Ignacio Pellizzón | [email protected]


Las alarmantes cifras que presentó en el Concejo Deliberante de Rosario la secretaria de Movilidad municipal, Eva Jokanovich, sobre cómo se desplomó el sistema de transporte de Rosario por la pandemia fueron más que suficientes para que los legisladores acompañaran, en noviembre del año pasado, el proyecto del Ejecutivo para aprobar por dos años la Emergencia en el sistema.

Esta norma otorgó al intendente, Pablo Javkin, los llamados “superpoderes” para poder rever las licitaciones con las empresas de colectivos, rearmar recorridos, preparar frecuencias por demandas, entre tantas otras variables que se vienen poniendo en práctica desde finales de enero, cuando entró en vigencia la emergencia.

El hecho de poder modificar los contratos no es un tema menor. Se trata de uno de los puntos más controversiales de la nueva normativa. Fue el concejal justicialista Eduardo Toniolli quien puso el foco en esa herramienta clave con la que iba a contar el jefe del Palacio de los Leones, advirtiendo que la Municipalidad podría flexibilizar lo que el pliego les exigía a los privados (unidades, recorridos, frecuencias), en desmedro del usuario y que el “esquema de ajuste”, comprensible durante la pandemia, se iba a extender “hasta 2029”.

Además de votar en contra, el edil se sumó a la Comisión de Seguimiento de la Emergencia del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que también está integrada por el directorio del Ente de la Movilidad, los concejales Germana Figueroa Casas (PRO), Fabricio Fiatti (FPCyS) y Pedro Salinas (Ciudad Futura), un representante de cada una de las empresas prestatarias -Movi, Rosario Bus y El Cacique- y uno de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y representantes de los Ministerios del área de la Nación y la provincia de Santa Fe.

Derechos

Esta Comisión es la encargada de que no se avasallen los derechos de las y los usuarios de colectivos. Para ello plantearon reunirse periódicamente con los funcionarios municipales y solicitar información sobre los cambios que se realizaron o se pretenden llevar a cabo en el futuro para poder discutirlos y criticarlos, en el caso de que fuera necesario.

Aunque las reuniones comenzaron con una frecuencia estable en la que principalmente se debatió sobre cómo hacer un sistema económicamente más sustentable en medio de una pandemia, que obligó a que miles de rosarinas y rosarinos se bajen del ómnibus, hace más de dos meses que los miembros no son convocados por el Ejecutivo para brindar datos al respecto.

Consultados por Mirador Provincial, tanto el concejal Toniolli como la edila del PRO, Germana Figueroa Casas, quien también integra la Comisión de Seguimiento, ninguno está “al tanto” de si hubo o no “modificaciones” en los contratos con las empresas de colectivos.

Sobre posibles cambios en las licitaciones con las firmas de ómnibus, que podrían tener, quizás, alguna injerencia en el trabajo diario de los y las colectiveras de la ciudad, este medio consultó al secretario general de la UTA Rosario, Sergio Copello, si tenía conocimiento de algún ajuste en contratos, pero su respuesta fue contundente: “No tengo información al respecto y todos siguen trabajando igual que siempre”.

Desde la Secretaría de Movilidad, liderada por Eva Jokanovich, tampoco ofrecieron respuesta ante las reiteradas consultas de Mirador Provincial acerca de si se realizaron retoques en las licitaciones o contratos de las empresas de colectivos en el marco de la Emergencia aprobada.

Sin embargo, algunas fuentes consultadas señalan en off que se podrían haber realizado cambios dado que, de lo contrario, no se hubieran aplicado las fusiones entre algunas líneas de colectivos o cambios de recorridos y frecuencias, que al día de hoy siguen generando malestar en los usuarios del transporte público de pasajeros.