Una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados recibió al fiscal general del Ministerio Público Fiscal (MPA), Jorge Baclini, y a cuatro de los fiscales regionales para analizar los alcances del mensaje del Poder Ejecutivo con modificaciones parciales al Código Procesal Penal santafesino con el objetivo de evitar la excarcelación de personas detenidas por la portación ilegal de armas de fuego.

La decisión de la Cámara de Diputados es escuchar muchas voces sobre el proyecto teniendo en cuenta la polémica que genera el tema. Las autoridades del MPA marcaron algunas diferencias con el mensaje, consideran necesario que haya una redacción más precisa sobre la temática y se comprometieron a enviar a las comisiones una redacción alternativa. El mensaje del Ejecutivo tiene tratamiento con un proyecto de Oscar Martínez (100% Santafesino) que apunta a modificar los artículos sobre peligrosidad procesal. La postura de los fiscales parece estar más cercana al proyecto de Martínez, dijo a El Litoral el radical Julián Galdeano (Juntos por el Cambio).

Baclini asistió al encuentro con los fiscales regionales Carlos Arietti (Santa Fe), María Eugenia Iribarren (Rosario), Matías Merlo (Venado Tuerto) y Diego Vigo (Rafaela). Los socialistas Joaquín Blanco (Asuntos Constitucionales) y Lionella Cattalini (Derechos y Garantías) encabezaron la reunión donde no asistieron los miembros de la bancada oficialista de ninguna de las dos comisiones.

"El criterio es importante para nosotros. Mencionamos que nuestra idea es que el proyecto corra más desde la perspectiva de peligro procesal y no como impedimento de excarcelaciones. Es algo técnico, pero es una forma de hacerlo constitucional", aseveró Baclini. Remarcó que actualmente los fiscales consideran "una política criminal grave" la tenencia y portación de armas de fuego. "En estos casos piden detenciones", señaló aunque admitió que a veces son los jueces los que no coinciden con ese pedido.

"Fue una buena reunión y se trataron varios temas" dijo Cattalini a El Litoral para reseñar que se habló desde el mensaje del Poder Ejecutivo, el régimen de disciplinamiento de los fiscales, el presupuesto del MPA y los cargos de fiscales vacantes. "Por supuesto le manifestamos el respaldo a los fiscales que están llevando adelante la causa por espionaje" detalló.

En lo referido al proyecto del Ejecutivo, los funcionarios judiciales elevarán una propuesta escrita de redacción. "No están de acuerdo con el mensaje propuesto por el Poder Ejecutivo, entienden que puede ser tildado de inconstitucional  y que se debe avanzar en la reforma del Código Procesal Penal especialmente en el capítulo de peligrosidad procesal" dijo la socialista. Galdeano confirmó el tenor del planteo de Baclini y los regionales.

El Poder Ejecutivo propone que los artículos a modificar serían el 219 y el 220. El primero refiere a las medidas cautelares no privativas de la libertad y el segundo a la procedencia de la prisión preventiva. En tanto, Martínez propuso discutir el tema y en septiembre del año pasado presentó su proyecto para modificar el artículo 221 que refiere a la peligrosidad procesal pero que nunca tuvo dictámenes de las comisiones. 

El mensaje enviado a Legislatura cita legislación comparada de otras provincias argentinas e incluso de países europeos para afirmar que "en todos los casos la facultad de elegir por un mecanismo u otro es del legislador provincial que se encuentra constitucionalmente facultado para hacerlo".

Cattalini reveló además que los legisladores hicieron un compromiso de analizar posibles cambios al régimen de disciplinamiento de fiscales y defensores, tema que preocupa a las cabezas tanto del MPA como del sistema de Defensa. En cuanto a las vacantes la socialista expuso la posición crítica del bloque ante la decisión del Poder Ejecutivo de no concursar los cargos de fiscales regionales de Rosario y Venado Tuerto, hoy ocupados por titulares interinos.

Procedimiento

El fiscal general Jorge Baclini afirmó que el procedimiento del viernes pasado en el Ministerio de Seguridad por presunto espionaje ilegal se hizo porque los fiscales de la ciudad de Santa Fe recibieron la información de que "se estaba destruyendo documentación" relacionada. Aseguró que en ese operativo encontraron documentos destruidos.

"Los fiscales ya van a mostrar toda la evidencia. El riesgo estaba claro. Fueron informados de que se estaba destruyendo información y documentación. Naturalmente eso amerita presencia inmediata. Se obtuvo documentación destruida", expresó Baclini en conferencia de prensa tras una reunión con legisladores.

El fiscal además ratificó que los legisladores hicieron el compromiso de re analizar el régimen disciplinario –en manos de la Legislatura– de sancionar a fiscales por presunto mal desempeño.  "Es una situación de condicionamiento. Pedimos que se revea cómo está regulada la ley. Hubo compromiso en que pueda ser analizada", señaló.