Juan Chiummiento
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La crisis de la agroexportadora Vicentin sumó en las últimas semanas un nuevo capítulo. Se trata de un fuerte lobby, motorizado por importantes actores de la política y el sector privado, para trasladar la convocatoria de acreedores a los tribunales de Rosario. Aunque parece un objetivo difícil de lograr, la movida sumó el apoyo de sectores que hasta ahora se habían mantenido en silencio, al tiempo que despertó fuertes discusiones internas en la Bolsa de Comercio de Rosario, que este lunes se pronunció respecto al avance de la causa judicial.

El catalizador que generó estos movimientos fue la presentación del balance 2019, en el que la tradicional empresa del norte acusó una pérdida por más de 52.000 millones de pesos. Este movimiento había sido pensado como una "señal al mercado", pero provocó un efecto contrario: además de activar nuevas causas penales, terminó siendo la prenda de unión entre sectores que hasta ahora venían moviéndose por carriles separados.

Un nutrido grupo de acreedores, influyentes grupos de abogados y hasta el propio Senado santafesino le hicieron saber a la Corte su interés para que el concurso preventivo viaje desde Reconquista a Rosario. El momento no es casual: el Máximo Tribunal tiene para resolver un expediente que podría generar dicho traslado, luego de fallos adversos en primera y segunda instancias.

Fuentes judiciales consultadas por este medio aseguraron que las chances de lograr el objetivo son prácticamente nulas. Sin embargo, los impulsores del lobby vienen apostando a un operativo clamor multisectorial que le otorgue volumen al planteo. En esa línea debe entenderse el pronunciamiento unánime de los senadores ante un proyecto motorizado por Armando Traferri, que tuvo lugar dos sesiones atrás. En el texto se recomienda a la Corte "que opte por la solución que otorgue competencia a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario", sustentando esa postura en cuestiones como la actividad principal de los negocios, lugar donde se halla la mayor cantidad de acreedores, lugar donde radican la mayor cantidad de litigios contra la concursada y sitio donde se encuentran los principales activos de la concursada.

En tren de darle mayor respaldo a un eventual pronunciamiento del Máximo Tribunal se sumaron también otros actores de singular relevancia en el mercado granario, como el Centro de Corredores y la Sociedad Gremial de Acopiadores. Ambas entidades son parte importante de la vida institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), desde donde se emitió un comunicado que si bien hace un guiño a la causa no termina haciendo un pronunciamiento explícito al respecto.

A través de un comunicado, la BCR pidió este lunes que se aceleren los trámites judiciales relativos a la crisis de Vicentin, con el doble objetivo de disminuir el impacto entre los acreedores y favorecer el restablecimiento de las operaciones de la agroexportadora. "Creemos que el desarrollo del trámite concursal, en resguardo de la masa de acreedores, debe procurar disminuir en todo lo posible el durísimo impacto que la situación cambiaria e inflacionaria causa en las acreencias en trámite de verificación, y favorecer a su vez las medidas que impulsen el rápido restablecimiento de las operaciones de la empresa, las que será imprescindible que estén en manos responsables y con las habilidades y conocimientos necesarios", precisó la entidad.

Quienes están detrás del lobby son conscientes de la dificultad de su empresa. Sin embargo, por detrás de la movida aparece un segundo objetivo: pedirle a la Justicia que no haya una pesificación masiva de créditos que licúe el pasivo de Vicentin. Es que más allá de todos los condimentos que tiene el expediente, lo cierto es que lo que se está dirimiendo en el juzgado de Fabián Lorenzini es cuánto y cómo se honrarán las deudas. La próxima fecha clave es el viernes 13 de noviembre, cuando la sindicatura presente los informes individuales de cada una de las acreencias.

Al momento de solicitar su concurso, la agroexportadora denunció la mayoría de sus deudas en pesos, mientras que gran parte de los productores granarios, a la hora de presentar sus reclamos, lo hizo en dólares. Según pudo averiguar este medio, los tres síndicos se inclinarán por una postura más cercana a los deseos de Vicentin, amparados incluso por escritos presentados en el expediente por importantes acreedores (como los bancos extranjeros y la Afip). Parafraseando la famosa frase del ex presidente Eduardo Duhalde, el que prestó dólares, recibirá dólares y los que prestaron pesos (o granos), recibirán pesos.

A disposición de la Justicia

En su comunicado, la Bolsa de Comercio no esquivó el tema de las diversas investigaciones penales que se tramitan en varios juzgados. Todo lo contrario. Para la entidad es "de suma importancia que se arbitren los medios necesarios para el pronto esclarecimiento de las denuncias efectuadas, la consistencia y veracidad de la información de los estados contables presentados, la determinación de la antigüedad y el volumen de los pasivos por compras de mercadería en condiciones a fijar precios y su exposición en los balances".

En ese marco, la BCR dijo ponerse a disposición de la Justicia, a los fines de brindar "todo el conocimiento e información relativa al funcionamiento del mercados de granos que pudieran servir para dilucidar los hechos que eventualmente se investiguen, persiguiendo el fin último de defender los valores que desde siempre han primado en el mercado de granos".