Juan Chiummiento
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Este jueves, los más de 100 accionistas de la agroexportadora Vicentin definirán la nueva conformación del directorio, en el marco de una asamblea donde también se buscará la aprobación del balance 2019, un documento que hizo detonar los puentes con sus principales acreedores.

Con un frente judicial complejo, la tradicional empresa del norte santafesino se prepara para vivir jornadas difíciles, con un feroz lobby que no viene ya del Estado sino de poderosos actores privados.

Cuando el presidente Alberto Fernández anuló el decreto de intervención, Vicentin diagramó una agenda que apuntaba a recuperar la confianza del mercado, a través de una serie de señales que tenían dos hitos fundamentales: la presentación del balance y la renuncia del actual directorio. Sin embargo, el panorama, a 48 horas del recambio del management, es completamente diferente. Todo indica que el mercado ya le picó el boleto.

El hecho que demuestra más cabalmente el estado de situación es la presentación, por parte de los bancos extranjeros, de una querella en la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Rosario, para que se investigue el posible delito de estafa. Estas empresas, que reúnen créditos por más de 500 millones de dólares, no son de meterse en aventuras judiciales sin tener elementos de prueba contundentes. Para dar una idea de la importancia que le asignan al caso, un dato: los abogados patrocinantes de la querella (Guillermo Jorge, del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, y Alejandro Carrió, del estudio Carrió y Garay) residen en Buenos Aires, pero se matricularon especialmente en Santa Fe para llevar adelante la avanzada.

"El análisis de la información financiera de Vicentin, incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos (...) ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios (...) La información obtenida a través del Discovery en los Estados Unidos abona la hipótesis de que, en lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares", sostuvieron los bancos en un escrito al que se dio amplia difusión.

Como respuesta, la agroexportadora emitió un nuevo comunicado, en el que aseveró que el estudio legal que asesora a los bancos formuló una denuncia "sin sustento alguno", destinado a armar campañas mediáticas tendenciosas o falsas. Sin medias tintas, aseguró que detrás de la acción judicial está el interés de "uno de los bancos" (que no individualiza), que desde diciembre presionan por una propuesta de "venta y desguace".

Así como está clara la estrategia de los ejecutivos santafesinos, también se ve con facilidad la dificultad que la misma conlleva. Enfrente no está ya el Estado nacional, al cual no fue difícil plantearle una pelea en la calle, sino un poderoso lobby de pesos pesados del mercado, que incluye también a uno de los principales estudios de abogados de Rosario. La agroexportadora, igual, avisó que dará pelea: "No cederemos frente a amenazas o presiones indebidas".

Panorama difícil
Desde el norte santafesino no sueltan prenda sobre cómo se conformará el futuro directorio, aunque aseguran que será de "transición" hasta lograr reestructura la compañía, objetivo que entienden puede lograrse antes de fin de año. Se habló del regreso de parte de la "vieja guardia" (por ejemplo, Quito Vicentin), de la aparición de ejecutivos externos a las familias tradicionales y también del fortalecimiento de referentes actuales. Sin embargo, las versiones se limitan precisamente a eso: versiones.

Más allá de lo que suceda el jueves, el frente judicial comienza a ponerse más espeso para los integrantes del directorio. A finales de la semana pasada el fiscal Miguel Moreno -a cargo de la mencionada Unidad de Delitos Económicos- ordenó las primeras medidas en el marco de la investigación por presuntos delitos penales. Entre ellas la citación a prestar declaración testimonial al presidente Alberto Fernández, para que corrobore la existencia de conversaciones en las que Sergio Nardelli le habría confesado que varias firmas del grupo Vicentin se usaban como sellos "para contraer deudas".

En diálogo con este medio, desde la Fiscalía aseguraron que iban a avanzar "lo más rápido posible" en la investigación. Además de por los bancos, esa causa es también motorizada por un grupo de acreedores comerciales, que entregaron sus granos apenas unas horas antes de que Vicentin declarase su default.

Como si todo esto fuera poco, fuentes del Banco Nación -principal acreedor doméstico de la agroexportadora- indicaron que, en caso que la asamblea apruebe el balance 2019, sus abogados plantearán una demanda penal por el delito de "balance fraudulento". Esa presunción es compartida también por otros actores del mercado: así lo establecieron desde el estudio rosarino Robiolo & Asociados -que asesora a varios acreedores-, a través de un informe que marca que los estados contables del último ejercicio poseen "un enorme despropósito técnico, carente de toda realidad, lógica y legalidad".

El panorama, a 48 horas del recambio del management, es completamente diferente. Todo indica que el mercado ya le picó el boleto.