Los fiscales de Rafaela dejarán de pedir apoyo al Organismo de Investigaciones

La fundamentación es la total falta de confianza en el trabajo de Marcelo Sain. Destaca el pronunciamiento que la actitud del ex ministro de Seguridad "ha socavado enormemente la confianza que debe depositarse en su función".


06-04-2021 / Decisión del regional Diego Vigo

El fiscal regional 5, con sede en Rafaela, Diego Fernando Vigo. instruyó a los fiscales de esa circunscripción judicial "que dejen sin efecto las colaboraciones requeridas al personal del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) cualquiera sea la región a la que pertenezcan". La drástica decisión se conoció a las pocas horas de la reunión de la junta de fiscales realizada el lunes en Rosario donde se analizó la situación derivada tras la finalización de la licencia de Sain quien exigió volver al cargo de director del OI donde había jurado en diciembre de 2018 tras ganar el respectivo concurso. El cargo tiene una plazo de seis años según la ley orgánica de ese instituto que depende del MPA.

 

La resolución de Vigo dispone además "la inmediata devolución de los legajos de investigaciones, documentos, objetos y todo otro elemento que se encuentre bajo custodia del OI, correspondiendo que -a tal efecto- se coordine por medio de los equipos de trabajo de cada fiscal y la secretaría de gestión de cada unidad fiscal". El tercer punto aclara que el OI "deberá finalizar las diligencias que se encuentren pendientes y no puedan suspenderse sin grave riesgo para el éxito de la investigación, de lo que deberá darse noticia inmediata al fiscal regional".

 

En los considerandos, Vigo recuerda que tras su renuncia como ministro de Seguridad, Sain pidió al fiscal general Jorge Baclini que le revoque la licencia que gozaba de director provincial del OI con el objetivo de retomar las funciones, pedido que le fue proveído favorablemente el 31 de marzo. Menciona las varias presentaciones críticas realizadas por el desempeño de Sain como ministro mientras tenía licencia como funcionario del Poder Judicial. "Todas ellas hicieron hincapié en la imposibilidad e inconveniencia de que el ex ministro acceda nuevamente al cargo que pretende, debido a varios hechos vinculados a su actuación como tal".

 

 

 

Vigo remarca además la impugnación de su par número 1, Carlos Arietti, quien impugnó ante la Junta de Fiscales la postura de la auditora general de gestión (María Vranicich) de no efectuar valoración alguna respecto de los planteos existentes. Arietti además insistió con el pedido de destitución de Sain por las faltas graves cometidas y la necesidad de proceder a su suspensión temporal.

 

Más adelante además de mencionar los argumentos de Arietti así como el planteo de 27 diputados, Vigo suma circunstancias verificadas en la intervención de Sain como ministro de Seguridad en aspectos vinculados a la regional Rafaela. "Se manifestó públicamente de manera inadmisible sobre la actuación de fiscales en una investigación sobre juego clandestino que se encuentra en trámite y a cargo de la Unidad Fiscal Especial, pudiendo agregar que integrantes del OI de la región 5 han prestado una colaboración activa a la realización de muchas diligencias (intervenciones telefónicas, allanamientos, secuestros, tareas de inteligencia) las cuales se extienden aún al día de hoy". También cuestiona la intervención del ex ministro tras los daños y agresiones al edificio de la fiscalía regional a fines del 2020.

 

Para Vigo, se exhiben "dudas legítimas sobre el futuro desempeño de Sain como director del OI, pues mal podría conducirse en el mismo sendero que el órgano fiscal -cumpliendo lo estipulado por la normativa- quien previamente lo criticó públicamente con vehemencia y de forma injuriante, expresándose incluso sobre materias que le son ajenas a su propia incumbencia".

 

También resalta que la actitud de Sain "ha socovado enormemente la confianza que debe depositarse en su función".

 

Comisión

Este miércoles se volverá a reunir la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que tiene en análisis el pedido de juicio político al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain. La reunión se hará sin invitados y será a los efectos de repasar la documentación  que ingresó en los últimos días y resolver posibles citaciones. La comisión aún no resolvió admitir el planteo de dirigentes de la Coalición Cívica pero tampoco lo archivó.

 

Decide Baclini

 

La Junta de Fiscales del MPA consideró el recurso de apelación presentado por el Fiscal Regional Carlos Arietti, contra el decreto de la Auditora General de Gestión (AGG) por el cual se declaró incompetente para intervenir como órgano disciplinario en las denuncias presentadas por el accionar del director del Organismo de Investigación (OI), Marcelo Saín.

 

La decisión de la Junta de Fiscales, que fue tomada por unanimidad, quedó plasmada en un acta que se rubricó al finalizar la reunión. Así, la Junta analizó si la resolución de la Auditora es apelable y decidió en sentido positivo. En segundo lugar, concluyó que "es el Fiscal General como superior jerárquico del MPA el órgano competente para conocer del recurso en cuestión".

 

 

 

La junta señala que "la impugnabilidad de la resolución de la AGG y el órgano competente para resolver la impugnación, no está expresamente regulado. Se genera así un posible escenario de vacío legal que, en el presente caso y ante la hipótesis de una situación que podría causar un gravamen irreparable en el caso de que existiera una presunta arbitrariedad del acto administrativo, considerando que la decisión de la AGG es una resolución negativa que dejaría sin potestad disciplinaria al MPA al declararse incompetente, y teniendo en cuenta además que, en tales supuestos, resulta saludable que se verifique la posibilidad de revisión del acto administrativo, amparada en principios republicanos de razonabilidad y control, máxime cuando se trata de una decisión formal; es que la Junta de Fiscales concluye que es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio".

 

El acta finaliza señalando que "las funciones asignadas por ley al Fiscal General reconocen expresamente atribuciones propias de la autoridad máxima del MPA, quien en consecuencia, ejerce aspectos de la superintendencia de la institución que habilitan a conocer en el recurso en cuestión".

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