Desde el Concejo impulsan una ordenanza para tratar de ordenar y emprolijar el consumo de agua en Rosario. Resulta que actualmente el pago del servicio se realiza mediante la cantidad de metros cuadrados de las unidades y no por medición real del consumo. Por eso, la idea es masificar los medidores en la ciudad para poder generar un sistema que permita facturar el consumo real de agua y no el presunto.

Esto se da en el marco de la situación crítica que padece Aguas Santafesinas S.A. y que generó que el gobierno de Maximiliano Pullaro tomara la decisión de declarar la emergencia de la empresa por su actual estado financiero con un déficit millonario proyectado para el actual 2024.

El pedido ingresó en las últimas horas a la legislatura provincial por parte del Poder Ejecutivo con la intención de generar un debate profundo sobre la compañía y su funcionamiento. Además de su planta de personal y la figura legal de la misma como sociedad anónima. También figura la falta de inversión y cómo seguir brindando el vital servicio de agua potable en medio de un complicado contexto.

Esta iniciativa, en este contexto de crisis económica, pretende incorporar criterios de justicia para que cada usuario pueda pagar por lo que consume. No solo eso, sino también reducir el consumo de agua, como de lo que llega a cada usuario en la factura a fin de mes.

Según contó a Mirador Provincial el edil oficialista Fabricio Fiatti “nuestra ciudad contaba, en 2018, con sólo un 27% de domicilios con medidores instalados, datos que no se han actualizado a la fecha, y el principal sistema de facturación sigue siendo el de consumo presunto por metro cuadrado, donde cada usuario no paga por los litros que consume, sino por los metros cuadrados de su inmueble”.

A su vez, la infraestructura que permite la distribución de agua potable en la ciudad, “depende para su aumento de la finalización del Acueducto del Gran Rosario, situación que hoy es incierta al haberse retirado el gobierno nacional del financiamiento de la obra pública, aunque es una prioridad para el gobierno de Unidos en la provincia”.

En las ciudades donde se instalan medidores, “los datos indican que el consumo es de aproximadamente 150 litros por habitante por día, mientras que en aquellas donde no hay medición del agua, ese consumo varía entre los 350 y los 550 litros, inclusive, en algunos casos”, detalló Fiatti.

Para poder avanzar, se requiere de acción y decisión provincial “tal como sucedió en anteriores gestiones del Frente Progresista”, que lograron que ciudades como Firmat, Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez, entre otras, “cuenten con un gran porcentaje de medidores instalados”, y “vuelve a ser prioritario para las nuevas autoridades de Aguas Santafesinas”.

Desde lo local, “proponemos un doble enfoque del tema, a desarrollar en conjunto con Assa a través de acciones inmediatas y de acciones a mediano y largo plazo”.

En lo que hace a lo inmediato, “estamos solicitando a ASSA la actualización precisa del estado de medición del consumo en la ciudad junto al desarrollo de una campaña de micromedición que permita promover la instalación de medidores y dar a conocer las ventajas de medir el consumo de agua potable para los usuarios residenciales”, indicó el concejal.

Respecto de las acciones a mediano y largo plazo, “proponemos modificar nuestro reglamento de edificación, para que desde la construcción sea obligatoria en la ciudad, la instalación de elementos que permitan medir el consumo de agua, tanto a nivel de micromedición, es decir, individualmente por cada unidad, como así también de macromedición, para en una primera etapa poder medir el consumo total de los consorcios, y dividir lo que se destina para usos comunes como los exclusivos de las unidades de vivienda”, concluyó.

Crisis de Assa

Al hacerse cargo la actual gestión de Pullaro, se modificó el sistema tarifario con importantes aumentos para tratar de reducir el rojo diario. También se enfocó en ordenar lo referente a los grandes acueductos y cobrar un valor acorde al momento de vender el producto a comunas y municipios.

Con seis meses de trabajo, el panorama continúa siendo complejo, más allá de los recortes efectuados y de una serie de reordenamientos internos para un mejor funcionamiento.

Por eso la solicitud del estado de emergencia proyectada es hasta el 31 de diciembre con la opción de una prórroga por otros 12 meses. Ya que el objetivo es contar con facultades para determinar la tarifa, precios y cargos, junto a la generación de un nuevo marco regulatorio dentro del período establecido y así buscar una solución que estabilice la actual condición de ASSA.