13-08-2019 Informe sobre desarrollo industrial regional Las provincias deben participar del diseño de políticas nacionales Un informe del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, cuyo autor es el docente Ignacio Trucco, señala que para contrarrestar la centralización económica y política en nuestro país es preciso transformar las instituciones rectoras del desarrollo económico y productivo, abriéndolas a la participación activa de las provincias, tal como ocurre en los Estados Unidos, sin ir más lejos. Mirador Entre Ríos [email protected] Apoyándose en datos aportados en mayo último por la Unión Industrial Argentina en un documento titulado “10 Propuestas para el Desarrollo Regional”, el trabajo contextualiza que “la riqueza, la actividad económica industrial y la dinámica demográfica se encuentran relacionadas y, en general, reflejan un elevado grado de concentración o asimetría regional”. Sin embargo, como se irá viendo, el Informe cuestiona cierta insustancialidad de los planteos de la UIA en tanto no reparan en la forma inconsulta en que el Puerto de Buenos Aires impone políticas para el resto del país ni asigna valor significativo a la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), en cuyos centros se tramita el desarrollo industrial. En efecto, luego de formular diferentes consideraciones, se postulan “ejes centrales” que debiera contemplar una “verdadera reforma orientada al desarrollo industrial de las regiones en Argentina”. Expresamente, alude a que “la organización centralizada del sistema monetario y financiero, y la incapacidad para establecer una estructura tributaria que respete la autonomía de las provincias, que cubra las necesidades de financiamiento de la trama del Estado, y al mismo tiempo no penalice la inversión privada y la contratación de fuerza de trabajo”. En ese sentido, al reparar en la compleja institucionalidad que organiza el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con fuerte presencia de los distintos estados, se deja constancia -por contrario imperio- de la “total centralización institucional” del sistema monetario y financiero argentino. “El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no tiene un vínculo institucional directo con los estados subnacionales (provincias) y los criterios regionales no son siquiera considerados en la composición de su estructura de gobierno”, se expresa, no sin agregar que “en este sentido, la independencia del BCRA en relación a la representatividad territorial y productiva, anticipa perfectamente la incapacidad institucional para soportar una estrategia de desarrollo con criterios territoriales” y, además que “los sistemas financieros locales dependen de sus propias capacidades para funcionar, desarrollarse en el largo plazo e, incluso, retener el excedente generado en cada territorio”. Hilos invisibles Para el Informe, “naturalmente, esto no hace más que facilitar el desarrollo de las fuerzas concentradoras del mecanismo de mercado y el direccionamiento de excedentes hacia los centros financieros y de consumo”. Va más allá, incluso. “En este sentido, si el federalismo como principio surge de un adecuado balance entre unión y representatividad, el centralismo es la autonomización del primero y la fragmentación de la autonomización del segundo”. Al subrayar la relevancia de que las propuestas discursivas tengan un correlato en la transformación de la institucionalidad reinante, se destaca que las decisiones de la Reserva Federal ha incorporado criterios regionales tanto en la designación de sus miembros, en las discusiones internas, así como también en las decisiones que toma”. El trabajo pone después la mirada específicamente en esa especie de atribución legal que tiene la Nación, generalmente con un acompañamiento automático y puntual del Congreso, para resolver por sí sola la marcha general de los asuntos, tanto para endeudarse y desendeudarse, como para constituir los déficit o tender a achicarlos o revertirlos, en un juego en el que los gobiernos provinciales sufren directamente las consecuencias pero no pueden influir de manera sostenida en el diseño de las políticas rectoras. Con distintos casos, se ejemplifica de qué modo la Reserva y los estados ricos y pobres forman parte tanto del diseño corriente de estrategias como de la decisión de establecer distintos tipos de auxilios que ayudan a resolver desequilibrios o anomalías puntuales. Es allí donde se indica que “la falta” de acciones concurrentes tanto para intervenir en la fase recesiva del ciclo como en la planificación del desarrollo “desata fuerzas centrípetas de acumulación del excedente y el reforzamiento de los patrones de concentración”. Por casa El caso argentino sirve para establecer comparaciones. “Al día de hoy, Argentina cuenta con una política monetaria y fiscal procíclica, basada en el ajuste fiscal para el restablecimiento del equilibrio del balance de pagos”, se destaca, al consignar que “la banca central es estrictamente centralista” y las “transferencias por coparticipación, en este contexto, son utilizadas para reforzar los patrones de concentración económica”. El Informe explica que “en este punto, debe observarse que Argentina sostiene desde comienzos de los ’90, en el marco del desarrollo de las políticas del Consenso de Washington, un sistema fiscal basado en la descentralización del gasto y centralización de recursos que, si bien supone transferencias entre provincias ricas y pobres, exige al mismo tiempo un necesario ajuste de los gastos provinciales a los recursos, federales o propios, implicando un grave problema de subordinación política, ya que esta asimetría no encuentra correlato en un sistema instituciones económica soberanas federalizadas sino centralizadas”. En ese contexto, “cualquier necesidad de financiamiento soberano, de corto (dado el ciclo económico) o de largo plazo (dado problemas estructurales de estancamiento), supone una negociación política de cada provincia con una instancia jurisdiccional exterior (nacional), es decir, sin implicación institucional”. Así las cosas,” no debería sorprender que impuestos con tantos efectos negativos como el impuesto sobre Ingresos Brutos, ganen terreno en aquellas provincias que pueden hacerlo, ya que eso les permite, primero, mejorar los servicios básicos que prestan y, en segundo lugar, mantener algún grado de autonomía frente a un gobierno central cuyas decisiones en materia económica, por definición, son centralistas”. En este esquema institucional, las responsabilidades políticas no se ajustan a objetivos de desarrollo económico sino estrictamente fiscales, tanto hacia arriba como hacia abajo. “El desarrollo industrial con criterios regionales es prácticamente imposible en este contexto”, se advierte. “Las instituciones no se definen según compromisos de mediano plazo entre estados para el desarrollo territorial, sino a partir de responsabilidades de caja en un modelo de relaciones verticales y bilaterales entre cada provincia y el gobierno nacional”, se observa. En cambio, una mayor representatividad activa de las provincias en la panificación, ejecución y evaluación de acciones de corto, mediano y largo plazo está en condiciones de establecer un “proceso de desarrollo” que dependa más decididamente “del incremento de la productividad media en los distintos territorios argentinos”. Dos asuntos clave De los 10 puntos propuestos por la UNIA en mayo, el Informe se detiene en dos, consideradas “decisivas” para mejorar “la productividad a nivel sistémico”: la eficacia operativa del sistema de transporte y la generación de energía eléctrica. El análisis reconoce que se trata de “procesos de inversión que, naturalmente, implican la participación del Estado tanto en la inversión como en la construcción de sistemas institucionales que aseguren compromisos y responsabilidades de los usuarios, presentes y futuros”. No obstante, el Informe se pregunta si vale la pena enfocarse en estos aspectos específicos o es más constructivo reparar en que “el problema de la política industrial desborda los aspectos estrictamente horizontales del sistema económico” y, en ese sentido, “requiere articulaciones público-privadas para incidir en la productividad media de cada territorio, de cada encadenamiento, de cada sector, incluso de cada industria”. Ante ese panorama, no se dejan pasar que en el citado documento de la UIA no se atienda a un asunto clave: la fortaleza de los sistemas de Investigación, Desarrollo e Innovación sobre los que los sistemas industriales se apoyan. “En este sentido, se sabe a priori que el conocimiento no puede ser tratado como una mercancía ya que su producción depende, en algún punto, de la creatividad humana y, al mismo tiempo, la reproducción del conocimiento no tiene costos”, advierte, no sin apostar que “el conocimiento (en todas sus facetas, investigación, desarrollo e innovación) requiere de sistemas institucionales híbridos y allí radica la capacidad de los sistemas industriales de desarrollarse basados en la productividad”. La consideración tiene también un aspecto “a posteriori”, basado en la experiencia. “Las observaciones empíricas no han podido falsear la idea de que los sistemas de innovación industrial implican sendos esfuerzos estatales y mecanismos de articulación público-privado, para la toma de decisiones estratégicas”. Fue entonces cuando sostiene que “la UIA debería notar que resulta decisivo, tanto como (o más que) el transporte y la energía, la construcción de sistemas de innovación estratégicamente diseñados para fortalecer y/o construir circuitos industriales regionales que puedan apoyarse en el crecimiento de la productividad”, dado que “una agenda para el desarrollo industrial regional, sin ello queda herida en su origen”. Las conclusiones A la hora del repaso conceptual, el Informe advierte que “lamentablemente, la política para el desarrollo regional basado en la producción industrial no es tan simple como resolver los cuellos de botella del transporte y la energía y reducir la carga tributaria”. Además, en términos generales, “el sistema institucional actual, tanto monetario como fiscal, se orienta a la centralización económica y política en nuestro país, ya que la territorialidad no tiene estatus alguno en relación a la construcción de la política económica (esencialmente monetaria y fiscal)”. Se destaca allí que “de nada sirve la composición de instituciones económicas federales si el país en su conjunto no puede establecer una agenda para el crecimiento industrial basado en la productividad (construcción de sistemas de I+D+i)”. Y, del mismo modo, que “tampoco ésta agenda tiene demasiado futuro si aquellas instituciones (soberanas federales) no tienen realidad”. El análisis entiende que la Argentina “no puede avanzar en una política industrial con orientación regional y con probabilidades de éxito, si no aborda reformas institucionales que permitan la federalización de las instituciones económicas soberanas y la consolidación de una alianza público-privada con el objetivo de resolverlos cuellos de botella del transporte y la energía (como señala la UIA), pero también que sea capaz de construir sistemas de innovación industrial que permitan elevar la productividad en el mediano plazo y con criterio regional”. Un Centro con producción propia El Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER es un espacio académico de análisis e investigación aplicada sobre problemáticas socio-económicas locales y regionales. Su objeto es contribuir al fortalecimiento de la Investigación aplicada, la creación rigurosa de conocimientos y la promoción del debate público sobre temáticas relativas al desarrollo económico y social, con especial orientación a la provincia de Entre Ríos. El centro está abocado a la investigación aplicada en los campos económico-humanístico, tributario, financiero, contable, jurídico y matemático. Su director es Néstor Domínguez. El trabajo que compartimos se titula “Consideraciones sobre la política industrial regional. Breve análisis del Programa de la UIA” y es el informe N° 23. La versión completa de este y todos los anteriores puede hallarse en http://www.fceco.uner.edu.ar/?page_id=341.