Ignacio Pellizzón
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Finalmente se reanudará el 27 de abril la audiencia imputativa que investiga graves delitos ambientales provocados por la empresa Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor). Hasta el momento solamente dos de los cinco implicados quedaron formalmente imputados en la audiencia que se llevó a cabo durante febrero en los tribunales de San Lorenzo.

Se trata del ex fiscal regional, Patricio Serjal, y el fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini. Mientras que los dueños de la firma, el empresario Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, representados por el abogado Mariano Cúneo Libarona, no fueron imputados dado que el juez actual, Carlos Andrés Gazza, considera que todavía sigue vigente una resolución del juez, Juan José Tutau, que extingue la acción penal contra ellos.

Justamente discutir la nulidad de dicha resolución será el principal tema a tratar cuando se reanude la audiencia en diez días, según confirmaron a Mirador Provincial fuentes ligadas a la investigación. Si bien se había anunciado la reanudación para el 5 de marzo, varias cancelaciones obligaron a que los tiempos se extiendan llegando finalmente a la nueva fecha dispuesta.

¿Cuál es la situación general? Serjal y Luzzini quedaron formalmente imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. Y a Patricio Serjal por omisión de persecución. A los titulares de la ex Electroclor los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pretenden imputarlos por contaminación dolosa y perjuicio al medioambiente.

Una de las hipótesis con la que especulan los fiscales tiene que ver con los motivos que habría tenido el exfiscal regional, Patricio Serjal, para haber aceptado frenar la acción penal contra la empresa, que habría ocasionado un daño ambiental irreversible. Allí concentran la investigación.

El comienzo de todo
El caso salió a la luz el 25 de marzo de 2015 cuando una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia señaló que la empresa Petroquímica Bermúdez SA incumplió los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.

Capitán Bermúdez vendría siendo contaminada por los residuos tóxicos de la ex Electroclor desde hace, por lo menos, siete años. Los desechos contaminantes, que se mantendrían a la intemperie en el terreno de la planta, lindera a Celulosa, estarían esparciendo toxicidades en el suelo, las napas y el aire.

La compañía fabricaba gas cloro como principal producto y como subproductos el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio. El gas cloro es un gas venenoso que también tiene características corrosivas por ser poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades, indica el informe, afecta las vías respiratorias al formar ácido clorhídrico con el agua de las mucosas nasales y una exposición mayor produce la muerte.

El propio municipio de Capitán Bermúdez detectó emisiones con los sensores de cloro y el 14 de enero de 2015 corroboró el mal estado de las instalaciones fijas, cañerías, compresores, motores, instrumental de control y tanques de almacenamiento de cloro, con gran cantidad de recipientes móviles para el traslado de cloro a clientes desperdigados por todo el predio, con cilindros oxidados por la sustancia corrosiva que contenían. En ese estado no es posible la producción de sustancias tóxicas debido al alto riesgo de generarse fugas de gases.

En este contexto, la empresa presentó un informe ambiental, pero la Secretaría de Medio Ambiente lo desestimó y solicitó otro sobre el pasivo ambiental de la compañía. De esta manera, el 16 de noviembre de 2016 la misma cartera provincial generó un documento sobre el estado deficiente de la empresa, que había dejado de funcionar en 2014. Se sospechaba que había presencia de residuos peligrosos. A la vez, se constató emisión de gas cloro que afectó a parte de los empleados de la firma lindera Celulosa SA proveniente de la ex Electroclor. Por esto, fue intimada al cierre seguro de su planta, pero no procedió a ello.

Cuatro meses después, el 27 de marzo de 2017, el aún gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, ordenó a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones que correspondiera contra Petroquímica Bermúdez para lograr el cese de cualquier actividad contaminante que constatara.

Esto derivó en una denuncia penal que tomó el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, que en septiembre de 2018 allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA. La intervención de un perito a instancias de Fiscalía de Estado, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.

Ledesma avanzó hacia una imputación, pero recibió a último momento la directiva del ex fiscal regional para favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal.

La idea que moviliza a los fiscales contra Serjal es que éste utilizó la decisiva influencia emanada de su cargo para no perseguir un delito gravísimo de contaminación constatada para la salud humana y el medio ambiente.

Cabe señalar que la empresa tiene presentado un plan de desgasificación que, con algunas sugerencias y observaciones, fue aprobado por el ahora Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y cuyas tareas ya iniciaron.