Velázquez sostuvo que es necesario reformar el Código Procesal Penal (CPP) de la provincia y se sorprendió del tenor de algunas críticas que se expresaron en medios de comunicación.

Cuando en el Senado se comenzó a debatir en comisiones el proyecto que pretende modificar el Código Procesal Penal (CPP) de Entre Ríos y cuando ya dieron su opinión funcionarios del gobierno como el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño, y se espera la concurrencia de Jorge García y Maximiliano Benítez, procurador general y defensor general de la provincia, respectivamente, comenzaron a escucharse voces que pusieron un manto de sospecha sobre el proyecto y otras que entienden la necesidad del debate de ideas para avanzar y mejorar.

José Raúl Velázquez, abogado del foro local y secretario del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología (IDPPC) del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), manifestó que “todos los miembros del IDPPC entendemos que es necesaria la reforma del CPP y claramente nos debemos un debate sincero en pos de mejorar nuestras instituciones, esto no se trata de recurrir a slogans ni a argumentos emotivos o afectivos”.

El letrado, que ha participado en importantes causas a nivel local y nacional, argumentó que “solo la aplicación de la ley nos garantiza concluir en una verdad forense”, y añadió que “ya la historia ha demostrado que, a menor garantías, menor estado de derecho las consecuencias han sido irreparables”.

Ante un escenario político judicial complejo en el que muchos operadores del Derecho intentan optimizar y mejorar el servicio de Justicia, Velázquez se mostró sorprendido por las manifestaciones que realizó a medios de comunicación la destituida procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche. En este sentido, el letrado expresó: “Por eso sorprenden las manifestaciones de la ex fiscal adjunta Cecilia Goyeneche destituida por mal desempeño en sus funciones, que viene a tender un manto de sospecha –como lo viene haciendo desde que fue destituida– sobre los procesos judiciales y la magistratura. Nadie está pensando en garantizar la impunidad de nadie”.

Velázquez opinó: “En lo personal, hay puntos destacables que permiten una mejora sustancial del procedimiento penal, entre ellos la necesidad de llevar certidumbre y orden a la garantía del plazo razonable. Esto no se trata de impunidad, sino más bien, de previsibilidad para la sociedad, la víctima y el imputado”.

APORTES

“Otro gran aporte es la regulación de la declaración testimonial de niños, niñas y adolescente, y personas que padecen de una disminución en su capacidad mental o intelectual, lo que permite normativizar y garantizar el derecho de ser oído a las victimas conforme a los tratados internacionales” destacó Velázquez del proyecto atacado en los medios mientras se lo discute en comisión ante la sociedad.

Finalmente, el letrado también destacó que “otro punto, determinante es que de una buena vez se propone regular lo referido a competencia y jurisdicción, el recurso de impugnación extraordinaria, mediación penal, la producción de evidencia, entre ellas la genética, requisa personal y vehicular”.