El juicio que se está desarrollando contra la empresa Petroquímica Bermúdez por presunto daño ambiental presenta importantes avances. Ahora podrán imputar por daño ambiental a los titulares de la firma Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego. Esto se debe a que la Cámara de Apelaciones de Rosario resolvió que se puede avanzar penalmente contra ellos tras dejar sin efecto la resolución del juez Juan José Tutau, que extinguía la acción penal contra los dueños de la firma.

Para los fiscales Matías Edery y Schiappa Pietra, los dueños de la compañía tenían que poder ser imputados en la causa porque tienen responsabilidad en supuesto daño ambiental. Hasta el momento, previo al fallo del Tribunal, solamente dos de los cinco implicados estaban formalmente imputados. Se trata del exfiscal regional, Patricio Serjal, y el fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini; por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. Y a Serjal por omisión de persecución. A los titulares de la ex Electroclor, los fiscales buscan que se los impute por contaminación dolosa y perjuicio al medioambiente.

“Que puedan ser imputados los dueños para nosotros es una gran noticia”, afirmó a Mirador Provincial el fiscal Schiappa Pietra, y explicó: “Antes de este fallo íbamos a tener complicaciones, pero ahora vamos a poder imputar, avanzar, acusar y llevar a juicio a estas personas. También es de resaltar que esta causa vincula a empresarios de altísimo poder y es clave que la Fiscalía la pueda llevar adelante”. La Cámara integrada por Georgina Depetris (presidenta), Carolina Hernández y Alfredo Ivaldi Artacho confirmó la resolución en un fallo de 68 fojas.

Es necesario recordar que el juez de San Lorenzo, Carlos Andrés Gazza, había declarado nula la resolución previa del juez Juan José Tutau, quien había determinado no avanzar con la investigación contra los titulares de la firma por orden directa del ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien fue destituido de su cargo y se encuentra rumbo a un juicio por corrupción.

¿Dónde se concentra la investigación? Una de las hipótesis que ratifican Edery y Schiappa Pietra tiene que ver con los motivos que habría tenido el exfiscal regional, Patricio Serjal, para haber aceptado frenar la acción penal contra la empresa, que habría ocasionado un daño ambiental irreversible.

El caso salió a la luz el 25 de marzo de 2015 cuando una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia señaló que la empresa Petroquímica Bermúdez SA incumplió los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.

Capitán Bermúdez vendría siendo contaminada por los residuos tóxicos de la ex Electroclor desde hace, por lo menos, siete años. Los desechos contaminantes, que se mantendrían a la intemperie en el terreno de la planta, lindera con Celulosa, estarían esparciendo toxicidades en el suelo, las napas y el aire.

La compañía fabricaba gas cloro como principal producto y como subproductos el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio. El gas cloro es un gas venenoso que también tiene características corrosivas por ser un poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades, indica el informe, afecta las vías respiratorias al formar ácido clorhídrico con el agua de las mucosas nasales y una exposición mayor produce la muerte.

El propio Municipio de Capitán Bermúdez detectó emisiones con los sensores de cloro y el 14 de enero de 2015 corroboró el mal estado de las instalaciones fijas, cañerías, compresores, motores, instrumental de control y tanques de almacenamiento de cloro, con gran cantidad de recipientes móviles para el traslado de cloro a clientes desperdigados por todo el predio, con cilindros oxidados por la sustancia corrosiva que contenían. En ese estado no es posible la producción de sustancias tóxicas debido al alto riesgo de que se generen fugas de gases.

En este contexto la empresa presentó un informe ambiental pero la Secretaría de Medio Ambiente lo desestimó y solicitó otro sobre el pasivo ambiental de la compañía. De esta manera, el 16 de noviembre de 2016 la misma cartera provincial generó un documento sobre el estado deficiente de la empresa, que había dejado de funcionar en 2014. Se sospechaba que había presencia de residuos peligrosos. A la vez, se constató la emisión de gas cloro que afectó a parte de los empleados de la firma lindera Celulosa SA, proveniente de la ex Electroclor. Por esto fue intimada al cierre seguro de su planta, pero no lo hizo.

Cuatro meses después, el 27 de marzo de 2017, el aún gobernador de la provincia Miguel Lifschitz ordenó a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones que correspondiera contra Petroquímica Bermúdez para lograr el cese de cualquier actividad contaminante que constatara.

Esto derivó en una denuncia penal que tomó el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, que en septiembre de 2018 allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA. La intervención de un perito a instancias de la Fiscalía de Estado, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.

Ledesma avanzó hacia una imputación pero recibió a último momento la directiva del ex fiscal regional Serjal para favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal.

La idea que moviliza a los fiscales contra Serjal es que éste utilizó la decisiva influencia emanada de su cargo para no perseguir un delito gravísimo de contaminación constatada para la salud humana y el medio ambiente.

Taller Ecologista solicitó formalmente involucrarse en la causa como tercería interesada, una figura jurídica que permite el ordenamiento jurídico justamente. Esta acción sería posible gracias a que en la ley general del ambiente reconoce la posibilidad de ingresar a un proceso que ya está iniciado como un tercer interesado. De alguna manera, esta figura viene a colaborar en la investigación, a instar acciones, entre otras, siempre dentro de las atribuciones que luego otorgue el juzgado.

La tercería fue presentada el año pasado y todavía está en despacho el expediente a la espera de una resolución del magistrado. Acto previo, se realizará un “traslado a las partes” para que todos “puedan dar sus opiniones” sobre la nueva incorporación y, finalmente, el juez Gazza pueda “tomar una decisión” al respecto, explicaron las fuentes a este medio.

La intención de la ONG Taller Ecologista es poder colaborar con la Provincia de Santa Fe en el control de las acciones que se están llevando a cabo actualmente en el predio de Petroquímica Bermúdez y luego poder avanzar en la determinación de cuál es el pasivo ambiental que quedó.

En relación al expediente, se espera quede firme la resolución del juez Andino, dado que fue apelada la misma por parte de la defensa.