Juan Chiummiento
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El acuerdo alcanzado con los bonistas privados y la aparición de una luz al final del túnel (léase, la vacuna para el coronavirus) generó un cambio de expectativas en el gobierno nacional, que intenta mostrar un escenario donde la recuperación está a la vuelta de la esquina, tras una larga recesión que ya acumula más de dos años. Para el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en ese camino jugará un rol clave la denominada economía popular, a la que se inyectarán 20.000 millones de pesos para crear 300 mil puestos de trabajo.

“Soy un convencido del rebote de abajo hacia arriba”, aseguró el funcionario, quien dialogó con medios santafesinos -entre ellos, Mirador Provincial- desde su despacho en Buenos Aires.

Pese al traspié que significó la compra de alimentos a precios exorbitantes, Arroyo exhibe una trayectoria que lo muestra como probo para el cargo que ocupa. Licenciado en Ciencia Política de la UBA y con un posgrado en la encumbrada Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), realizó toda su carrera política dentro del peronismo. Su currículum también incluye diversas asesorías para organismos multilaterales y participación en entidades intermedias -como la ONG Poder Ciudadano, que presidió hasta 2013-.

“Argentina tiene mucha gente que está agarrada con alfileres”, aseveró el ministro, quien no titubea para defender la política de planes sociales como una medida necesaria hasta alcanzar el desarrollo pleno. “Los títulos fáciles, las miradas despectivas sobre el esfuerzo que hace cotidianamente mucha gente en Argentina no tiene sentido”, disparó.

Arroyo ganó trascendencia al inicio de la gestión porque se puso al hombro uno de los principales planes del presidente Alberto Fernández: la lucha contra el hambre. Según sus datos, hasta el 31 de julio se habían ejecutado 70.000 millones de pesos en ayuda alimentaria, cuando durante todo el 2019 habían sido 28.000 millones. Explicó que ello “ayudó mucho a atender la situación social”, pero reconoció que con el tiempo se detectaron “problemas de calidad nutricional, porque la gente dejó de comprar leches, carnes, frutas y verduras, y ahora compra más fideos, harinas y arroz”.

Encaminado el programa Alimentar, ahora Desarrollo Social se enfoca en sus principales ejes de gestión: potenciar el trabajo, sostener un ingreso de base y urbanizar barrios populares. De los tres, el ministro destaca el primero, donde se invertirán 20.000 millones de pesos para crear 300 mil empleos. Esa enorme masa de dinero se canalizará a través de microcréditos no bancarios, para que albañiles, carpinteros, costureras y demás sectores autónomos se capitalicen a través de la adquisición de maquinarias y herramientas.

“Argentina tiene gran parte de su población en situación de pobreza que quiere trabajar. Mi tarea es reconstruir el trabajo desde abajo”, dijo, para luego explicar que “si bien hay un punto clave en la inversión, esa es una parte, porque el país se reconstruye además de abajo hacia arriba”.

Las capas de la pobreza
Como hombre de la academia (es docente en diversas universidades nacionales e internacionales), Arroyo eligió sostener sus argumentos en base a un marco teórico donde distingue tres realidades de los sectores postergados frente al mercado laboral. “Por un lado, tenemos una parte que rápidamente consigue trabajo en la medida que la actividad crezca. Luego, una segunda que tiene problemas de capacitación, por lo que más allá de que la economía vuele necesita un acompañamiento. Y después una tercera, que no terminó la secundaria y que incluso tiene problemas de salud, con adicciones”, explicó.

Como complemento, el ministro de Desarrollo Social agrega que hoy, además de la pandemia y la baja general de la actividad económica, un grave problema en los barrios populares es el sobreendeudamiento, que se soluciona a través de financieras o prestamistas que cobran tasas del 200% anual. Frente a ello, el organismo prepara un sistema de microcréditos con una tasa del 3% anual.

“La clave va a ser el desarrollo local, por eso estamos coordinando con las provincias, los municipios y muchas organizaciones de la sociedad civil, que son quienes conocen el territorio, para volcar esos 20.000 millones de pesos”, indicó Arroyo. Parte de ese trabajo se concretó recientemente en Santa Fe, cuando la semana pasada la Casa Gris -con presencia virtual del ministro nacional- presentó el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), un programa que opera como paso previo al giro de fondos para la compra de bienes de capital.

Pueden inscribirse al programa todas aquellas personas que realicen actividades en el marco de la economía popular como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeñas agricultoras y agricultores; trabajadoras socio comunitarias y de la construcción; quienes trabajen en infraestructura social y mejoramiento ambiental y pequeños productores y productoras manufactureras, entre otros rubros.

Para inscripción, ingresar a: www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep