Eugenia Delorenzi
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A poco de cumplirse 45 años de aquel trágico último golpe cívico militar del país, a casi 17 años de la anulación de las leyes de impunidad por parte del Congreso nacional, y a cuatro de haberse radicado la más reciente denuncia sobre los "Vuelos de la Muerte", la Justicia Federal se encuentra investigando la existencia de esta fatídica práctica, a través de la cual la Dictadura descartó cuerpos sin vida de víctimas del genocidio a las aguas del delta entrerriano.

La investigación recayó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, fiscalía a cargo de la Dra. Josefina Minatta. En ese marco, se realizaron inspecciones oculares en el Delta, recorriendo lugares marcados por algunos testigos; tratando de ubicar datos, lugares y restos para el avance de la investigación, cómo parte del proceso de verdad, memoria y justicia; mientras siguen buscando información.

Es así que la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay impulsa la investigación dirigida a verificar la realización de estos "vuelos de la muerte" y a la identificación de las víctimas de este procedimiento utilizado en la época del terrorismo de Estado para la desaparición forzada de personas en la zona del delta entrerriano del río Uruguay.

En efecto, la investigación se centra en precisar dónde fueron enterrados algunos de esos cuerpos, que de acuerdo a los testimonios de personas residentes en la zona, aparecieron flotando en diferentes cursos de agua. La búsqueda de esos cuerpos se realiza verificando las actas de los NN fallecidos por muerte violenta durante la dictadura, con apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Testimonios incorporados a la causa dieron cuenta de vuelos en la zona de Paranacito, lugares en que pobladores divisaron aviones arrojando cuerpos al agua. También en diferentes ríos y arroyos del delta entrerriano. Muchos de esos cuerpos flotaban y se quedaban atracados en juncales o llegaban a las orillas, según explicaron los testigos.

El 1° de febrero pasado, la fiscal Josefina Minatta participó de una inspección judicial en la zona de Arroyo Merlo junto con el juez federal Pablo Seró; la defensora general Julieta Elizalde; el integrante del EAAF Carlos Somigliana; la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Lucía Tejera; la representante del Registro Único de la Verdad, Mariana Larobina; y el director de Derechos Humanos del Municipio de Gualeguaychú, Matías Ayastuy. En el procedimiento brindó apoyo el personal de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval de Zona Bajo Uruguay. Durante la diligencia se realizaron tareas de geo referenciación y se recabaron nuevos testimonios dirigidos a individualizar posibles lugares de sepultura de las víctimas.

Un poco más atrás

En 2018, cuando Josefina Minatta se hizo cargo de la fiscalía federal de Concepción del Uruguay, donde había sido radicada la denuncia de un periodista, inyectó energía y las cosas comenzaron a tomar ritmo. Entonces, solicitó una serie de medidas que comenzaron a dar resultado recién a principios de 2020. "Entre ellas, aparecieron partidas de defunción, fechadas entre 1976 y 1983, de cuerpos NN a los que les atribuyeron muerte violenta, que aparecieron en la zona del Delta y que fueron inhumados en cementerios de la zona", había señalado la fiscal.

De aquellos documentos también se pudo determinar que las actas de defunción fueron firmadas por una misma persona: un médico que residía en una de las islas. El hombre falleció hace relativamente poco. Su viuda, sin embargo, fue citada para la segunda ronda de testimonios de la causa, que tuvo lugar el 17 de diciembre pasado. Ni ella ni el resto de los familiares de otras personas que "vieron cosas" y que están fallecidos, pudieron aportar demasiado. A todas y todos los que dieron testimonio de aquella jornada le costó recordar. Sus exposiciones dejaban palpar el miedo, el no comprender bien las consecuencias de revelar aquello que saben que sucedió, aseguraron fuentes cercanas al expediente.

Búsqueda de información

En ese sentido, el Municipio de la ciudad de Gualeguaychú inició una campaña de búsqueda de información, destinada a convocar a la población a aportar datos que pudieran conocer acerca de los "vuelos de la muerte" en el delta entrerriano.

Por otro lado, la fiscal federal Minatta inició gestiones junto a la Dirección General de Cooperación Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación para la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con fiscales de Uruguay, una herramienta de cooperación internacional prevista en el Acuerdo MERCOSUR.

El origen de la investigación

La causa se inició tras la denuncia de un policía que había trabajado muchos años en la zona del delta de Villa Paranacito. En su denuncia dio cuenta de cuerpos de personas que eran arrojadas al río en tambores rellenos de cemento, modalidad de ocultamiento de víctimas propia del centro clandestino Automotores "Orletti", principal enclave de la Operación Cóndor en nuestro país.

Asimismo, el periodista Fabián Magnotta, luego de publicar su libro "El lugar perfecto" que abordaba este tema, radicó otra denuncia dando cuenta de vuelos desde los cuales los cuerpos de las víctimas eran arrojados al rio, en la zona de los Ríos Bravo, Sauce y Ceibo.

A partir de ambas denuncias, se comenzó a investigar la trama de los vuelos de la muerte en la jurisdicción. Estos vuelos fueron un método de exterminio consistente en arrojar personas al mar desde un avión, que utilizó la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, con el fin de asesinar a los detenidos desparecidos y eliminar las pruebas del delito.

Detalles

En diciembre pasado, el periodista Magnotta volvió a testimoniar en la causa que encabeza la fiscal Minatta y está a cargo del juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró. "Aportó más información, porque siguió hablando con vecinos y vecinas y gente del lugar. Y también señaló posibles lugares de enterramientos clandestinos de los cuerpos que aparecieron en tambores", apuntó la fiscal. A partir de esa información, la fiscal solicitó nuevas medidas para intentar dar con esos tambores.

Ante el juez, la fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Magnotta indicó que en los cementerios de Paranacito, Ibicuy, Ceibas y Gualeguaychú "pueden estar algunos de los cuerpos que aparecían. Se habla de centenares. Muchos no aparecían pero otros muchos sí. Los que aparecían flotando en el río o en tierra, Prefectura o la Policía los recogía y se los llevaba", aportó.