MIRADOR ENTRE RÍOS
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La nota presentada a Bahl, y que firman López y Pautaso, hace eje en “dos aspectos de alto impacto social e institucional”, según afirman.

El primer tema consiste en “reservarse los derechos de reclamar a las asociaciones y/o personas que estuvieron en el lugar el monto indemnizatorio demandado por la empresa contratista por los días en que permanecieron paralizados los trabajos”; y el otro, solicitar, a través de oficios judiciales, a la Defensoría del Pueblo que brinde información de las personas que asistieron a las dos reuniones de la mesa de diálogo que se realizaron, a instancias de esa institución y con acuerdo de las partes, entre fines de marzo y primeros días de abril, de las que el Municipio fue partícipe activo”.

Respecto de este último punto, las defensoras consideraron “que con dicho pedido se atenta contra la institucionalidad y legitimidad de la Defensoría del Pueblo, órgano estatal no gubernamental que tiene como misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses individuales, colectivos y difusos de los habitantes de la ciudad de Paraná”, mencionaron en la nota elevada al intendente.

Y sobre el derecho a manifestarse de la ciudadanía, el escrito puntualiza uno de los párrafos que “el derecho a la protesta social pacífica forma parte esencial del buen funcionamiento del sistema democrático y es consecuencia del derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de resistencia y de autodeterminación de los pueblos”.


VULNERACIÓN DE DERECHOS


López y Pautaso manifestaron que “el Municipio debe revisar su accionar en cuanto a la ampliación de la denuncia presentada y lo solicitado por la Defensoría, ya que implica una vulneración del derecho a la protesta y se contradice con la predisposición al diálogo desplegada en las instancias de encuentro de las que voluntariamente aceptó ser parte” el Ejecutivo municipal.

Después de otras consideraciones, el escrito concluye afirmando que “el derecho a la protesta social está claro y ampliamente amparado por nuestro ordenamiento legislativo y desde el Derecho Constitucional han sido numerosas las voces que se alzaron por el reconocimiento del mismo, por lo que cuestionar este derecho en el ámbito penal significa ni más ni menos que criminalizar el derecho a la protesta”.