Juan Chiummiento
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Las aguas del Cordón Industrial están nuevamente agitadas. A decir verdad, nunca dejaron de estarlas desde que el líder portuario Herme Juárez fue detenido en agosto de 2019, lo que desató una fuerte disputa por el manejo de sus dos históricos bastiones: el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín. Esta última es la que concentra las miradas actualmente, ya que una decisión de la Justicia Federal encendió una disputa millonaria en la que tallan empresarios, abogados, legisladores, el propio Juárez y los estibadores.

Horas después de que "Vino Caliente" saliera esposado de su casa en San Lorenzo, el gobierno nacional designó sendos interventores para el Supa y la cooperativa. A pesar que ambas gestiones naufragaron con más pena que gloria, fueron resistiendo los diversos reclamos de regularización, escudándose principalmente en la emergencia sanitaria, que impide realizar elecciones.

La cooperativa, un sitio clave
La situación comenzó a cambiar a mediados del año pasado, cuando Juárez logró que la Justicia diera marcha atrás con algunas de las imputaciones. En noviembre, selló un acuerdo con sectores opositores para regresar al gremio, integrando una comisión asesora que acompañe a un delegado normalizador del Ministerio de Trabajo hasta tanto se realice un nuevo comicio. Su meta ahora está puesta en la cooperativa, entidad que siempre actuó como mascarón de proa de su liderazgo por el volumen de negocios que maneja (hoy concentra el 60% del estibaje en los puertos cerealeros).

El objetivo de Juárez se contrapone a los intereses de la intervención, que en diciembre logró un fallo favorable de la Justicia para liberar fondos que estaban congelados desde 2019, lo que puso la interna al rojo vivo. Un grupo de socios denunció un intento de vaciamiento y pidió por el cese de la gestión de Roberto Pasqualino, un hombre de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cercano al diputado nacional del radicalismo Emiliano Yacobitti

Los trabajadores portuarios (que no responden a Juárez pero en esta empresa juegan en el mismo equipo) encendieron las alarmas por varios movimientos de Pasqualino. Entre ellos la designación como asesor de Daniel Machado, una figura con pasado en el peronismo de Villa Gobernador Gálvez (en tiempos del ex intendente Jorge González) y actualmente con estrecha cercanía con el empresario Guillermo Whpei, conocido en Rosario por su paso por LT3 entre 2013 y 2017.

Según reportaron diversas fuentes, la llegada de Machado fue el resultado de una negociación entre Whpei y el diputado nacional Marcos Cleri, cuya relación fluyó mucho el último tiempo. Para muestra un botón: en pleno debate del impuesto a las grandes fortunas, el empresario salió públicamente a manifestar su apoyo, en el marco de una reunión virtual con el legislador. La designación de la periodista Flavia Padín al frente de Radio Nacional Rosario también es señalada como fruto de esa relación.

Pasqualino obtuvo en diciembre el aval del Juzgado Federal Número 4 de Rosario (a cargo de Marcelo Bailaque, quien tiene la causa que inicialmente tramitaba en un juzgado de Campana) para liberar los fondos de la cooperativa, que estaban bloqueados desde el inicio de la intervención. El monto involucrado es de difícil mensura -las partes hablan de cifras muy diversas-, pero en sede judicial los trabajadores hicieron hincapié en el destino de 150 millones de pesos, que se habrían depositado en mutuales del grupo Unión, cuya cara visible es Whpei.

Reclamos de los estibadores
Los estibadores lograron que la semana pasada recalen en la región funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), ante quienes expusieron sus reclamos. Según se difundió, hubo expreso apoyo para regularizar la situación de la cooperativa. "Nos indicaron que estaban dadas las condiciones para hacer el llamado a elecciones", contó José María Ramón, uno de los trabajadores, que además se despachó contra Pasqualino y su equipo: "Están manejando un negocio que desconocen totalmente, que no están a la altura y que sobre todo, lo están vaciando", aseveró.

La intervención de la cooperativa cesa el próximo 12 de febrero, pero ello no significa necesariamente que haya un comicio previo. Nada es seguro en función del contexto político y sanitario. En estos días, desde el entorno de Herme Juárez se agita la posibilidad que allí también se conforme una comisión asesora de la cual participen todos los sectores en pugna.

Horas después de que "Vino Caliente" saliera esposado de su casa en San Lorenzo, el gobierno nacional designó sendos interventores para el Supa y la cooperativa. A pesar que ambas gestiones naufragaron con más pena que gloria, fueron resistiendo los diversos reclamos de regularización, escudándose principalmente en la emergencia sanitaria, que impide realizar elecciones.