Hagar Blau Makaroff
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El gobierno de Entre Ríos deberá responder ante la Justicia de esa provincia por una serie de incumplimientos con la Ley Nacional de Ambientes, ya que una ONG rosarina desnudó que el Estado vecino no exigió nunca estudios de impacto ambiental a ninguno de los señalados por las quemas en las islas.

La organización no gubernamental Objetivo Rosario fue la que solicitó informes y al conocer la negligencia, presentó un recurso de amparo ante la Sala 1 de la Cámara civil y comercial de Paraná a cargo de la jueza Gabriela Mastaglia, para que se ordene el restablecimiento al estado anterior o la indemnización sustitutiva para un plan de acción, con un fondo de compensación ambiental que repare las tierras dañadas y evite futuras quemas.

Representada por el abogado Ignacio Del Vecchio, la ONG había solicitado a la provincia vecina "que respondan algunos cuestionamientos sobre las quemas que se estaban originando en su territorio de la isla y que afectaban a todos los ciudadanos del Gran Rosario", precisó el letrado en diálogo con Mirador Provincial.

Puntualmente querían saber si se les había solicitado los estudios de impacto ambiental que prevé la ley, si antes del grave daño del ecosistema se había elaborado un plan de remediación y/o mitigación del daño ambiental. Desde el gobierno "expresaron que no tienen constancia de la presentación de estudio ambiental por parte de los propietarios, y que no iniciaron ningún plan de remediación", aseveró.

Este estudio es importante ya que evalúa los riesgos en el terreno a intervenir, y la ley observa que ningún emprendimiento que requiera estudio ambiental podrá iniciar su actividad sin ser aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente.

La diferencia con otros amparos presentados es que "ellos hacen hincapié en el cese de la quema, que no se ha logrado aún, y que son amparos en reuniones y coordinaciones a través del Piecas entre las provincias y el Estado nacional". Mientras este recurso reclama que Entre Ríos tenga un presupuesto específico para que con herramientas técnicas y humanas adecuadas se pueda prevenir que este ecocidio no ocurra más, y evitar nuevas quemas en el futuro, aseveró el abogado.

El objetivo de la ONG es que este fondo de compensación ambiental sea creado por ley especial, con un presupuesto propio para que no sea limitado por el presupuesto ordinario provincial.

Ya son 47 imputados
La causa por los incendios se inició en el Juzgado Federal N° 1 en lo Penal de Paraná, y el juez a cargo Daniel Alonso precisó en diálogo con Telefe Rosario que hasta el miércoles había 20 personas imputadas y este jueves se sumaron otras 27 más.

Se están realizando las citaciones a cada uno, para el 2 de noviembre realizar las indagatorias, donde las personas sospechadas prima facie hagan su descargo sobre los ilícitos investigados.

La calificación legal de incendio y otros estragos puede conllevar de tres a veinte años de prisión, pena máxima si se verificara la muerte de una persona. En algunos casos de imputados que ya declararon, negaron que realicen prácticas de ganadería, pero muchos serían titulares de las tierras.

Consultado sobre declaraciones del intendente Pablo Javkin de que ciertos incendios fueron producidos por bengalas encendidas y tiradas desde avionetas, el juez Alonso aseguró que no tiene pruebas de tal cosa, y espera "con gusto que aporte los elementos que lo lleve a sospechar esta práctica para los incendios".

Otra vez señalan a los turistas
El juez Alonso sorprendió en su entrevista responsabilizando nuevamente a bañistas y turistas que usufructúan las costas isleñas: "Mucho del inicio fuego se ha iniciado cerca de la traza vial que acampan, y por imprudencias provocan incendios, pero lo que no logramos explicar hasta ahora son los incendios que se producen en el interior profundo de la isla, que es de difícil accesibilidad. Los propietarios deberán explicar por qué se han producido y qué medidas tomaron para evitarlo".

Destacó que es la Justicia en Entre Ríos nunca tuvo hasta ahora demandas ambientales por quemas en las islas, siendo la denuncia del intendente Javkin producida en marzo pasado la primera de varias. Las cuestiones ambientales son de jurisdicción provincial, pero la causa por las quemas es federal por ser interjurisdiccional, porque las tres provincias cuentan con terrenos en las islas.

El juez federal finalizó con un pedido "a los ejecutivos nacional y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, una mayor presencia en el terreno para prevenir y evitar los incendios nuevamente, porque la Justicia interviene siempre en las consecuencias, donde buscamos a los responsables, pero lo ideal sería que esos incendios no se produjeran".