Barrabrava detenido

El abogado de "Pillín" dice que el fiscal busca acorralar a los jueces

Andrés Bracamonte sería imputado el jueves por "lavado de activos". Su defensor se quejó por la exposición mediática del caso y apuntó contra el Ministerio Público de la Acusación.
24-06-2020 | 13:35 |

Durante los allanamientos realizados este lunes, la policía secuestró numerosos vehículos, varios de ellos de alta gama.
Foto:Marcelo Manera.
Mirador Provincial
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Télam


Un fiscal acusará el próximo jueves al jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte (49), por presunto lavado de activos a través de cuatro empresas que integra como socio; mientras su abogado defensor apuntó contra el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por "armar una cobertura mediática para condicionar a los jueces".

Bracamonte, líder de la barrabrava de Rosario Central desde hace dos décadas, fue detenido este lunes en un procedimiento ordenado por el fiscal Miguel Moreno que incluyó unos 14 allanamientos en domicilios de Rosario y los alrededores.

Según fuentes judiciales, la Fiscalía investiga a Bracamonte por presunto lavado de activos a través de cuatro sociedades que integra el barra: Vanefra Servicios SRL; Ser-Eco SRL; Ruffino SAS y Kabrasi SRL.

Los investigadores determinaron que en tres de ellas, Bracamonte integra una sociedad con otras personas, y en la restante comparte las acciones con el representante de jugadores de fútbol Juan Carlos Silvetti.

Durante un allanamiento a la sede social de Rosario Central, el fiscal Moreno secuestró facturas que una de esas sociedades le extendió al club por prestación de servicios, indicaron fuentes de la pesquisa.

Como resultado de los allanamientos, la Agencia de Investigación Criminal secuestró varios teléfonos celulares, computadoras, dos taxis, un cuatriciclo, cuatro motos, cuatro autos considerados de alta gama, dos camionetas 4x4, una moto acuática, un arma de fuego, dinero en efectivo y 200 chips de telefonía, detalló la fuerza de seguridad.

Bracamonte fue detenido en una vivienda ubicada en el Club de Campo Los Álamos, un barrio cerrado ubicado en el Gran Rosario, donde el 8 de abril pasado la Policía había secuestrado 2,5 millones de pesos en efectivo en un allanamiento en el marco de otra causa.

Aquel procedimiento se originó en la aparición del contacto del barrabrava en el teléfono de uno de los implicados en el crimen del policía Cristian Ibarra, asesinado de varios disparos dentro de su auto en julio del año pasado.

Por ese hecho fue condenado como autor a 14 años de prisión -mediante un juicio abreviado- Ariel Maximiliano "Chanchón" Cantero, un hijo del primer jefe de la narcobanda rosarina "Los Monos", con quien el policía asesinado mantenía una disputa por puestos de venta de droga al menudeo, según la causa.

Ahora el fiscal Moreno volvió a allanar el domicilio de "Pillín" Bracamonte en un barrio cerrado y los de las sociedades en las que participa -junto a otros socios- en una investigación en la que lo acusará, probablemente durante una audiencia el próximo jueves, por presunto lavado de activos, dijeron a Télam voceros del caso.

"Acorralar a los jueces"
Para el abogado del barra, el ex defensor de los cabecillas de "Los Monos", Carlos Varela, con los operativos de este lunes el fiscal Moreno buscó "armar una cobertura mediática para condicionar y acorralar a los jueces".

"Por un lado realizan los allanamientos, secuestro de documentación y mandan la información para la cobertura mediática de tanta envergadura", dijo en declaraciones a radio "La Ocho" de Rosario, para agregar que "por otro lado, cuando tienen que mostrar las evidencias que pueden justificar esa conducta de parte del Estado, no lo hacen".

En rigor, el fiscal debe exponer la evidencia contra el acusado en la audiencia imputativa, por ahora prevista para el jueves.

Consultado sobre si "Pillín" es el jefe de la barra "Canalla", el abogado dijo que "eso es entrar en los clichés que determinan la ilegitimidad social de la que se pretende aprovechar el MPA".

Para Varela, "es fácil reconocerle los derechos" a personas que gozan de una buena imagen pública pero "lo difícil es reconocerles las garantías individuales a personas que carecen de legitimidad social", como presume que es el caso de su cliente.



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