11-09-2019 Finanzas provinciales La crisis pegó fuerte y generó un grave deterioro en las cuentas públicas de Santa Fe Según cifras oficiales, el déficit en la Provincia ya alcanza los 12.000 millones de pesos. Antes que por la cláusula gatillo, el rojo se explica por la caída de la actividad económica y el redireccionamiento de recursos que dispuso la Nación en 2018. Diciembre está cada vez más lejos para intendentes y presidentes comunales. Juan Chiummiento [email protected] Las esperables rispideces de la transición política santafesina pusieron sobre el tapete el grave deterioro de las cuentas públicas en la provincia, tanto del gobierno central como de los municipios y comunas. Más allá de las declaraciones altisonantes y los títulos rimbombantes, lo cierto es que en los primeros siete meses del año, la Casa Gris acumula un déficit de 12.000 millones de pesos, una cifra que preocupa a los equipos de Omar Perotti. En los ejecutivos locales, en tanto, ya nadie se sorprende por las dificultades para afrontar, no ya el pago de certificados de obra, sino también la liquidación de sueldos y los compromisos a proveedores. Si bien la cláusula gatillo está en el centro de la escena, un análisis más pormenorizado de los números marca que las dificultades se explican más por la fuerte caída de la actividad económica y un marcado desequilibrio en la distribución de recursos nacionales. Al menos así lo entiende Celina Calore, referente local del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), quien privilegia la lectura de los ingresos antes que los gastos para explicar la situación: “La firma del consenso fiscal, la ley de reparación histórica, el fin del fondo sojero y de los subsidios terminaron por pegarle mucho a los recursos”, opina. Antes de arrancar, Miguel Lifschitz había recibido un fuerte espaldarazo gracias al fallo de la Corte Suprema que inyectó fondos extra provenientes del 15% de coparticipación. Sin embargo, las medidas dispuestas por la Casa Rosada a lo largo de estos años prácticamente evaporó ese efecto inicial: según marca el Ceso en su último reporte, tras la crisis de 2018 “se produjo un conjunto de redireccionamientos de los recursos” que hizo que Santa Fe obtenga hoy -comparativamente con otros distritos- “un nivel similar de recursos que cuatro años atrás”. Este retroceso tuvo como contracara a la Provincia de Buenos Aires, la única que recibió en el primer semestre de 2019 más recursos nacionales que en 2018. Según cifras del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre coparticipación, leyes especiales y compensación por el consenso fiscal, percibió un 9,5% más que el año pasado. Santa Fe, en cambio, sufrió una retracción de 7,3%. Teniendo en cuenta la gran dependencia que tienen los Estados subnacionales, estas variaciones generan un duro golpe a sus arcas. A este argumento se debe sumar el peso de la severa crisis, que se advierte en la calle y terminan siendo un mazazo para las finanzas provinciales. Paula Rodríguez, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), explicó que entre enero y junio los recursos tributarios tuvieron un crecimiento del 42,2%, muy por debajo de la inflación interanual (56,3%). El panorama hacia adelante es aún más oscuro, ya que las principales series que le toman el pulso al consumo volvieron a caer: fue el peor julio en venta de 0 kilómetro de los últimos 12 años, las ventas de supermercados continúan en rojo, hubo una nueva merma en los despachos de cemento y el consumo de energía siguen a la baja, entre otros. Así las cosas, a esta altura vale la pena marcar una aclaración. A diferencia de lo que muchos ponderaron durante la campaña, Santa Fe no es una isla. Los efectos de la debacle se sintieron tanto acá como en el resto del país. Lo marca aún más el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), cuyo Indicador Sintético de la Actividad Económica arroja un resultado negativo peor que el Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec. “Al final Santa Fe no era tan distinta al resto de las provincias”, mencionó Rubén Michlig, uno de los integrantes de la transición por el PJ, en referencia al tema. El ex ministro coordinador de Obeid apuntó que “la cláusula gatillo no es el problema, sino que reside en el hecho de que hubo una decisión de sostener un nivel de gasto sin preocuparse por las consecuencias”. Su lectura coincide con la de la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos, que en su último informe sobre las cuentas santafesinas remarca que “el descenso de los recursos resultó más acentuado que el de los gastos”. De hecho, la inversión en obra pública creció en torno al 5% en términos reales durante la primera parte del año, motivado fundamentalmente por el contexto electoral. Según las cifras de la entidad, los gastos corrientes tuvieron una variación interanual negativa del 1,4%, en tanto que el rubro remuneraciones expuso un movimiento negativo del 4%. “No se puede aplicar una política anticíclica sin financiamiento. Agotadas todas las fuentes por los sucesivos déficit, eso explica básicamente la situación actual”, reflexionó Michlig, quien también marcó el grave panorama de municipios y comunas, más dependientes aún de las coparticipaciones. Panorama sombrío Efectivamente, el horizonte de los gobiernos locales es tanto o peor que el de la Casa Gris. Un claro ejemplo es el de la Municipalidad de Rosario, que como jamás en su historia reciente, días pasados emitió un comunicado de prensa anunciando el cronograma de pago a sus agentes. Parece que hubo alguna inquietud entre el sindicato y desde las usinas del Palacio de los Leones salieron rápidamente a calmar las aguas. Otro que abrió el paraguas en los últimos días fue el secretario de Hacienda de Funes, Ricardo Perrone, que también utilizó el mailing oficial para decir que “cada día es más difícil afrontar los gastos de la Municipalidad”, al tiempo que comunicó que el intendente cambiemista, Diego Barreto, logró un aporte del tesoro nacional para paliar la situación. Para completar un panorama que no distingue de partidos políticos, fue el intendente de Reconquista, el peronista Enrique Vallejos, uno de los primeros en advertir la calamitosa situación del erario: ya a principios de agosto, previo a las Paso, declaró por decreto la emergencia económica como una manera de formalizar el problema. Volviendo a Rosario, el envío de la gacetilla se encolumna en una estrategia de exponer públicamente la debilidad de las cuentas públicas, que se precipitó a mediados del mes pasado, cuando la intendenta Mónica Fein anunció una serie de medidas con el fin de achicar en 500 millones de pesos el déficit. Su intención es dejarle lo más ordenado posible el panorama a Pablo Javkin, que asumirá con el doble desafío de darle un nuevo aire a la gestión del Frente Progresista, pero sin las mieles de compartir bandera política con el gobierno provincial, gran inyector de pesos en las últimas gestiones. “Me imagino un tiempo de recursos escasos”, dijo Javkin en la entrevista que le concedió a este medio pocos días después de su victoria electoral. No son tiempos en que los políticos se pongan colorados para admitir el rojo en las cuentas. Ya son 30 los municipios y comunas que deben sueldos y aguinaldos a sus empleados. Estrategias A modo de bálsamo, los gobiernos locales tendrán nuevamente a disposición el 50% del Fondo de Obras Menores para afrontar gastos corrientes. Al menos así lo dispuso la Cámara de Senadores en la sesión del jueves 22 de agosto, aunque aún falta el aval de Diputados. El año pasado fueron 104 las localidades que hicieron uso de esta opción. Mientras esperan que lleguen los fondos, los intendentes apelan a diversas estrategias para aflojar la presión de la soga en el cuello. Se destaca por heterodoxa la decisión de José Freyre, que en diciembre dejará de comandar los destinos de Venado Tuerto, quien anda intentando vender unos caños comprados para una licitación que nunca se concretó. Pero también las hay de las más tradicionales, como recurrir a una mayor presión tributaria. Así encontramos el pedido de aumento del mencionado municipio de Funes, que solicitó al Concejo un incremento del 80% en sus tasas. O el de los intendentes de las localidades portuarias, que incrementaron a $ 400 la tarifa que le cobran a los camiones por circular en sus calles. Todo sea por llegar a diciembre. En los ejecutivos locales, en tanto, ya nadie se sorprende por las dificultades para afrontar, no ya el pago de certificados de obra, sino también la liquidación de sueldos y los compromisos a proveedores. Los efectos de la debacle se sintieron tanto acá como en el resto del país. Lo marca aún más el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), cuyo Indicador Sintético de la Actividad Económica arroja un resultado negativo peor que el Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec.