Comunas intervenidas en Santa Fe: detalles de una acción que busca recuperar el orden
Hay cuatro localidades bajo este proceso, dispuesto por el Ejecutivo provincial. Irregularidades, acefalía y denuncias impulsaron este paso amparado por la ley.
Hay cuatro localidades bajo este proceso, dispuesto por el Ejecutivo provincial. Irregularidades, acefalía y denuncias impulsaron este paso amparado por la ley.
Cañada Ombú, Golondrina, Villa Saralegui y Las Palmeras son las cuatro localidades santafesinas que, desde el inicio del actual gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro, debieron ser sometidas a un proceso de intervención por verse subvertida la situación institucional local. Esto significa que se ha alterado el orden establecido.
Cómo es el proceso para decretar la intervención -la cual debe ser validada o dispuesta por la Legislatura provincial-, los pasos que se dan y quiénes resultan elegidos para ser interventores: claves para entender una acción que tiene por objetivo restablecer el orden en el ente local.
En enero de este año, a menos de un mes de haber asumido el mando de la administración provincial, el gobierno conducido por Maximiliano Pullaro determinó la intervención de dos comunas del norte santafesino.
El Poder Ejecutivo resolvió intervenir las comunas de Cañada Ombú y Golondrina, ambas en el departamento Vera. En la oportunidad se explicó que “se violentó la voluntad popular” y el candidato más votado no fue designado para presidir esas administraciones locales de tres miembros.
Por qué se dispone una intervención. “A los efectos de constituir democráticamente sus autoridades y normalizar la situación institucional subvertida”, se describió entre los argumentos de los decretos emitidos para ambas intervenciones.
Qué función cumple un interventor. “Desempeñará sus funciones con arreglo a lo establecido por la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Comunas N° 2.439 (t.o.), Ordenanzas Comunales y a las instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Provincial, al cual rendirá cuentas de su gestión”, se detalló en el decreto 0419 para la intervención de la comuna de Villa Saralegui, localidad del departamento San Cristóbal, en abril último.
El caso de Villa Saralegui tomó alcance nacional. La intervención del Ejecutivo provincial se dio en respuesta a denuncias presentadas por los productores agropecuarios de la localidad y tras una instancia de averiguaciones sobre la gestión que llevaba el por entonces presidente comunal, Walter Sola.
La Comuna de Villa Saralegui, departamento San Cristóbal.
Este proceso implica el nombramiento de un interventor, la remoción de la actual gestión comunal y la convocatoria a elecciones, estimándose una duración de aproximadamente seis meses.
Jorge Daniel Piriz asumió como interventor una semana después de haber sido sancionada la ley 14.257, que dispuso esa medida.
Quizás el caso más llamativo es el de la localidad de Las Palmeras, también en el noroeste santafesino, departamento San Cristóbal. Allí, dos presidentes comunales fallecieron en siete meses -Roberto Buratto y Alberto Sobrero- y la renuncia de los demás miembros de la comisión originó una acefalía que derivó en el decreto 1157 que firmaron el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia. para iniciar el proceso de intervención. Diana Marina Astore asumió esta semana como interventora en la comuna de Las Palmeras.
Las Palmeras, localidad del departamento San Cristóbal.
El 11 de agosto habrá elecciones en dos de las cuatro localidades intervenidas de la provincia. Tanto en Golondrina como en Cañada Ombú los miembros de las comisiones comunales eligieron como presidente a miembros de la minoría. El tema motivó la intervención del Ejecutivo y el inicio de un proceso de nuevas elecciones con Paso incluido.
En el caso de Cañada Ombú quedó oficializada una sola lista que encabeza Franco Huber (Unidos). En tanto, en Golondrina hay dos listas que competirán por la conducción comunal: Carlos Domínguez (Unidos) y Diego Báez (PJ).
El pasado sábado realizaron una acción sorpresiva a modo de homenaje poético para visibilizar su reclamo. Longo había abierto en 1908, y atravesó generaciones con su venta de libros hasta que en junio pasado falleció la última de sus propietarios. En septiembre, sufrió el robo de elementos de valor, y es por eso que reclaman el cuidado desde el Estado.