El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, dispuso este lunes 17 de febrero un cuarto intermedio hasta el martes 18, a las 9, para que Fiscalía y Defensas puedan avanzar en lograr “algunos acuerdos de lo que se va a discutir”. Se trata de la continuidad de la Causa Coimas, Relevamientos Catastrales o La Causa del paraguayo, en referencia al nombre de la empresa y la nacionalidad del empresario presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, Diego Cardona Herreros.

Tras la resolución de Vergara, las partes permanecieron en el salón de audiencia para continuar analizando una planilla, que ya habían elaborado los fiscales y una de las defensas que la comunicó a las demás, de las posibles convenciones a alcanzar. No obstante estar todas las partes de acuerdo, la defensa del exgobernador, Sergio Urribarri, planteó que por la cantidad de defensas y de hechos, se trata de seis en perjuicio de la Administración Pública, podría resultar insuficiente la jornada de este lunes para darle un cierre definitivo.

No obstante –en virtud de posicionamientos previos que consideraban cualquier propuesta de las defensas como dilatorias– éstas resaltaron que la posibilidad de debatir previamente y acordar puntos a debatir, redundaría en disminuir la cantidad de jornadas dispuestas desde el año pasado.

LOS HECHOS

Al exgobernador, Sergio Urribarri se le atribuyó que en su calidad de ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unía una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”.

Según la acusación, en el presunto hecho habría participado, como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico, fallecido; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia, y Sergio Smaldone, que estaba al frente de la cartera de Trabajo.

Además, a Urribarri y Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”.