Carlos Retamal


La jueza en lo Civil y Comercial de Rosario, Mónica Klebcar, dictó una medida cautelar en favor de una mujer que en mayo pasado fue víctima de una ciberestafa y le ordenó a dos bancos que restituyan el dinero que había desaparecido de su cuenta sueldo. El monto ya fue recuperado por la damnificada, quien ahora avanzará en una demanda por daños y perjuicios contra las dos entidades bancarias, entre otras cosas por no haber establecido procesos de verificación de identidad para evitar esos delitos.

La víctima es una profesional a la que el primer jueves de mayo pasado le depositaron los haberes del mes más una asignación por vacaciones. En la tarde del día siguiente, cuando ya todas las entidades crediticias estaban cerradas, al igual que las líneas de atención telefónica al cliente, le llegó un correo electrónico del banco Supervielle (del cual es clienta) donde se informaba que había realizado una trasferencia por una importante suma de dinero –alrededor de 0 mil– a una cuenta del banco Itaú.

Según dijo a este diario el abogado de la víctima, Maximiliano Toricelli, ella se presentó el lunes por la mañana en el banco del cual es clienta (Supervielle) y luego en otra del banco Itaú, ya que era en esa entidad donde se había realizado la transferencia.

En el segundo banco, del cual ella no es clienta, “le dijeron que la cuenta a la que llegó el dinero estaba abierta a su nombre, que se había abierto en forma online con un teléfono con característica de Buenos Aires, que tenía asociada una cuenta de correo electrónico que no conocía, y que la foto que estaba en la cuenta creada era la de un hombre. Eso está todo acreditado en el expediente”, contó el abogado.

Tras negar haber abierto una cuenta en ese banco, la damnificada pidió saber cómo se había hecho una apertura de cuenta sin el chequeo de todos los datos. Además, solicitó conocer el destino de su dinero. “Nos enteramos que la transferencia del dinero se hizo mediante varias operaciones, la primera de ellas, que fue la más importante, el viernes, y las restantes en el fin de semana”, agregó.

El abogado juntó todas las pruebas posibles y luego pidió una medida cautelar, que fue atendida rápidamente por la jueza Klebcar, quien a comienzos de agosto, a tan solo 3 meses de la estafa, ordenó que le devuelvan el dinero.

“Para nosotros quienes hayan hecho esa estafa contaban con información sobre el movimiento de dinero de la cuenta de la víctima, ya que se hizo un día después del depósito y en un horario en el cual hay evidentes fallas en los sistemas de seguridad del banco”, comentó Torricelli.

Si bien el dinero ya fue devuelto en su totalidad por ambos bancos, el proceso judicial no finalizó, ya que el abogado –por pedido de su clienta– inició una demanda por daños y perjuicios, por “privación del uso del dinero, daño moral y probablemente daño punitivo, porque hubo una conducta totalmente desaprensiva de las entidades bancarias, ya que le sale mucho más barato tener sistemas que no sean confiables, aun a costa de pérdidas, que gastar en sistemas confiables”, finalizó diciendo Torricelli.