Después de la polémica desatada en el Club Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Rosario, por avanzar con obras en sus instalaciones sin solicitar autorización municipal, lo que llevó a que los trabajos se paralicen con casi todo listo, el pedido de respuesta oficial y formal por parte del Ejecutivo ante el pedido de informes realizado por el Concejo sobre la situación cayó en saco roto.
El anuncio de reapertura del boliche Taura en la costanera central, a metros del Monumento a la Bandera, a principios del 2021, destapó un negocio millonario que fue denunciado por el Concejo. Advirtieron que se estaban realizando obras en el MOP de manera ilegal y que, esta irregularidad, podría generarle al Ejecutivo no sólo un grave dolor de cabeza, sino una denuncia penal.
Ante esto, la concejala de Iniciativa Popular (IP), Fernanda Gigliani, que venía siguiendo el tema, estuvo pidiendo explicaciones al gobierno local, aunque no logró obtener respuesta alguna. Por eso, cuando se destapó esta situación, decidió avanzar con un pedido de acceso a la información pública para conocer los detalles de lo que estaba pasando. "Si no contestan, no descartamos ir a la Justicia", había adelantado.
A más de un año de esta situación, según pudo averiguar
Mirador Provincial en el Concejo no hubo avances en cuanto al pedido de información solicitada y tampoco se prosiguió con una acción judicial. La crisis económica y el inicio del Mundial de Qatar provocaron que la denuncia entre en un letargo y quede en stand by.
De hecho, desde el Palacio Vasallo informaron a este medio que, hasta el momento, el municipio contestó un pedido de informe, pero que corresponde a 2020 y en el que solamente se menciona la situación del boliche Taura. Por ahora, "no respondieron la presentación administrativa presentada", indicaron, aunque no descartan que pueda haber novedades.
La génesis del conflicto La polémica se desató en febrero cuando se difundieron imágenes y videos que mostraban que se enterraban, por lo menos, cuatro tanques de combustibles de 15 mil litros cada uno sin permiso municipal y sin autorización de la secretaría de Energía de la Nación.
Entre las distintas hipótesis que se barajaban, la más potable indicaba que se utilizarían para abastecer a las futuras embarcaciones de la guardería. Todo enmarcado dentro de un proyecto integral que comenzó en silencio y sin los permisos necesarios.
Se trata de 60 mil litros de nafta que no tienen control alguno y que suponen un riesgo inmenso para la zona y el medio ambiente. Es una maniobra que podría generar consecuencias gravísimas, advertían desde el Palacio Vasallo.
Las evidencias dan cuenta de que los trabajos de ampliación se retomaron a mediados del año pasado, y que, a esta fecha, ya hay construidas dos estructuras nuevas para alojar embarcaciones, pese a que ahora parecieran haberse frenado.
Como si fuera poco, también llegaron a mano de la concejala facturas que recibieron socios históricos del club a nombre de "Servicios Náuticos Vip SA", desconociendo si la firma tiene habilitación comercial en la ciudad para operar.
En conclusión, lo que el Concejo requiere es que se informe sobre el certificado urbanístico de la obra; visación previa, si se hubiese producido; permiso de edificación, indicando su número y con el correspondiente plano, denuncias, actuaciones referidas a inspecciones y paralización de obra, si las hubiere.
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