Mirador Provincial
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El senador por el departamento Rosario, Miguel Cappiello, expresó su preocupación por el uso indebido de productos fitosanitarios en áreas restringidas de la comuna de Uranga, una pequeña población ubicada a 45 kilómetros al suroeste de la gran ciudad portuaria.
Lo hizo por medio de una carta dirigida al presidente comunal de dicha localidad, Alex Sabbatini, que refiere al amparo presentado por un vecino contra fumigaciones con agroquímicos en zonas protegidas de esa localidad.
El recurso judicial advierte que la fumigación ocurrió en un inmueble rural, ubicado entre el acceso a la comuna, la calle San Martín y la calle Rioja, lindera con el ejido urbano y la casa del vecino que sostiene que fue damnificado.
“Según el ciudadano denunciante, hoy en la localidad de Uranga se aplican productos fitosanitarios en zonas restringidas”, expresó Cappiello en el escrito y citó la ordenanza vigente (06/2006) que prohibe agrotóxicos en 500 metros en torno de todas las “zonas protegidas designadas como planta urbana”.
Además, aclaró que el artículo de la ordenanza antes mencionada, especifica la posible aplicación terrestre de los productos en cuestión, según los condicionamientos establecidos en la Ley Provincial de Productos Fitosanitarios numero 11273.
Advirtió que en Uranga, según la denuncia, “se están realizando aplicaciones que no están alineadas a la legislación comunal vigente y van en contra de la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
Un comunicado de la oficina de prensa del senador recuerda que, como ministro, Cappiello firmó resoluciones que prohiben sembrar en banquinas, y que otorgan a municipios y comunas el deber de establecer sus líneas agronómicas, además de incluir la intervención de los ingenieros agrónomos, quienes son responsables de elaborar las recetas de los productos a aplicar y en las condiciones que debe hacerse.
El legislador reclamó la utilización responsable de los productos fitosanitarios ya que “su uso indebido presenta un importante impacto sobre la salud humana y el ambiente de acuerdo con su grado de toxicidad y formulación”, y solicitó la pronta intervención de la comuna a fin de dar respuestas a los ciudadanos y cumplir con las ordenanzas y resoluciones vigentes que prohibe el uso de agroquímicos en zonas protegidas.

Normativa
El artículo 33 de la Ley 11.273 dice: “Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros”.
En tanto, el 34, expresa: “Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación”.

En Uranga, según la denuncia, “se están realizando aplicaciones que no están alineadas a la legislación comunal vigente y van en contra de la protección de la salud humana y el medio ambiente”.

Denunciante
Hugo Alberto Scarzi, abogado y vecino de Uranga -con el patrocinio legal de su par José Blois- reclama que un productor de la zona, desde 2015, fumiga en terrenos que se encuentran comprendidos dentro de la ordenanza que prohibe la aplicación de fitosanitarios, incumpliendo con la norma 06/2006 y sus condicionamientos establecidos por la ley 11273.


¿Sólo un caso?
Por Luis Rodrigo
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En la Cámara de Senadores, sin posibilidades de tratamiento a la vista (salvo que la Casa Gris lo habilite para el actual período de sesiones extraordinarias) se encuentra un proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y que regula el uso de productos fitosanitarios.
La norma que aprobó la Cámara baja, en octubre de 2015, no fue ignorada por los senadores sino muy debatida. “Fitosanitarios” dice la norma, y “agroquímicos” expresan otros. Pero no pocos senadores usan la expresión “agrotóxicos” para referirse a los compuestos que sirven para mejorar el rendimiento de los cultivos.
En el Senado -contra todos los pronósticos- no hubo acuerdo y por esa razón el tema no se trató hasta la finalización del período ordinario de sesiones, el 30 de noviembre.
La media sanción está identificada con el número de expediente 31.888 CD y si bien figura como su autor el ex diputado José María Tessa, en rigor tiene fuertes modificaciones. Fueron hechas al unírsele otra iniciativa, de la diputada del oficialismo Inés Bertero, y cambian aspectos neurálgicos del proyecto original.
En definitiva, el despacho tiene el apoyo de las entidades productivas -y de especialistas en la materia- pero despierta unas fuertes críticas sobre sus eventuales efectos ambientales.
Se objeta en especial la reducción de las barreras espaciales para proteger a las poblaciones rurales expuestas a sufrir las fumigaciones aéreas (como parece ha ocurrido en la localidad de Uranga).
El proyecto original de Tessa marcaba una distancia bastante más amplia que la media sanción de Diputados y que está aún en manos del Senado: la franja de seguridad bajó de 800 metros a apenas 200.
Las observaciones del senador Miguel Ángel Capiello no se producen en un contexto cualquiera: por estos días otros senadores del oficialismo intentan que el Ejecutivo sume la cuestión al temario del verano.