05-04-2017 Julio de Olazábal termina el mandato como fiscal general “Mientras haya una víctima pidiendo justicia, no voy a estar satisfecho” Afirmó que el nuevo sistema procesal penal funciona y está cumpliendo los fines perseguidos. La necesidad de adaptar los estudios universitarios y la preparación de los futuros fiscales. Mario Cáffaro [email protected] Julio de Olazábal termina este lunes su mandato de seis años como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y también su carrera judicial de 55 años, que lo tuvo como juez de instrucción y vocal de cámara penal. Desde la cátedra fue uno de los impulsores de la reforma procesal penal en la década del 90, aunque la sanción del nuevo código penal llegó recién en 2007 y la entrada en vigencia plena fue el 10 de febrero de 2014. A pocas horas de dejar el cargo, dialogó con Mirador Provincial. — Con su mandato, termina la primera etapa del nuevo sistema. ¿Ya camina? — Sí, camina. Se están cumpliendo los principales fines que se le asignaron: cumplir con la Constitución y eficacia. En cuanto a lo primero, recuerdo cuando íbamos a los primeros grados, las maestras nos enseñaban que el 25 de Mayo de 1810 mientras el Cabildo de Buenos Aires sesionaba, afuera el pueblo gritaba queriendo saber de qué se trataba. Fue la base de la república. Debió extenderse a todos los poderes del estado y por una serie de circunstancias eso no ocurrió con el Poder Judicial de la República Argentina. Mientras el Poder Ejecutivo, con sus más y con sus menos a través de la historia aprendió a dar cuenta a la población de lo que pasaba, y el Poder Legislativo lo mismo, el Poder Judicial se encerró en un sistema dominado por el secreto, el escriturismo, el expediente al que nadie podía llegar; las audiencias orales que se hacían eran con un lenguaje complejo. Todo era para que lo entendiéramos solamente los que estábamos en el Poder Judicial. No se cumplía con lo que decía la Constitución de que el pueblo quiere saber de qué se trata. Uno de los propósitos era resolver eso y se está resolviendo. Hoy, en la provincia de Santa Fe los juicios penales se están haciendo en forma efectiva, en forma pública -excepto casos muy especiales- y en forma oral con un lenguaje sencillo. Ahora, la justicia en Santa Fe está cumpliendo con el mandato constitucional de que el pueblo pueda saber de qué se trata. Esto trae algunos inconvenientes porque no siempre satisface lo que se resuelve, pero hoy la gente sabe lo que resolvió un juez, lo que dijo un fiscal, un defensor. Esto es una verdadera democracia judicial. El otro tema es la eficacia. Eficacia no es solo dar más condenas, eficacia es lograr más justicia, es lo deseable. Pese a que es verdad que no estoy satisfecho y que debemos mejorar los estándares -comenzamos sin tener cubiertos todos los cargos de fiscales creados por ley- sin embargo hay datos que nos permiten decir que ya está dando resultados. Se ha incrementado el número de condenas; no el número de juicios, pero eso es por los juicios abreviados y a través de ellos se está logrando una enormidad de condenas; quizás no lo estemos viendo ahora pero lo vamos a ver dentro de muy poco. Cuando nos hicimos cargo, la víctima nos decía que el imputado tenía una cantidad de antecedentes. Los fiscales mandaban a pedir la planilla de antecedentes y tenía entradas en la policía y no había condenas porque en el viejo sistema esos temas no se resolvían. Ahora se resuelven a través de abreviados con lo cual ya están empezando a producir la cadena a través de la cual esa gente reiterante tiene antecedentes y producirá efectos cuando, por ejemplo, se pide una prisión preventiva. Esto es eficacia más allá de que no estoy satisfecho porque -en mi convicción- mientras haya una víctima que esté pidiendo justicia no voy a decir que estoy contento con lo que se ha hecho. Soy conciente de que en Santa Fe sigue habiendo víctimas que están pidiendo justicia. Además de Constitución y eficacia otro tema que en el código prometimos y se ha cumplido es el de respetar los derechos de la víctima. La víctima antes era ignorada y molestaba en el tribunal porque no tenía participación; hoy las víctimas son escuchadas, oídas y esperamos que cuando se aprueben las reformas que discute la Legislatura se potencie enormemente esa figura. Hace cuatros o cinco años atrás, la gente que está en derecho penal y hablaba de la provincia de Santa Fe se les dibujaba una sonrisa y nos recordaban que seguíamos aplicando el código de Fernando VII; hoy en los congresos de derecho procesal, cuando otras provincias quieren hacer el cambio, les dicen vayan a Santa Fe a ver cómo lo hicieron. La hora del querellante — ¿Los querellantes se han apoderado del sistema como lo permite la ley? — No del todo. Los abogados fuimos formados en un sistema en que el querellante no tenía cabida y el único que podía acusar era el fiscal. Ahora que cambió, en muchos profesionales no se ha hecho carne esa realidad. Aunque cada vez hay más querellantes, advierto que todavía hay como un desconocimiento que se superará con la experiencia. — El código y el sistema fueron pensados y aprobados años atrás y ahora la sociedad parece más violenta, más conflictuada. ¿El código y el sistema están preparados para afrontar esta realidad nueva? —Antes se hablaba de leyes que se concebían para largos plazos. El código de Napoleón duró cientos de años porque había una sociedad con valores muy estables y las leyes se dictaban de acuerdo a determinados valores que se mantenían. Nos toca vivir una época de aceleradísimos cambios sociales y provoca que leyes no muy antiguas como nuestro código procesal penal ya necesitan reformas. Esos retoques ya han sido planteados en la Legislatura y espero que se resuelva pronto. ¿Y el sistema estaba preparado? Acá hablamos de recursos humanos y de todo tipo, relaciones entre protagonistas del código. Tampoco estaba preparado porque si bien hubiera podido ser mejor la puesta en funcionamiento en cuanto a recursos materiales y humanos, lo otro es la experiencia. Es como un auto, se sabe la tecnología, pero hay que sentarse al volante e ir viendo las reacciones. Nosotros tenemos el manual, había dudas, hubo discusión y se tomó la decisión de ponerlo en práctica al mismo tiempo y en toda la provincia. Destaco mucho la actividad de los fiscales que han hecho un esfuerzo enorme; recibieron críticas porque como cuestión inherente a la democratización de la justicia penal, aparecen las críticas y son inevitables. La formación de los fiscales —Una de las tareas que se dará ahora es formar fiscales. ¿El sistema universitario ha formado personal idóneo para este tipo de sistema penal? —No, y me animo a decir que ni las universidades del país ni las de Sudamérica por más que ahora están cambiando un poco en Chile. Nosotros trabajábamos bajo una idea que todos sabíamos que no se cumplía, pero que la ley lo decía. El código penal decía que debían perseguirse todos los delitos por igual, lo cual era irrealizable y relativamente desacertado porque cómo le van a dar la misma importancia al hurto de una birome que a una banda de narcotraficantes. El código decía que sí y todo funcionaba mal. La universidad enseñaba que todos los delitos deben ser perseguibles y no se preparó para que un grupo de personas estando en la fiscalía fijara políticas de persecución. Era una falsía. Cuando inicié mi mandato fijé una política criminal a seguir y el próximo fiscal hará lo propio para los próximos seis años donde priorizará políticas y recursos para responder a la demanda de la sociedad. —De las causas que entran no todas se persiguen porque se usa la selectividad. —Una selectividad razonable, racional. La selectividad existió en toda la historia de la humanidad. César Lombroso en Italia, a principios del siglo XX había descubierto que las cárceles italianas estaban cubiertas de presos pobres, incluso, marginales; medio siglo después, Edwin Sutherland en Estados Unidos escribió sobre el delito de cuello blanco demostrando que el delincuente no es solamente el morocho sino que también los blancos pueden serlo, sin embargo las cárceles siguen estando llenas de pobres. Eso es porque existía un proceso de selección perverso que caía sobre el más débil. Estamos intentando modificarlo a través de políticas criminales. Ya hemos tenido en la provincia casos de condenas en delitos de cuello blanco. Son pasos que se van dando. —Parecen la mosca blanca. —Son excepciones que antes prácticamente no existían. Cuando fui juez de instrucción y se trató de investigar el caso del Banco de Santa Fe se me terminó bloqueando, me quitaron la causa y no se permitió avanzar. Era un delito de cuello blanco. He hablado con el doctor Baclini y sé que su propósito es crear fiscalías especializadas. —¿Los fiscales están preparados para seguir estos delitos complejos? —No todos porque es un tema muy específico y por eso propendemos a la creación de fiscalías especiales, ejemplo: accidentes de tránsito, abusos, malos tratos, delitos económicos. Es inevitable la especialización. En cuanto al personal que lo asista ya está creado el Organismo de Investigaciones que tiene cuerpos especializados como, por ejemplo, para hacer levantamiento de pruebas en el lugar del hecho, en investigaciones complejas, en laboratorio. Está dado el primer paso y ese es el camino correcto. Sucesor El Poder Ejecutivo propone a Jorge Baclini para el cargo de fiscal general. Es hoy fiscal regional de Rosario. De Olazábal elogia a su sucesor. “Es una persona totalmente calificada para este cargo. Tiene el conocimiento necesario, es profesor universitario, pero además estos seis años estuvo al frente de la regional de Rosario y estuvo trabajando conmigo en la junta de fiscales. Reúne conocimiento y experiencia, me parece una personal totalmente calificada para ser nuevo fiscal. No habrá ningún tipo de trauma en la transición”. “Aunque faltan casos por realizar, el Código ya está dando resultados, muchos de los resultados pretendidos”. Julio de Olazábal Fiscal general El interregno La asamblea legislativa votaría este miércoles los pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de fiscal general y defensor general más varios de los regionales que también terminan sus mandatos en la semana. La excepción es la cabecera Venado Tuerto. Entre el vencimiento del mandato y la jura habrá varios días sin titulares. En el caso del MPA, la ley prevé que el cargo de fiscal general quedará en forma interina en manos del regional número 1 y por lo tanto Jorge Nessier será el responsable provincial hasta la jura de Baclini. También seguirá a cargo de la regional hasta tanto asuma Carlos Arietti. En Rosario, Nicolás Foppiani; en Reconquista, Rubén Martínez y en Rafaela, Diego Vigo estarán a cargo en forma provisoria. Martínez y Vigo están propuestos para ser titulares de esas regionales.