Ignacio Pellizzón
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Con dos propuestas para reformular el Código de Falta de Rosario, la presentada por el propio Ejecutivo y la del concejal del PRO Roy López Molina, el Concejo se apresta a debatir próximamente los más de 300 artículos que pretenden armar un nuevo esquema de convivencia.

La intención es que con los cambios se puedan eliminar “grises” que hoy existen por falta de adecuación a las nuevas conductas sociales que rigen en la ciudad. Asimismo, el covid-19 también entra en el juego y en diversos artículos se contempla la posibilidad de generar nuevos canales administrativos que eviten el contacto humano.

Uno de las propuestas tiene que ver con reformar las vías burocráticas de juzgamiento de faltas. El proyecto oficialista pretende incorporar el juicio a distancia. Es decir que los infractores puedan hacer su descargo a través de su correo electrónico como si se trata de un juicio presencial.

Esta iniciativa también le otorga la posibilidad a los jueces de faltas para que puedan llevar a cabos sus sentencias sin la necesidad de estar frente a frente con las personas, evitando todo tipo de contacto en tiempos de pandemia.

También se busca incorporar la labor del procurador de faltas y del administrador en el nuevo Código de Convivencia. La intención que se pretende con esta modificación es que se pueda garantizar el seguimiento de los expedientes.

En este sentido, se contempla agregar un jurado vecinal, ante infracciones puntuales, en pos de que se solicite el juzgamiento de la persona imputada -cuando la gravedad así lo amerite- y se designe un fiscal para la intervención.

La propuesta de juicio a distancia se establece en el proyecto en el marco de las modificaciones al procedimiento contravencional. Además de la notificación al infractor para que ejerza su defensa dentro de determinados plazos -cinco días hábiles para radicados en Rosario-, se establece una vía “virtual” para hacer el descargo. Además de la tradicional presencia ante un tribunal, se introduce la figura de lo electrónico ya sea por medio de correo electrónico o por canales tecnológicos digitales o presenciales que disponga y habilite al efecto el Ejecutivo, explicó en las redes sociales el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago.

En su intervención, el funcionario considera, según la iniciativa, admisibles pruebas como documental, informativa, inspección ocular. El juez de faltas actuante podrá constituirse personalmente en el lugar de los hechos, solicitar pericias o informes técnicos y se podrán ofrecer hasta cuatro testigos, cuyos datos aportará la persona presuntamente infractora, y le corresponderá asumir la carga de su citación fehaciente.

En busca de un nuevo código
El 29 de marzo el intendente Pablo Javkin presentó en el Concejo municipal el proyecto que busca elevar penas, el uso de tecnología para la prevención y nuevos mecanismos para los tribunales de faltas. En voz del propio intendente, la iniciativa intenta poner en discusión un nuevo código de convivencia para contrarrestar la violencia, entre otros, uno de los temas importantes postergados por la pandemia.

Son más de 300 artículos que el Palacio Vasallo deberá debatir. Se destacan los relacionados a endurecer las sanciones para quienes incumplan con las disposiciones, atenten contra el espacio público y el mobiliario urbano; y, además, prevé faltas para quienes accionen contra el medio ambiente y la salud o ejerzan expresiones discriminatorias.

Añade, también, nuevos mecanismos de control haciendo uso de los avances tecnológicos y nuevas medidas que prioricen la prevención y la restauración inmediata del daño. Por ejemplo, las fotos y filmaciones de cualquier vecino podrán ser incorporadas al cuerpo de pruebas para que se generen las sanciones previa evaluación de los magistrados.

Con referencia a las infracciones de tránsito, se apunta al ordenamiento vehicular y a evitar picadas cuando Rosario está de luto por el reciente fallecimiento de un niño y su padre chocados por un vehículo que venía corriendo a altísima velocidad.

La iniciativa contempla multas no solo a conductores, sino también a peatones que no utilicen la senda peatonal o que no respeten las señales de los semáforos o las indicaciones de los agentes encargados de dirigir el tránsito.

Los “trapitos” tiene un capítulo especial. En él se pretende sancionar los actos que obstruyan o alteren la fluidez o seguridad del tránsito y las actitudes extorsivas o que se arroguen preferencias sobre el uso de la calzada sin ostentar autoridad, que apunta claramente a evitar las presiones que en muchas ocasiones ejercen los cuidacoches.

Otro punto clave es que los padres deberán pagar las multas de las infracciones cometidas por menores de 18 años o bien, acordar con el magistrado a través de una tarea comunitaria. Y sí se contemplan, por otra parte, iniciativas para la protección de la salud y la educación donde en cualquier tipo de agresiones como, por ejemplo, amenazas, insultos, descalificaciones, agravios, violencia, entre otras, contra médicos y maestros se duplicarán los montos de las multas para quienes incurran en esta infracción.