Ignacio Pellizzón


“Beneficia a grandes inversores y, además, es mucho más permisiva que la ordenanza actual”, así calificó la concejala peronista, Norma López, al proyecto de ordenanza antilavado que presentó el intendente, Pablo Javkin, que deroga la normativa vigente.

Hace una semana el Ejecutivo hizo oficial la presentación del nuevo proyecto para controlar el lavado de activos en la ciudad. Se trata de un nuevo Sistema de Control Económico de Inversiones que derogará la ordenanza N° 9204, aprobada en 2014 y reglamentada recién dos años después, para darle paso a un nuevo método.

La nueva iniciativa, que ya se encuentra en el Concejo para su tratamiento, busca enfocarse en los fideicomisos inmobiliarios y la conformación de sociedades en la ciudad. “El objetivo es buscar lo que es útil en las investigaciones de los delitos complejos y en eso este proyecto hará un aporte importante”, afirmó Javkin en la presentación oficial.

“Toda la primera infraestructura que construimos para el mejoramiento de esta normativa tenía que ver con cómo operativizar el esquema de modernización digital de carga única y de no repetición de papeles. Es decir, el primer objetivo fue como poner a disposición esa información de manera más inmediata”.

Entre los ítems más importantes, se destaca la intención de ampliar la cantidad de rubros que serán controlados y el volumen de información y documentación a presentar ante los organismos que tiene jurisdicción en la persecución del lavado de dinero, como por ejemplo, Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Unidad de Información Financiera (UIF) y Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A su vez, se pone la lupa sobre titulares de chapas de taxis y remises, a raíz de que ingresó al Palacio Vasallo un informe oficial que expone que el líder de la barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, manipulaba varias chapas de taxis. Por eso, se pretende intensificar el sistema de alertas cuando se detecte que una persona, tanto humana como jurídica, cuente con más de dos licencias.

Ante este hecho, Norma López señaló a Mirador Provincial que van a proponer “modificaciones” al proyecto oficial. “No queremos que sea una ordenanza, que en realidad sea una venta de humo, que persiga más la posibilidad de comisión de delitos de lavado de activos sobre trabajadores y trabajadoras como taxistas y remiseros y beneficie en la investigación a grandes inversores y fideicomisos”.

La ordenanza 9.204, que es la que se encuentra vigente, exige una importante cantidad de información a personas jurídicas, fideicomisos, que “el nuevo proyecto no lo contempla”, aseveró y agregó: “Esto es algo que no podemos permitir. Por eso, vamos a exigir que todos los contratos sean investigados con la magnitud de lo que significa hoy el lavado de dinero en la ciudad de Rosario”.

Martín Rosúa del bloque Juntos por el Cambio también indicó a Mirador Provincial sus diferencias con el proyecto oficial. Cabe recordar que su espacio presentó una iniciativa para crear una Agencia de Investigación contra el Lavado de activos que dependa del municipio.

El edil entiende que el proyecto del Ejecutivo tiene “un error” sobre cómo está enfocado el tratamiento legislativo. “Usan un sistema ya existen de ordenanza antialvado, modificaron y ampliaron rubros nomas” y agrega: “Controlarán inversiones en Rosario en base a la información que te brinden las personas que van a realizarlas, por ende, las pueden dibujar. Este sistema que podría haber sido un buen puntapié inicial, se nota que fracasa”.

“Creo que el esquema elude ir contra la riqueza que proviene del hecho ilícito. Es un sistema que tiene una actitud pasiva ante delito de lavado, a diferencia de lo que plateamos nosotros que es una posición activa del estado municipal”, siguió.

“Nosotros planteamos convenios de intercambio de información, entrecruzamiento de datos, detectar incongruencias entre manifestación patrimonial y actividad económica y la posterior formulación de denuncias cuando detectás la presunta comisión del hecho ilícito”.

El proyecto de Javkin “no crea un área específica de expertos en la materia. Cada uno de los directores del área son los encargados de informar”. “Nosotros creemos que debe haber un área con abogados, analistas de datos y de mas, capacitados en esto”.

“Es muy importante de donde va a sacar la información. En esta iniciativa solamente se obtiene de los que vienen a invertir. Para detectar incongruencias necesitás más información que se consigue mediante convenios”, siguió.

Y cerró: “¿Qué pasa cuando no hay inversión nueva? Si el sistema tiene bienes, pero no invierte, el municipio no lo detecta con esta nueva ordenanza y, por último, no prevé recepción de denuncias por parte de particulares. Es un elemento interesante”.

Otro referente dentro del Concejo que también opinó al respecto es Juan Monteverde de Ciudad Futura. Si bien se mostró a favor de la nueva ordenanza, alertó en el portal Suma Política que para aprobarla debe haber “un debate serio”, porque “no estamos dispuestos a votar cualquier cosa”.

“La situación de la ciudad es lo suficientemente grave como para que, si el Concejo aprueba algo, lo que se apruebe funcione”. Por eso le apuntó a la ordenanza que actualmente está vigente: “Se demostró totalmente ineficiente, no hay un solo ejemplo que demuestre que haya funcionado”, agregó.

Y aseveró: “Aspiramos a que haya un área dentro de la Municipalidad a la cual todo el resto de las áreas le remitan la información sospechosa y que a partir de ahí se encare una investigación, con las potestades que tiene el municipio, que no son las del Poder Judicial pero son un montón. Con la información pública disponible, cruzando datos, aparecen maniobras sospechosas”.