.