Nasini aseguró lo siguiente en un comunicado de prensa publicado por la BCR: “El decreto 427/2021, que otorga la concesión del sistema de señalización y tareas de dragado de la vía navegable troncal a la Administración General de Puertos, genera preocupación porque no da certidumbre ni lineamientos de largo plazo que aseguren la continuidad de la vía de navegación más importante que tiene el país. Es imperioso garantizar la continuidad del servicio a corto plazo, especialmente dadas las circunstancias extraordinarias de la bajante histórica del Paraná.

Para ello es indispensable que las obras sigan en manos de empresas especializadas en la materia, seleccionadas bajo un riguroso y transparente proceso de licitación. El Estado no tiene ni la experiencia ni la capacidad técnica para realizar estas tareas, pero sí ejercer sus funciones indelegables de control.

Otro aspecto a tener en cuenta es el costo del peaje. Argentina está lejos de los principales mercados del mundo, con lo cual, todas las ineficiencias que impacten en los costos logísticos repercute negativamente en la competitividad de la producción nacional. Por ello, es fundamental que los fondos aportados por las cargas continúen siendo percibidos directamente por quien lleve adelante las obras para evitar demoras en la liquidación y asegurar la ejecución de los trabajos en tiempo y forma.

A estas preocupaciones hay que sumarle que por los próximos dos años, como mínimo, aunque se asegure la continuidad de las obras como hasta ahora, no se van a realizar mejoras que son necesarias para optimizar la navegación en la vía y permitan que esté acorde a los estándares de la navegación moderna. Por ello es necesario que la licitación de largo plazo se realice lo más pronto posible incluyendo desde el inicio las obras que son necesarias para mejorar la competitividad del país”.