La discusión sobre qué hacer en Rosario con los trapitos no es nueva. Hubo varias intenciones de regularlos, pero ninguna prosperó. Ahora, la situación parece haber llegado a un punto sin retorno. En las últimas semanas se llevaron a cabo varios espectáculos masivos en los que los asistentes tuvieron que pagar hasta $ 1.000 pesos para dejar sus autos e, inclusive, en un recital hubo detenciones.
Se trata de una de las grietas que se vive de manera intensa en la ciudad. La reiterada queja de vecinas y vecinos que denuncian extorsión y amenazas de cuidacoches y limpiavidrios, llegó al Concejo en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito en su tratamiento. Pese a los diversos proyectos presentados para regular la actividad, ninguno vio la luz.
Este contexto obligó (nuevamente) a que el Palacio Vasallo comenzara a debatir seriamente varios proyectos sobre los “cuidacoches”. Si bien cada uno plantea ideas singulares,
ninguno propone la prohibición o la erradicación de la actividad, sino regularlos de un modo que habilite una suerte de trabajo y evite extorsiones y discusiones en la vía pública. En la capital provincial también se registran, desde hace años, episodios violentos que involucran a los denominados "trapitos".Foto: Archivo/Flavio Raina
Uno de ellos es el del bloque Ciudad Futura que prevé un sistema de “Estacionamiento Cuidado” regulado con tarifas fijadas por la municipalidad para la zona comprendida entre las calles 1° de Mayo, Córdoba, avenida Belgrano y Rioja. Y para 1° de Mayo entre Rioja y San Luis y Córdoba entre Buenos Aires y 1° de Mayo.
El segundo es de la concejala María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y crea un “Padrón de inclusión socio laboral para cuidacoches”. Por último, la tercera de las propuestas, también busca la regulación de la actividad con contribución voluntaria, y es autoría del edil Lisandro Cavatorta de Todos Hacemos Rosario.
Una prueba de fuego para evitar hechos de violencia, extorsiones y excesos fue lo que aprobó el Palacio Vasallo para estas últimas Colectividades. Se permitió que 28 personas se hagan cargo de cobrar una tarifa que no superó los 300 pesos por coche durante los diez días que duró el evento.
No solo eso: cada uno de ellos cobró 4 mil pesos por día por el trabajo realizado. Estaban con pecheras identificadoras y espacios bien establecidos y organizados para estacionar. Además, todo el dinero recaudado irá a beneficio de hospitales municipales y los trabajadores que se desempeñaron en el lugar.
Esta iniciativa, que resultó exitosa, es similar a la que se aplica todos los veranos en la Rambla Catalunya y La Florida, en la zona norte de la ciudad, donde los cuidacoches tienen una identificación y una tarifa fija para cobrar por auto. Lo recaudado se divide en el pago a los que trabajaron y en donaciones al Hospital Alberdi.
Montos elevados El fin de semana pasado tocó la popular banda de rock La Renga en el estadio de Newell’s. No solamente los trapitos volvieron a exigir el pago de 1.000 pesos por vehículo en las inmediaciones del parque Independencia -como sucedió en el partido Banfield-Talleres, recital de Tini Stoessel y en una fiesta electrónica-, sino que también la policía realizó 23 detenciones, entre los que había cinco personas que contaban con pedido de captura, quedando a disposición de la Justicia.
Esta situación no es nueva. Desde el ala macrista local siempre buscaron su prohibición, mientras que otros espacios de la política también postularon ideas para “regular” la actividad, pero haciendo hincapié en la inclusión social.
Entre un extremo y el otro se dirimió históricamente el debate, sin llegar nunca a ningún acuerdo y manteniendo a los cuidacoches en una zona gris. Pero ahora, la problemática parece haber llegado a un punto límite.
Si bien en noviembre del año pasado, el intendente, Pablo Javkin, impulsó la aprobación de un nuevo Código de Convivencia, en el que se establecieron condiciones y faltas con relación a los trapitos, la medida es de difícil aplicación.
El texto de la reglamentación decretó que “la persona que, mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos y/o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada, será sancionada con multa de 10 a 200 UF y/o con la realización de tareas educativas y concientizadoras”.
Esto significa que
se incorporó la figura de la “extorsión”. Es decir, que la extorsión pasó a ser una contravención y el municipio tiene competencia para actuar en estos casos. Si bien en la teoría parecía un avance, en la práctica no terminó modificando casi nada porque demostrar in situ la “extorsión” mediante imágenes o videos es prácticamente imposible. Por eso, el tema vuelve a la agenda del Concejo.
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