Nicolás Loyarte
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La ciudad de Santa Fe atravesó una de las semanas más conmocionadas de los últimos años, con una seguidilla de asesinatos y hechos violentos que provocaron la intervención de la policía de la capital, tras una masiva marcha de un sector social que reclama mayor seguridad y justicia.

Desde el equipo de investigación de la Universidad Nacional del Litoral, el titular de la cátedra de Sociología y Criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y director del programa universitario Delito y Sociedad, Máximo Sozzo, aportó su mirada sobre el fenómeno del delito en la sociedad santafesina.

Durante la manifestación ciudadana llevada a cabo el miércoles, tras el asesinato del almacenero Julio Cabal en cercanías del Ministerio de Seguridad y de la Municipalidad, ocurrió un hecho significativo. Por un lado, gran parte de los participantes reclamaron a los gritos “mayor mano dura” contra quienes cometen delitos. Mientras que la madre de la víctima salió al cruce de ese mensaje al decir que su hijo jamás lo hubiese pedido. “Soñaba con la igualdad de las personas y decía que lo único que podía sacar a la gente de la mierda es la educación”, dijo Inés Masino en una entrevista.

“Me parece que es un ejemplo interesante de cómo muchas veces los medios de comunicación han construido una imagen de lo que los ciudadanos demandan respecto del problema del delito, que pinta a los ciudadanos como un bloque uniforme”, comenzó su análisis el especialista en criminología Sozzo. “Se dice comúnmente que el lenguaje de la mano dura es compartido por todos los ciudadanos”, agregó. “Como si la respuesta al problema del delito en la sociedad contemporánea fuese incrementar los niveles de severidad de las leyes penales y de las decisiones de la justicia penal. Y en realidad hay muchísimos ciudadanos que tienen opiniones muy diferentes a ese lenguaje de la mano dura, como la madre de la víctima de este hecho tan terrible. Ella instala una respuesta de carácter alternativa”.

Luego Sozzo reforzó su argumento con el ejemplo de las asociaciones de familiares de víctimas del delito que “se paran frente al dilema sobre qué hay que hacer en relación al problema del delito en las sociedades contemporáneas sin caminar la ruta de la mano dura”.

— ¿Qué hay detrás del pedido de mayor “mano dura”?
— Hay distintas expresiones ciudadanas que opinan que la mejor manera de enfrentar el delito es exigir un aumento de la severidad penal. Personas que a partir de visiones extraordinariamente conservadoras comparten una mirada muy tradicional sobre qué es lo que hay que hacer con el delito. Piensan que hay que castigar a los delincuentes lo más severamente posible, porque ello va a disuadir a los potenciales delincuentes de mañana de cometer delitos. Esta postura está desacreditada empíricamente, no sólo por la experiencia argentina, es de manual. En nuestro país, el fuerte incremento de la severidad penal nunca fue acompañado por un efecto disuasivo que reduzca los niveles de delito. Cuesta trabajo instalar en el debate público y político que existen alternativas a la receta tradicional de mayor punitivismo. Y esas alternativas hoy se están desarrollando y tienen cierto nivel de evolución.

Víctimas y victimarios
— ¿La exclusión social genera mayor violencia?
— Creo que sí. Pensar que ciertas prácticas de ejercicio de la violencia están desconectadas de la cuestión social es un error. Esto no quiere decir que ello sea una conexión causal simple. Más pobreza no es igual a más violencia. Tampoco es cierto eso de que todos los pobres llevan adelante comportamientos violentos, lo que es una obviedad, pero lo aclaro. Pero lo que es cierto es que los contextos de marginación económica y social como los que vive hoy al menos un tercio de la población de la ciudad producen dramáticos niveles de privación económica, material y extraordinarios niveles de bloqueos de oportunidades. Estos niños y jóvenes crecen en contextos en los que las oportunidades para construir trayectorias de vida que les permitan generar una vida decente más allá de la ilegalidad son realmente pocas y difíciles de obtener. Deben luchar mucho para poder construirlas. Además son escenarios en los que la circulación de armas de fuego en los últimos años se ha vuelto extremadamente presentes. Entonces, esa combinación entre altos niveles de marginación económica y social, bloqueo de oportunidades de un modo dramático, la circulación de armas de fuego y la consolidación de ciertos mercados ilegales —del que todos en la ciudad participan—, como el de las drogas, juegan un rol muy relevante en la producción de formas de violencia.

— ¿Las marchas en reclamo de mayor seguridad como la del miércoles generan algún resultado?
— Es muy interesante ver cómo en nuestro debate público hoy estamos hablando de estas cosas, los medios de comunicación lo transforman en el centro de la escena, pero el del almacenero no es el primer homicidio que se produce en la ciudad de Santa Fe en el año. Hubo decenas de homicidios. Lo que pasa es que la mayor parte de las víctimas son jóvenes, varones, pobres que viven en zonas marginadas económica y socialmente. Entonces, parecería ser que en nuestro debate le damos a la vida un valor diferente, de acuerdo a quiénes son las personas que mueren. La desigualdad estructura la marginación económica y social, el despliegue de la violencia, y el debate público y político. Nos activamos para discutirlo cuando quienes experimentan los resultados terribles de la violencia son quienes pertenecen a ciertos sectores sociales. Y activamos en mucha menor medida ese debate cuando quienes padecen esos resultados fatales son las personas que mucho más frecuentemente lo padecen, además de otro montón de privaciones y bloqueo de oportunidades.

— Quienes reclaman mayor mano dura hablan de “ellos”, los delincuentes, y “nosotros”, las víctimas. ¿Hay una clara grieta social?
— La imagen de la víctima de la inseguridad se ha transformado en algo muy importante en la sociedad argentina. Es un lugar de enunciación de qué es lo que se debe hacer. Aquí la política cumplió su rol. Pensemos en el caso Blumberg. Ahí tenemos un ejemplo en el que la víctima se transformó en una especie de autoridad para decir qué es lo que se debe hacer para controlar el delito en la sociedad contemporánea. Y tuvimos una serie de reformas legales y políticas corriendo atrás de la campaña Blumberg para tomar decisiones rápidas. Los resultados no son en ningún punto de vista positivos. Hay que interrogar críticamente una forma predominante de construir a la víctima en nuestro debate. Y desafiar la idea de que por ser víctima de un delito se debe creer que la única respuesta posible es la mano dura. En ese sentido, la madre del almacenero (Julio Cabal) marcó un interesantísimo ejemplo. Víctimas podemos ser todos.

— ¿Debemos debatir quiénes son las víctimas?
— Las personas que hoy experimentan ser víctimas del delito común (en contraposición al de los poderosos) en la ciudad de Santa Fe no son los sectores más favorecidos económica y socialmente, sino los más desfavorecidos. Si el índice de victimización de la ciudad es del 24 por ciento, el del noroeste de la ciudad bordea el 40 por ciento. Entonces, hay una clara desigualdad en la experiencia de la victimización. Sin embargo, en el debate público siguen apareciendo como víctimas las personas de sectores más favorecidos. Esto se ha vuelto en un problema para nuestra sociedad que fragmenta la imagen que tenemos de la víctima. Hay distintas valoraciones de la vida de las personas de acuerdo a quiénes son los que padecen la muerte. En los factores desfavorecidos la muerte violenta está muy presente y produce resultados terribles en la cotidianeidad, genera sufrimiento constante. Nos deberían preocupar las muertes en general y no sólo ciertas muertes.

Delito y sociedad
— ¿Qué hay que hacer con el problema del delito?
— Esa es la pregunta que le realizamos desde hace más de una década a los santafesinos en nuestra investigación. El último resultado procesado de dicha encuesta es de 2017. Y el 45 por ciento respondió que hay que mejorar la educación, mientras que el 37 por ciento dijo que hay que reducir la desocupación y combatir la pobreza. La decisión de incrementar la mano dura o la severidad de las leyes y las decisiones penales fue sólo escogida por el 22 por ciento de los ciudadanos. Ello quiere decir que sólo un quinto de los residentes de la ciudad, al pensar en cuál debe ser la primera medida política para enfrentar al delito piensa en más mano dura. Entonces, deconstruir la idea de que existe un bloque uniforme de ciudadanos que demandan punitivamente es lo primordial. Porque está claro que el giro punitivo en Argentina en los últimos 20 años ha sido impresionante.

— ¿Por qué no se logran reducir el delito y la violencia en la ciudad?
— A nivel nacional existe un déficit de información al respecto porque el Estado no la produce adecuadamente. Nuestras estadísticas sobre lo que pasa con el delito son muy limitadas. Tenemos un problema estructural para diagnosticar. Nuestra encuesta busca contribuir a resolver esta pregunta. Los niveles de victimización en Santa Fe (ciudadanos que experimentaron personal o familiarmente el delito) desde 2007 hasta hoy no cambiaron mucho. La onda osciló entre un 24 y 30 por ciento. Esto significa que por año de 2 a 3 hogares son víctimas del delito. En cuanto al grado de violencia, observamos que en el mismo período el robo con violencia pasó del 5 al 11 por ciento de los ciudadanos. Claramente, el problema en la ciudad de Santa Fe es la forma violenta del delito, más que el delito en sí. Eso se ve también en los homicidios dolosos.

— Los índices de violencia siguen siendo muy altos...
— Si se toma como ejemplo el problema de los homicidios dolosos en la ciudad de Santa Fe, que sería el delito común más grave, en el año 2001 —en medio de la crisis— teníamos en la ciudad 22 homicidios cada 100 mil habitantes, mientras que en 2018 tuvimos 19. Mientras que en Argentina hay un promedio de 6 homicidios cada 100 mil habitantes. Entonces es una tasa extremadamente alta.

— Y los heridos con armas de fuego...
— De acuerdo a las estadísticas elaboradas por el Ministerio Público de la Acusación en base a fuentes policial, judicial y de salud, en la ciudad de Santa Fe en 2018 hubo 367 heridos de arma de fuego, con una tasa de 87 heridos cada 100 mil habitantes. El dato anterior data de 2014, cuando la tasa era mucho más elevada: 147 heridos cada 100 mil habitantes. Esto nos dice que el volumen ha disminuido.

— Todo esto se da con cárceles abarrotadas...
— Los volúmenes de severidad penal aumentaron dramáticamente en Argentina. En 2001 teníamos 120 presos cada 100 mil habitantes, mientras que según la última estadística, hoy tenemos 194 presos cada 100 mil habitantes. Estamos por superar la frontera de los 200, que según parámetros internacionales se utiliza para definir a un país que encarcela masivamente.

En consecuencia, “incrementamos terriblemente el poder de castigar y los volúmenes de delito siguen siendo los mismos. Entonces evidentemente la receta de la mano dura, del punitivismo, tiene límites que para cualquier debate racional son autoevidentes”, dijo Sozzo.

Luego el criminólogo realizó una interpretación de todas estas cifras de la violencia en la ciudad de Santa Fe, a la que consideró “bastante contradictoria. En líneas generales, se podría decir que en términos de robos con violencia los niveles crecieron en la última década, en términos de homicidios dolosos, se mantuvieron estables en una taza elevada, con un signo positivo en este descenso de heridos de arma de fuego. Aunque esta década de información es poco tiempo y pueden funcionar factores casuales, por lo que no se puede determinar una tendencia”.

Lo cierto es que “el problema de la violencia está fuertemente instalado en la ciudad de Santa Fe. Tiene dimensiones extraordinarias en términos comparativos en relación a otras ciudades, empezando por Rosario, que tiene índices mucho más bajos”, agregó Sozzo.

Policía Comunitaria
Según los estudios académicos del delito, la actividad policial en Santa Fe tiene “niveles de desconfianza públicos extraordinarios, muy altos”, advirtió Sozzo. “Ello tiene una larga historia muy compleja. Pese a los cambios en la política policial en los últimos años ese nivel de desconfianza sigue siendo muy alto (70 por ciento de la población). La gente cree que la policía es ineficiente. Tiene una visión muy crítica acerca de la corrupción y violencia policial. Sin embargo cuando se puso en marcha la experiencia de la policía comunitaria, con muchos déficit sobre su planificación y desenvolvimiento, detectamos que los niveles de desconfianza pública sobre ese tipo de policía decayó extraordinariamente, al 30 por ciento”, mencionó.

— ¿Por qué se desarticuló la policía comunitaria?
— Es una muy buena pregunta política. Pese a todos los defectos tuvo un impacto positivo. Sin embargo no se multiplicó.

— ¿La videovigilancia disminuye el delito?
— Está demostrado empíricamente que la videovigilancia produce el efecto de desplazamiento del delito hacia zonas sin ese recurso. Las cámaras de la ciudad están en los circuitos comerciales. Y el desplazamiento se da en línea con la desventaja económica y social. Entonces es una máquina de producción de desigualdad. Hay una inversión millonaria, pero no se estudian los resultados. Nos debemos esta discusión.

— Por último, ¿cómo salimos de este “berenjenal”?
— Una de las claves fundamentales tiene que ver con tratar de romper con un tipo de debate político que construye sobre el problema del delito una constante búsqueda de la ventaja electoral. Cuando gobierna un partido político se produce una ola de inseguridad y la oposición los critican y le atribuyen toda la responsabilidad. Luego pasa a la inversa. Es indispensable que nuestros representantes empiecen a construir un tipo de actitud diferente respecto de este problema, que lo separe de la competencia electoral y política.