Mirador Provincial
[email protected]


Es una norma extensa, completa en su articulado y que aborda todas las complejas aristas de la violencia de género: el Legislativo de la capital provincial creó el programa de Igualdad en la Diversidad y Protección de la Violencia de Género, y un centro municipal de atención a la mujer (CeMAM). La misión es clara: activar todo un protocolo de actuación —preventiva y de acción directa ante hechos consumados— para la asistencia ante situaciones de violencia de género que pueden sufrir mujeres y personas LGBTIQ en la ciudad.

En concreto, la ordenanza despliega una batería de medidas para contraatacar el flagelo: primero, desde el CeMAM deberá brindar información a mujeres en situación de violencia de género sobre las acciones que ejecutan las instituciones policiales, judiciales, médicas, sociales o comunitarias, y asesorar a familiares o vecinos que alerten sobre situaciones de violencia. Se creará un equipo interdisciplinario de profesionales abocados a dar una asistencia integral, que hará un seguimiento de los casos, harán entrevistas y dará apoyo jurídico y psicológico.

Cómo se actuará
Los equipos interdisciplinarios constituirán un factor clave. Estarán integrados por abogados, psicólogos, y trabajadores sociales especializados para dar orientación, información y apoyo jurídico, psicológico y social. Brindarán atención en días y horarios hábiles —incluso habrá guardia pasiva que actuará en días y horarios inhábiles—. “Se garantizará la atención y acompañamiento de las situaciones de violencias de género las 24 horas”, dice la norma.

Sus integrantes tomarán contacto con las eventuales situaciones de violencia que lleguen a su conocimiento de oficio, “o bien por presentaciones espontáneas que hagan las personas violentadas o sus familiares”. El contacto con los equipos se realizará a través del Sistema de Atención Ciudadana (0800-777-5000), y en la oficina que se creará para que funcione el Centro de Atención a la Mujer. “Habrá operadores que registrarán el motivo de cada consulta y los datos personales para, de inmediato, derivar la situación al equipo. Ante urgencias, se dará aviso al 911 o al 107”, agrega.

Ya establecido el contacto con la persona víctima de violencia, se le realizará una entrevista, con el fin de “realizar un diagnóstico presuntivo sobre la situación denunciada o a denunciar; valorar el daño, diseñar alternativas de acción, establecer estrategias de intervención y brindar apoyo jurídico, psicológico y social, o realizar las derivaciones que correspondan”, dice la ordenanza. “Los equipos la escucharán, asesorarán, contendrán y le brindarán información, buscando que la persona denunciante pueda posicionarse en un lugar activo”.

Ante un caso de violencia evidente, “se solicitará el traslado de la persona perjudicada a las oficinas del programa”. En casos de urgencia, y cuando no sea posible el traslado de la persona denunciante, los equipos se trasladarán al lugar donde se encuentre la víctima en un móvil que garantice su seguridad personal. Si el personal de seguridad evalúa que están dadas las condiciones de seguridad, los profesionales se harán cargo de la situación y tomarán intervención.

Apoyo jurídico y psicológico
Los equipos interdisciplinarios brindarán asesoramiento jurídico especializado desde una perspectiva de género y derechos humanos. “Se trabajará en la construcción de las denuncias, las que serán efectuadas ante los centros territoriales de denuncia dependientes del Ministerio de Seguridad, comisaría de la jurisdicción o eventualmente a través del anoticiamiento al fiscal de turno dependiente del MPA”, precisa el texto sancionado.

Y con respecto al apoyo psicológico, los psicólogos y psicólogas que integren los equipos brindarán “un espacio de escucha y contención para la construcción de la estrategia de intervención y de denuncia, si correspondiere”. Aquellas situaciones que requieran un espacio terapéutico serán derivadas al centro de salud que corresponda al domicilio de la persona o al centro de asistencia a la víctima.

Revertir el drama
“Creemos que se institucionaliza en una sola ordenanza todas las políticas en la materia que se vienen realizando a nivel local desde hace algunos años. Ahora, las mujeres tienen una norma que ordena todos los procedimientos desde el Área Mujer y Diversidad municipal. Valoro el trabajo y los aportes al texto de Paula Spina, a cargo de esa área”, declaró en el recinto Alejandra Obeid (PJ - Santa Fe), que impulsó la iniciativa junto con Rossana Ingaramo (UCR-Cambiemos).

La justicialista recordó que en el país ya se registraron 238 femicidios, “y la provincia ocupa el segundo lugar en el ranking nacional: en lo que va del año, a septiembre, ya lamentamos 36 femicidios y se superó el número total del año pasado. Acciones como esta normativa, más aquellas que se impulsan desde las instituciones, pueden llevar a que esos dramáticos números se reviertan”, se esperanzó Obeid.

Ingaramo acompañó las palabras de su par justicialista. “Esto fue bien construido, con muchos consensos. El Área Mujer actual del municipio dejará tras el cambio de gestión un gran trabajo realizado con respecto a la ampliación de los derechos de la mujeres y la lucha contra la violencia de género”, ponderó.