Jorge Pavia


El conflicto generado entre los propietarios de campos inundados por la laguna La Picasa y el gobierno provincial, por la decisión de declarar de interés general y calificar como "servidumbre administrativa de ocupación hídrica" a aquellos lotes que se encuentren en los reservorios 6, 7 y 8 de dicha Cuenca, recrudeció en los últimos días. Según los productores, el problema resurgió cuando la Provincia rechazó los recursos de amparo que a mediados de este año se habían presentado para que no se avance hasta tener mayores precisiones al respecto.

Otro dato que tensó más la situación fue el llamado, con fecha del 4 de noviembre, realizado por el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Santa Fe - Distrito Sur, a sus afiliados, para dar cumplimiento al convenio firmado con el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. En él se detalla que la oferta laboral corresponde a "la mensura para Modificación de Estado Parcelario y Mensura para Constitución de Servidumbre Administrativa de Ocupación Hídrica de la obra: Obras Internas Cuenca Laguna La Picasa - Departamento General López".

La decisión de Provincia se basa en la Resolución 382/2022 decretada el 28 de abril pasado, la misma que en mayo desembocó en la presentación de 26 recursos de amparo, entre ellos el del Comité de Cuenca de La Picasa, que hicieron dar marcha atrás y abrir una instancia de debate e información luego del enojo de parte de los propietarios sureños por la falta de información. Cabe recordar que ese mismo mes se desarrolló una reunión con el gobierno provincial que no dejó nada conformes a productores de la zona.

El conflicto
Según los integrantes de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe, al proceder a la servidumbre o expropiación, y con los datos que poseen sobre el llamado a concurso para dividir los lotes por parte del Colegio de Agrimensores, se elevaría la cota a 104 metros y podrían inundarse Diego de Alvear, San Gregorio y Aarón Castellanos. También sostienen que La Picasa tiene que estar en un nivel de cota 90-102 para que no tenga ningún tipo de problema y que eso se podría lograr con bombeos.

"Necesitamos parar esto", explicó a El Litoral el presidente de la entidad, Enrique Rey, añadiendo que "ya estamos en contacto con legisladores, como Carolina Losada, para que esto se investigue y llegue 'más arriba'. Nosotros necesitamos que Provincia saque el agua, no que pague servidumbre ni nada, porque hacen firmar a los productores y los condenan para toda la vida".

"Al elevar la cota a 104 -explicó el productor de San Gregorio- suben las napas y se inundan todos los campos a los que nunca les llegó el agua de la laguna, además de que Aaron Castellanos queda bajo agua, Diego de Alvear al límite y lo mismo San Gregorio. Si les llega el agua a los lotes que hoy no tienen se perdería toda la producción y, por supuesto, todos los productores se quedarían sin nada”

Para Rey, a través de lo hecho hasta aquí se podría trabajar de otra manera. “Hay obras que se están haciendo y hay un canal por gravedad que se ejecutó hace tiempo y tenía una loma que se logró cortar para que el agua pueda tener su caudal", expresó.

Las sospechas vienen por el lado del interés que, según los productores locales, puede tener el gobierno de Omar Perotti para expropiar. "Creemos que el tema viene por el lado del interés turístico, por la presión que ejercen las comunas sobre el tema. No nos dejaron ver el expediente cuando pidieron la expropiación o servidumbre para saber por qué la provincia la pedía", observó.

Carta para Perotti
Entre las gestiones iniciadas por la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe, se encuentra una carta que fue enviada al gobernador Omar Perotti; a la Confederación Rural Argentina (CRA) y a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, donde expresan su desconformidad por las medidas que se pretenden implementar y explican los motivos.

“En relación al Proyecto de Resolución N° 382 emitido por la Provincia con fecha 28 de abril donde se habla de Expropiaciones y Servidumbres de Uso, a los productores afectados por los desbordes de la Laguna La Picasa, vemos con preocupación que se sigue adelante con tal iniciativa pese a que varios productores se manifestaron en forma contraria a través de varios recursos de amparos, además del emitido por el Comité de Cuenca”, comienza el escrito.

La preocupación, según los productores, se basa en que dicho proyecto “no está acorde a la realidad económica actual, ya que las hectáreas a expropiar o destinar a las mal llamadas servidumbres de uso implican cifras millonarias en U$S que en la actualidad son de imposible cumplimiento. Dichos importes superan holgadamente los U$S 55.000.000 que, si se destinaran a bajar el agua de la laguna, ofrecerían una solución definitiva al problema y solo se necesitaría un porcentaje menor al importe mencionado”.

La carta prosigue: “No es este el momento ni la forma para proceder a tal ejecución (especialmente a los productores afectados por el crecimiento directo de la laguna). Primero habría que bajar la laguna y luego ofrecerles a los productores que decidan”.
También hacen mención en cuanto a lo ofrecido por el gobierno provincial, afirmando que, en el caso de elegir servidumbre de uso, “la Provincia ofreció un monto mínimo en U$S a determinar en el futuro, a cambio de aceptar una cláusula por la cual nunca demandarían al Estado por las pasadas y futuras inundaciones. Sería mucho más útil que ese monto sea entregado como subsidio, una vez bajada la cota de la laguna y que sea exclusivamente utilizado en inversión para infraestructura productiva (alambrado, molinos, tanques bebederos, entre otros) sin la cláusula que impida ejercer sus derechos, si el Estado no vela por los intereses de los productores. En el caso de elegir Expropiación el Estado en la reunión realizada en Diego de Alvear el día 17 de mayo, informó no tener plan a futuro, con lo cual seguramente van a terminar siendo usurpadas”.

Para los agrupados en Aprusfe, lo resuelto puede generar un problema mayor a futuro, para la región y los productores a los que “aparentemente” se quiere beneficiar. En el futuro sea quién fueren los circunstanciales administradores estatales podrían por acción u omisión no gestionar adecuadamente los recursos hídricos dejando totalmente indefensos a los productores, esto implica que esos miles de hectáreas no tendrán valor de mercado, ya que nadie compraría o alquilaría un campo para invertir en mejoras, porque los funcionarios de turno son los que van a decidir sobre su propiedad, independientemente si la cota de determinación de Servidumbre de Uso es 102,50 o de 104”.

Palabra del gobierno

El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Roberto Gioria, se manifestó sobre el tema y aclaró que “lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que nos comprometimos hacer, que es expropiar los campos que están bajo agua y dentro de los reservorios. El nivel máximo de cota que se espera es de entre 98,5 y 102,5; de ninguna manera se pretende llevar la cota a 104. Y añadió: “Puede pasar que La Picasa, como ocurrió en febrero, pase la cota establecida e inunde por encima de esa cota. En ese caso, se le pagaría al productor por el uso de esos lotes que se inunden”.

Además, Gioria destacó que es en ese sentido que están trabajando y para ello contrataron al Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Rosario, para “hacer las mediciones correspondientes y delimitar dónde serían las expropiaciones”, destacando que “primero se mide, después llega a una junta que hace una evaluación de lo que se expropia o puede llegar a un acuerdo de servidumbre, después se le ofrece un monto al dueño del campo; ahí puede aceptar o no, y luego viene la negociación, y el pago, se encarga el Ministerio de Economía; tengo entendido que es un pago único, en una vez”.

“Lo que se pretende es resarcir a los productores por la afectación que nosotros le podemos provocar por el uso que le daremos a esa servidumbre o expropiación. La Picasa se usa como una represa, entonces, a los dueños hay que resarcirlos. La servidumbre es un beneficio para el productor, porque no se le saca el campo, no se le afecta en nada, es más, se les paga cuando la laguna suba y tengamos que usar esos lotes para inundarlos y bajar la cota”, afirmó.

Además, destacó que la laguna "ocupaba 3 mil hectáreas y cuando tuvo su inundación máxima pasó a afectar 60 mil hectáreas", por lo que "se hizo un sistema de drenaje y reservorios donde las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tienen cada una un porcentaje para disminuir los picos de la crecida. A través de este acuerdo interjurisdiccional también hicieron sistemas de bombeos (norte y sur) que sacan el agua hacia otro sistema".

Respecto a las dudas sobre los intereses turísticos detrás de la intención de provincia, el funcionario resaltó que “la provincia no está vinculada a ese tipo de cosas; no quiero hablar de invento, pero es una cosa que extrañamente trae confusión”.

Seguidamente, el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe aseguró que de “ninguna manera se pretende aumentar la cota a 104 y dejarla permanente, y estamos trabajando para aumentar el bombeo y dejar la cota por debajo de 102,5”.

Gioria aseguró que la “intención del gobierno provincial es buena" y admitió que a “aquellos productores que no quieran recibir una servidumbre no se le va a hacer, aunque esté por debajo de 102,5".